La insolvencia intelectual y la claudicación ideológica como esencias de la gobernanza

La insolvencia intelectual, combinada seguramente con una falta de ética y de perspectiva ideológica medianamente progresista, condiciona la línea de actuación del actual Gobierno y, por supuesto también, de su leal oposición. Es un mal congénito al Régimen del 78 que con el paso del tiempo no hace más que agudizarse. En el siguiente texto vamos a repasar a través de algunos elementos cómo esa incapacidad intelectual se está expresando actualmente.

A vueltas con la pandemia

Empecemos por la gestión de la pandemia Covid-19. Desde su inicio en enero de 2020 había indicios más que suficientes para concluir que esta llegaría al Estado español con intensidad. Cuando el norte de Italia se vio afectado dramáticamente ya no podía albergarse duda. Sin embargo, nuestr@s gobernantes insistían en aquellos meses en la idea de que aquí no ocurría ni iba a suceder nada significativo. En la reunión del Centro Nacional de Inteligencia del 4 de marzo se despreció absolutamente la expectativa de que la pandemia se convirtiera en un problema real para nuestra sociedad, priorizándose cuestiones tan exóticas como la guerra cibernética. Seguramente estarían pensando en la invasión del Ejército ruso, teniendo en cuenta que la mayoría de los que conforman ese organismo continúan considerando a Rusia como la Unión Soviética. Un ejemplo de esta paranoia es la resolución de la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción de Barcelona de la hipótesis de que 10.000 soldados rusos podían invadir Cataluña.

Esa incapacidad para comprender lo que estaba ocurriendo condujo a actitudes tan irresponsables como la de facilitar el viaje a Milán de miles de aficionados valencianos, o la llegada a Madrid de otros tantos aficionados británicos del Liverpool. Esa era la época en que el Sr. Simón y todo el equipo ministerial nos contaban que las mascarillas no servían para nada, que el control de temperatura en puertos, aeropuertos, estaciones… era inútil, que la realización de PCR solo llevaría a confusión, etc. Y de pronto, la pandemia se expresó en toda su intensidad, obviamente porque el virus había estado circulando sin ningún tipo de impedimento. A partir de ahí cambiaron las tornas y lo que hasta ese momento les parecía un problema despreciable se convirtió en un problema que requería del uso del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Seguramente eran conscientes de que el Sistema Sanitario Público estaba francamente disminuido en sus capacidades y que, por otra parte, la línea represiva, que es la que pueden garantizar las Fuerzas Armadas en sus diferentes variantes, iba a ser imprescindible para el control social. En ningún momento se solicitó la opinión de los expertos para que, más allá de la constatación empírica del impacto de la primera ola, se conceptualizase acerca de cómo iba a discurrir la pandemia en su globalidad; y entre otras cosas, si era previsible que hubiera segundas y terceras olas de esta. Enseguida encontraron la “piedra filosofal” para solucionar los efectos de la pandemia, en una profundización del uso de la irracionalidad como método de análisis: la vacuna. Según las primeras previsiones que se hicieron sobre la vacuna, esta ya tendría que estar distribuyéndose entre la población, cuando era y es evidente que una vacuna con ciertas garantías no podría ser usada hasta finales de la primavera o principios del verano 2021, y aun en ese caso, de forma prudente y selectiva. La vacuna como herramienta de control de la Covid, si es que algún día hay alguna vacuna que pueda garantizar tal cosa, no estará disponible por lo menos hasta dentro de un año y medio o dos.

Una vez constatada que toda la teorización que se hizo inicialmente era incorrecta, nuestra gobernanza entró en pánico y se pasaron a tomar medidas como el confinamiento total, eso sí, exigiendo que los trabajadores/as de la mayoría de los sectores industriales siguieran acudiendo a sus puestos laborales, muchos de ellos en un transporte público saturado; el caso del Metro de Madrid se ha mostrado como un auténtico marco privilegiado para la transmisión de la pandemia.

La siguiente etapa fue la llamada “Nueva normalidad”: cuando la primera oleada pandémica fue decayendo hasta casi desaparecer, más por la propia evolución natural de esta que por las medidas de aislamiento y cuarentena que aquí se tomaron, el Gobierno de Pedro Sánchez entró en euforia sin base racional alguna y sin tener en cuenta que, con toda probabilidad, como el mundo de la Ciencia informaba, habría en unos pocos meses una segunda ola. El proceso que llamaron “desescalada” fue totalmente irresponsable, siendo su objetivo principal salvar la temporada turística; al final no consiguieron ni una cosa ni la otra, pero sí sentaron las bases para que la segunda ola tuviera un carácter más precoz en el Estado español que en cualquier otro país europeo, con unas tasas elevadísimas de morbilidad.

