La crisis presidencial en España: ¿por quién doblan las campanas?

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo pública una carta en la que aseguraba que necesitaba unos días de reflexión para decidir si continuaba en el cargo. Fue el miércoles pasado, el mismo día en que se había admitido a trámite una querella contra su esposa, Begoña Gómez, interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

En la misiva, el presidente español decía ser un hombre enamorado y no saber si le merecía o no la pena seguir en su labor política, en medio de la situación.

Desde el inicio, a muchos nos llamó la atención el hecho de que esa querella, interpuesta además por ese viejo conocido de la extrema derecha, pudiese ser motivo de semejante reacción por parte del presidente del Gobierno.

Desde los medios reaccionarios, esta carta suponía un reconocimiento de los hechos posiblemente delictivos presentados. Desde otros medios, más afines al Gobierno, se señalaban otras cuestiones: se empezó a hablar de salud mental o de ser empáticos con el presidente, que estaba expuesto a mucha presión. En su partido activaron rápidamente la solidaridad con su líder, y se promovieron marchas de apoyo a Pedro Sánchez, en torno a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Madrid.

El actual Gobierno de España, señalado habitualmente por haber desarrollado múltiples alianzas que siempre parecen estar en crisis, aparecía más unido que nunca y el lema de su reivindicación quedó claro: Pedro Sánchez es la democracia; no apoyarle es ir contra la democracia. Un todo o nada, sin matices, que es difícilmente asumible si conocemos la historia reciente de España, del Partido Socialista Obrero Español, e incluso la trayectoria política del propio Sánchez.

Algunos, muy aventurados, hablaron de 'lawfare' (judicialización de la política) contra el presidente. Sin embargo, no es probable que el caso de Sánchez pueda ser comparable a otros golpes judiciales, como del que fue víctima Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, o en el propio Estado español, con expedientes como el de Mónica Oltra. Insisto en la idea de que ni siquiera parece que la querella presentada contra la esposa del presidente vaya a tener mucho recorrido.

También se habló de acoso mediático. Lo cierto es que si bien, desde determinados medios con una línea política ultraderechista clara, se produce un constante acoso hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, no podríamos comparar esta situación con la que viven otros presidentes como, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia.

El mandatario colombiano es víctima de un asedio constante que se está produciendo en estos momentos, de forma simultánea y sin llamamientos a ningún tipo de empatía, al menos en este lado del charco. No hay más que ver cómo reaccionó la mayor parte del entramado mediático ante la carta de Sánchez para comprobar que, en efecto, el margen de afinidad hacia su figura no solo se mantiene alto, sino que, además, las principales empresas de comunicación tienen una actitud abiertamente favorable al Gobierno o, al menos, respetuosa.

Otro de los puntos en debate ha sido la crispación y la violencia política. ¿Cómo podemos, desde el Estado español, hablar de violencia política contra el actual gobierno, cuando esta y otras administraciones han apoyado de forma pública la represión contra militantes políticos, la persecución contra artistas por no estar de acuerdo con la letra de sus canciones o la ilegalización de partidos, entre muchas otras prácticas? Dentro del Estado español, pero sobre todo fuera. Recordemos cómo distintos políticos españoles, de varios partidos, acogieron y ensalzaron a figuras como Leopoldo López, responsable de la muerte de cuarenta personas con su operación La Salida, perpetrada contra el chavismo en Venezuela.

Cuestión de definiciones

¿A qué le estamos llamando violencia política? Y, sobre todo, ¿a qué no le llamamos violencia política? Los distintos gobiernos de España han exportado crispación, han llenado sus discursos de odio, y ahora, algunos, dicen no comprender por qué esta es la tónica más habitual y extendida. Quizás esta debería ser la primera autocrítica, si no fuera porque sus propios intereses geopolíticos –o partidistas, en el plano interno- les impiden dejar de ser unos hipócritas.

Sin embargo, es cierto que en el Estado español actual existen cloacas. Un entramado reaccionario favorecido por los acuerdos de la transición política tras la muerte del dictador Franco, que fuerzan a necesitar nuevos equilibrios de poder cada cierto tiempo. Este desequilibrio, por ejemplo, está en la base del conflicto en relación a la incapacidad para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Con la muerte del dictador, el régimen estaba agotado, los grandes capitales acumulados al albor de la propia corrupción de la dictadura necesitaban exportarse y EE.UU., aliado de Franco desde 1953, buscaba garantizar con la transición política la entrada de España en la OTAN.

La ley de Amnistía sirve en ese contexto para evitar a largo plazo cuestionar lo sucedido durante la dictadura, garantizando la impunidad de las fuerzas reaccionarias, pero también evitando que se cuestione el origen ilícito y vinculado con la dictadura del actual poder económico del Estado, e incluso los pactos que se habían firmado con EE.UU. y que mermaban, y aún merman, la soberanía nacional.

Este nuevo régimen necesitó de otro relato, construido con la colaboración necesaria del PSOE, que se había mantenido al margen de la lucha antifranquista y, posteriormente, del Partido Comunista de España, que vendió su primogenitura como referente del combate contra la dictadura, a cambio de una legalización previa a la Constitución del 78, donde tuvieron que ceder sus principales reivindicaciones políticas históricas.

En ese sentido, deberíamos exigir que si lo que preocupa es la existencia de cloacas reaccionarias y con poder dentro del Estado, de nuevo la autocrítica debería ir en la dirección al rol que cada cual ha tenido en el mantenimiento de esta estructura. Limpiarlas obliga a cuestionar el actual régimen en España y es precisamente por esto que no lo van a hacer.

Finalmente, este lunes, Pedro Sánchez reaparecía. En una declaración desde Moncloa, sin preguntas ni periodistas, nos comunicaba que había decidido mantenerse en el cargo, pero que era necesaria una reflexión sobre los insultos, los bulos y la desinformación. Tampoco especificó más al respecto ni en esa intervención ni en entrevistas posteriores.

Como en el cuento de "Pedro y el Lobo", parece que de nuevo la supuesta gran amenaza que nos debía forzar a todos a apoyar sin fisuras al presidente era mentira. Sin embargo, parece que sí que viene el lobo.

En un país con problemas históricos en relación a la libertad de expresión y en un contexto europeo con medios extranjeros censurados [rusos y árabes], solo por ser de determinados países, su ambigüedad e insistencia contra los medios no convencionales crea recelos y temor. Pedro Sánchez sabe perfectamente que el fango fascista en el Estado español no lo soluciona una ley de 'bulos'. En ese sentido: ¿qué pretende entonces el presidente? ¿Por quién doblan las campanas?

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