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La inseguridad del Secretario de Estado de Seguridad
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha declarado acerca de la última razzia desarrollada en el Pais Vasco que "no se trata de la detención de abogados del entorno de la banda, sino de presuntos integrantes de ETA que defendían en los tribunales a presuntos integrantes de la banda terrorista". Tanta presunción abruma. Presunto, significa ser tan sólo sospechoso, aunque las sospechas suelen hacerse “la verdad que interesa” con sospechosa celeridad.
Cauteloso el señor Camacho. Quizás se deba a la resolución del caso Egunkaria, o a las declaraciones de su socio el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo que, citando a la Judicatura española, dijo que en tiempos franquistas “fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años” y recordó que jueces y fiscales, que hoy ocupan altos cargos, formaron parte del Tribunal de Orden Público que ahora se llama Audiencia Nacional. Huelgan comentarios.
Y ya que son ellos quienes hablan de torturas y jueces en activo que sabían de su existencia en tiempos pasados, (y que Amnistía Internacional sigue denunciando en tiempos presentes), el señor Camacho debería explicar por qué no respondió, y cortó bruscamente, la entrevista que le realizaba una televisión australiana en el momento en que le preguntaron si en España se torturaba a los miembros de ETA cuando eran detenidos.
Dice el secretario de Estado de Seguridad, que el Gobierno “respalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier función desarrollada por éstas”. ¿En cualquier función?