En las últimas semanas hemos visto un nuevo giro, no justificado con argumentos racionales sino mediante la pura propaganda, por el cual se avanza en la declaración de un Estado de Alarma que durará nada menos que hasta el mes de mayo de 2021. Es curioso cómo esa propuesta aparece justamente después del debate de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, debate en el cual el mejor parado fue, tal como recogen los medios de comunicación, en esta ocasión acertadamente, Pablo Casado. Tenemos la impresión que en la declaración de este Estado de Alarma no ha influido sustancialmente un planteamiento epidemiológico, porque no va acompañado de medidas concretas en ese terreno (que se dejan en manos de las Comunidades Autónomas), sino de un postureo político que tape las graves deficiencias en la gestión del actual Gobierno. Sin embargo, las consecuencias de tal medida, el Estado de Alarma prolongado durante seis meses, van a ser de una extrema gravedad para la economía del Estado español y sus diversos pueblos. Eso no creemos que se le escape al Gobierno Central, por torpes que sean.

El truco imposible de los Presupuestos Generales

Un indicador de la absoluta disociación con la realidad que mantiene el Gobierno actual se expresa en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales para el 2021. Según los organismos internacionales, el PIB de 2020 se retraerá alrededor de un 13%. El propio Gobierno español ha reconocido estas conclusiones, pero sin embargo nos anuncia que en el año 2021 habrá un rebote de entre un 7,2 y un 9%, incluyendo las ayudas europeas; ¡cómo nos recuerda aquello de los “brotes verdes” del Gobierno de Zapatero!

Hacienda espera una recaudación de 222.107 millones en 2021, un 13% mayor que en 2020 y un 4,3% más que en 2019, siendo la mayor de la historia. Consideran que esa subida vendrá por la reactivación económica y del consumo, y una pequeña parte por las reformas de los tributos, alrededor de 6.000 millones de euros. ¿Cómo es posible esperar que una economía que está en caída libre en el año 2020 -y sin garantías de un cambio significativo en 2021- incremente su recaudación a través de los tributos habituales? Vamos a hacer un pequeño repaso concreto de cómo se plantean estos. La recaudación por el IRPF, según sus previsiones, sería de 94.196 millones, con un 7,8% de aumento con respecto al año 2020; y el impuesto de Sociedades, de nuevo según las previsiones del Gobierno, sería en 2021 de 21.720, con un incremento del 20,7% respecto al 2020 y una disminución del 8,48% con respecto a 2019. En lo referente al IVA, calculan un total de 72.220 millones, lo cual supone una subida del 13,9% con respecto al 2020 y un 0,95% con respecto al 2019.

La mayor parte de los organismos que examinan la evolución económica a nivel internacional consideran que, en el Estado español, en el mejor de los casos, se recuperarían cifras similares a las de 2019 solo a partir del año 2022. Es decir, hay un desajuste de muchos miles de millones de euros entre las cifras que aparecen en los PGE y la realidad. ¿Alguien se cree que el IRPF o el IVA pueden incrementarse significativamente en relación con el año 2019? Es evidente que no. Estamos ante un nuevo episodio de las cuentas del Gran Capital; la desgracia es que en este caso la pagaremos el conjunto de las clases trabajadoras de la sociedad. Del Presidente y los Vicepresidentes del Gobierno o de la Ministra de Hacienda nos lo creemos todo, sin embargo nos sorprende que Nacho Álvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales, que siempre nos ha parecido una persona sensata y razonable, dé por bueno un documento que no hay absolutamente por dónde cogerlo.

