La corrupción de la monarquía española es cada vez más visible

Un grupo de colectivos sociales y políticos (cuya relación inicial se dará a conocer según se vaya completando) han redactado una comunicado con el objetivo de recabar firmas y apoyos, tanto de colectivos como personales, de cara a iniciar una campaña de recorrido amplio, en el tiempo y en el espacio, para sanear democráticamente nuestro país, exigiendo responsabilidades a la propia monarquía, cuyo destino debe ponerse en manos de la propia ciudadanía a través de mecanismos democráticos vinculantes.

Te animamos a mostrar tu apoyo explícito al texto, a que lo difundas, y participes en las movilizaciones que en este contexto se pudieran convocar, desde los balcones de nuestras casas o en la calle cuando las circunstancias lo permitan.

Comunicado:
Era de dominio público que la monarquía borbónica, restaurada en 1975 por decisión de Franco, amasa desde entonces una enorme fortuna en base a comisiones y chanchullos ilegales, amparados en la impunidad de la figura del monarca.
Costó que saliera a la luz el caso Noos que llevó a la cárcel al cuñado del actual rey, Iñaki Urdangarín, cuyos negocios ilegales los hacía en nombre del que entonces era rey, Juan Carlos I.

Y ahora aflora otro episodio de corrupción de comisiones ilegales ligado a la siniestra monarquía saudí, con la que Juan Carlos I tiene estrechos vínculos personales y económicos, que Felipe VI ha mantenido.

Hasta ahora todas las actuaciones del rey han estado amparadas en el artículo 56 de la Constitución Española que dice textualmente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero sería discutible si esa inviolabilidad ampara sólo sus actuaciones políticas derivadas de su cargo, o también sus actos presuntamente delictivos de responsabilidad civil o penal. ¿Todos iguales ante la ley?

En un estado de derecho es obligado investigar las denuncias por actuaciones ilícitas, con independencia de quien las haya cometido. Exigimos por ello a la Fiscalía y Tribunales de Justicia que lleguen hasta el fondo en su investigación de los negocios del Ex Rey Juan Carlos I, y al Congreso de los Diputados que rectifique la decisión de la Mesa de no crear una comisión de investigación.

Nos encontramos de nuevo ante una anomalía democrática que trata de proteger a una institución que fue impuesta en la transición. El cálculo que se estima de la fortuna acumulada por la monarquía española en absoluto se corresponde con la asignación anual de los presupuestos del Estado; sólo se explica por los abundantes casos de corrupción que han salpicado estos años a testaferros y personas cercanas a la institución.

El comunicado hecho público por la Zarzuela el pasado 14 de marzo no hace sino confirmar las sospechas de corrupción que están en el origen de la fortuna acumulada por la Casa Real. Por más que el comunicado pretenda lo contrario, el actual rey Felipe VI está implicado plenamente en las actividades ilícitas de su familia

La democracia, para ser plena, exige también que la forma de Estado sea decidida por el pueblo. La Monarquía, por tanto, debe dejar paso a un nuevo régimen, que deberá ser decidido por medio de un referéndum vinculante.

Hacemos un llamamiento a la población a movilizarse para conseguir estos objetivos democráticos. Este es el momento.

Fuera monarquía corrupta.
Referéndum vinculante ya.