La discriminación social y racial le cuesta a la economía española 17.000 millones de euros al año

El costo de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en España asciende a 17.000 millones de euros al año. Es el resultado de las brechas salariales, el impacto del desempleo, la desigualdad en el acceso educativo y el abandono escolar, todo ello aderezado con los efectos de la distinción por género.Tales son las conclusiones de un estudio publicado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Bajo el título de Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España, el informe revela que la discriminación que sufren decenas de miles de personas en los ámbitos laboral y educativo puede estar costando 1,3 puntos porcentuales al PIB nacional, "una merma significativa en términos de remuneración salarial no percibida por la población extranjera discriminada", escriben los autores.

El impacto económico en materia laboral asciende a 12.300 millones de euros (el 1% del PIB) y a 4.800 millones (el 0,36%) en la esfera educativa.

La discriminación laboral se caracteriza por un mayor nivel de desempleo y menor remuneración salarial, con especial incidencia en las mujeres. La discriminación educativa se distingue por una menor tasa de escolarización, peores resultados y más abandono escolar debido al origen.

La discriminación laboral

El desempleo entre personas extranjeras alcanza el 18,2% de la población en edad de trabajar, en comparación con el 11,6% de la población autóctona. Esto ya cuesta la pérdida de aproximadamente 5.100 millones de euros. Aunque, a priori, la tasa de actividad entre los españoles es inferior (56%) a la de los extranjeros (71%), los autores del informe matizan este dato y reducen la diferencia a solo un punto porcentual luego de desagregar los datos. Además, las mujeres extranjeras tienen un 2,3% menos de probabilidad de hallar un empleo.

"Se trata de población que está en edad laboral en mayor proporción que la población autóctona y que llega al país por motivos económicos. Eso motiva que su disponibilidad sea más alta", explica a Sputnik Daniel Albarracín, profesor del departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla (US), que ve en la "mayor necesidad" y en las "menores redes de protección social y patrimonio" la razón de una mayor tasa de actividad.

"A excepción del muy pequeño colectivo de profesionales cosmopolitas procedentes de países del primer mundo, la discriminación es estructural", asegura este economista, que recuerda que si bien la mayor parte de los inmigrantes encuentran trabajo, lo hacen "con mayor dificultad, peores condiciones de empleo y salariales, menor continuidad y, normalmente, en ocupaciones de peor reconocimiento profesional".

La "sobrecualificación" (desempeñarse en un puesto de trabajo de exigencia inferior a su formación) alcanza al 15% de los trabajadores migrantes con estudios superiores y al 11% con estudios secundarios. La brecha salarial también es notoria, desde los 500 euros mensuales. "Las diferencias salariales brutas entre población extranjera y autóctona alcanzan el 23%, que aumenta hasta el 25% en el caso de las mujeres extranjeras comparadas con las autóctonas", constata el informe.

La discriminación educativa

La tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos y supone que 222.000 jóvenes "no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones". Esto implica posteriormente una menor capacidad de desarrollo personal y una menor contribución a la economía del país. El costo de tal discriminación asciende a 3.398 millones de euros.

"Una vez incorporados al sistema educativo, los estudiantes extranjeros enfrentan mayores tasas de repetición, peor rendimiento académico y una mayor exposición al acoso escolar, factores que incrementan el riesgo de abandono y afectan a sus oportunidades futuras", afirman los autores.

Otra consecuencia de la discriminación educativa son las menores probabilidades de acceder a estudios universitarios. "Una mayor presencia relativa de estudiantes extranjeros en los niveles educativos más bajos y menor en estudios superiores indica la existencia de discriminación educativa, la cual asciende a algo más de 4 800 millones de euros (0,36% del PIB)", consigna el estudio.

Nueva regularización de inmigrantes

El informe sobre el impacto económico de la discriminación económica y educativa entre la población autóctona y la extranjera residente en España habría servido al Gobierno de sustento empírico para abordar cambios en la Ley de extranjería, supuestamente en aras de mejorar la integración social y laboral de los migrantes. Siempre que no sean saharauis o del Sahel...

El estudio se presentó el 18 de noviembre. Apenas 24 horas después se aprobó un nuevo reglamento de la citada ley para regularizar a unos pírricos 300.000 inmigrantes al año hasta 2027.

A juicio de Albarracín, la aceptación parcial de los colectivos migrantes parece ser también "una barrera temporal de entrada que contribuye a su discriminación", que se justifica precisamente "en el periodo de su estabilización". "Las soluciones de regularización condicionada, que no vienen acompañadas de políticas de inclusión e inspección laboral en todo el proceso de inserción sociolaboral, representan también una vía de discriminación", añade.

Discriminación y racismo

¿Qué propicia el lastre del racismo para la economía? No se puede poner el foco en colectivos que solo persiguen el derecho humano de tener una vida digna, sino en "las políticas económicas europeas que acentúan la división internacional del trabajo, y en las empresas y segmentos sociales que emplean a estos colectivos".

"Porque, debido a su vulnerabilidad, estos colectivos se ven conminados a aceptar peores condiciones económicas", explica Albarracín.

La cuestión es conceptual y más amplia. La "relativa" libertad de movimientos que disfrutan las personas con nacionalidad europea contrasta con la definición de Europa como "fortaleza". El problema es amplio y parte de la desigualdad que crea la economía occidental en los países de origen, motivada por "las políticas de los países del norte global, y el extractivismo y dependencia que causan las corporaciones globales allí", subraya.

Permisos de residencia para ricos

La regularización de inmigrantes en aras de reducir la discriminación laboral y educativa de la población extranjera contrasta con la política de concesión de permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios en virtud de la Ley 14/2013 de apoyo a los "emprendedores".

Popularmente conocida como "golden visa", la ley busca favorecer al capital extranjero, y a tal fin otorga permiso de residencia a los compradores de inmuebles de más de 500.000 euros o a inversores en deuda pública por encima de los dos millones.

En 10 años de vigencia de la ley se concedieron 250.000 permisos de residencia a directivos, inversores y compradores de inmuebles, según la estadística del OPI (y al menos en Madrid, la mayoría son venezolanos de derecha). Un poco menos de la mitad de estos permisos corresponden a los familiares de sus titulares.

Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), el número de personas con autorización de residencia en régimen de extranjería alcanzó los 3.092.590 a fecha de 7 de noviembre de 2024, a las que hay que sumar 3.723.446 con certificado de registro.

Pero casi nunca se menciona el número de personas extranjeras sin papeles. Si lo hicieran la cifra de 300.000 regularizaciones al año quedaría ridícula.

Sputnik / La haine