La hostelería y la uberización de todos los sectores de la economía

La Plataforma “Juntos por la Hostelería” calculaba en julio que con las medidas aplicadas podrían desaparecer 65.000 establecimientos, hasta los 85.000 si las medidas se endurecían; y eso antes de la segunda ola de la epidemia. El 19,6% de los negocios hosteleros no abrieron una vez finalizado el estado de Alarma el 21 de junio, y un 27,3% abrieron, pero tuvieron que volver a cerrar. El sector de la hostelería consideraba que la afluencia a sus establecimientos había descendido al menos un 75%, habiendo disminuido el número de trabajadores en 300.000, con unos 557.000 afectados por ERTES. Sus cálculos en cuánto a las pérdidas de puestos de trabajo directos e indirectos, oscilaban entre 900.000 y 1.100.000, alcanzando la caída de la facturación en su conjunto más de un 50%, lo que implica una pérdida de al menos 67.000 millones de euros. El sector de la hostelería en el Estado español, para bien o para mal, tiene un gran impacto económico: con más de 315.000 establecimientos y 1.700.000 trabajadores, emplea al 8,7% de la población laboral en España.

El Gobierno actual no ignora que las medidas que están tomando van a tener un impacto absolutamente brutal en el sector de la hostelería, y desgraciadamente muy poco en el control de la pandemia. ¿Entonces qué es lo que realmente buscan? Tal como ocurrió en la década de los 80 durante los gobiernos de Felipe González con la liquidación o venta a bajo precio de la estructura industrial, ganadera y agrícola del Estado español como peaje a pagar a Francia y Alemania por la integración en la UE, mucho nos tememos que estamos ante una gran maniobra para liquidar el sector de la hostelería española y que esta, en un proceso de un par de años, pase a ser comprada a precio de saldo y controlada por los grandes grupos internacionales de la hostelería. Ya hay varios movimientos claros en esa dirección. Blackstone a través de la española Hostel Investment Partners está invirtiendo para controlar una buena parte del sector de la hostelería. Desde HIP se controlan ya 62 hoteles en España con 18.000 habitaciones; esas cifras suponen que sea el tercer mayor propietario de hoteles en Europa, por detrás de la francesa Covivio (45.000 camas) y la sueca Pandox (32.000 camas). Existen 715.000 habitaciones en España y, al menos 2/3 partes necesitan inversiones para su reforma. Esa capacidad financiera solo está en manos de los grandes grupos internacionales: yanquis, alemanes, franceses… La alternativa sería que el Estado elaborara planes en colaboración con el sector para tal cosa, pero en absoluto parece que estén en ese camino.

El sector hostelero se verá especialmente afectado en Madrid y Cataluña. Es un sector que en el Estado español está muy atomizado, pues son muchas pequeñas y medianas empresas las que gestionan la mayoría del sector, lo cual no es un elemento negativo, sino todo lo contrario; pero obviamente eso las hace más vulnerables ante las pretensiones de los grandes tiburones especuladores internacionales; estos están cerrando acuerdos de compra de hoteles con descuentos de hasta el 40%. Ese proceso llevará a la disminución de plantillas y a su aún mayor precarización. El Gobierno español actual nos está conduciendo de una forma rápida a la uberización de la hostelería, del pequeño comercio y otros servicios. El modelo ya no es el neoliberalismo de los años 80, ya anticuado; ahora el modelo que el Gobierno sigue a pie juntillas es el de la uberización global, exigencia de la fracción del capitalismo partidaria de la profundización de la globalización, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Procesos constituyentes y el ejemplo chileno

Solo hay un camino para romper con esta dinámica y construir un futuro democrático y digno para nuestros pueblos, tal cuál es el empoderamiento popular que nos permita impulsar con todas las consecuencias un proceso constituyente que deje atrás al Régimen postfranquista de la constitución del 78 y avance hacia la República popular. En el referéndum del pasado domingo 25 de octubre Chile decidió acabar con la constitución pinochetista, poniendo en marcha un proceso constituyente democrático. Esa misma línea de trabajo es absolutamente imprescindible en el Estado español: igual que allí se va a romper con la constitución pinochetista, aquí tenemos que hacerlo con la tardofranquista. En Chile llevan más de un año de lucha, de movilización popular, con un programa y unos objetivos claros; el proceso tuvo un alto coste en sacrificios y esfuerzos, pero se ha conseguido avanzar con firmeza. En el Estado español tampoco nos van a regalar nada: las ayudas que se puedan aportar desde las instituciones serán siempre bien recibidas, pero tenemos que tener claro que el eje vertebral de la construcción de un proceso constituyente ha de pasar por una correlación de fuerzas favorable en las calles y en el movimiento popular.

Izquierda Castellana, 30 de octubre de 2020