ePub
pdf
La invasión de los molinos
La invasión de los molinos: “Encima vienen las eléctricas diciendo que esto lo hacen por el bien del planeta”
“Solar y eólica, sí, pero no así”. El lema se repite. En Aragón se podrían cuadriplicar los megavatios actuales con la proliferación descontrolada de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas. Varias organizaciones transmiten su preocupación por lo que consideran una “ofensiva que arrasa valles enteros”. La connivencia entre eléctricas y Administración está en boca de todos.
Las organizaciones alertan del peligro de convertir el paisaje en un “mar de placas y aerogeneradores” | Foto: molinos de viento - Pixabay
Al final va a tener razón aquel ingenioso hidalgo de La Mancha: son gigantes, y no molinos. Son empresas energéticas de colosal poder y largos tentáculos –con suma facilidad para abrir las puertas abiertas en las altas instancias–, las que están dispuestas a convertir “el paisaje de nuestros pueblos en un mar de placas y aerogeneradores”, como lo califican desde la Plataforma en Defensa de la Estepa de la Huerva. Y dicen algo más, para que no haya dudas: “Solar y eólica sí, pero no así”.
La estrategia siempre es la misma, sostienen en la Plataforma: “La mayoría de estos grandes proyectos son financiados por fondos de inversión internacionales (fondos buitre), que prometen a los propietarios de los terrenos grandes cantidades de dinero a cambio de contratos a largo plazo”. En sus palabras, “un sabroso caramelo” que enmascara el verdadero objetivo: arrasar territorios para generar una energía que va a ser vendida a terceros países, que no llegarán a sufrir las consecuencias de este tipo de producción energética”.
Además del impacto visual, ambiental y social, explican, “estos proyectos carecen de valor añadido para el desarrollo del territorio, dado que apenas generan puestos de trabajo que logren asentar población en la zona”.
La superficie de Muel es de 7.890 hectáreas y se proyectan instalaciones que ocuparían 3.365
Un buen ejemplo es el proyecto ‘Planta Fotovoltaica Muel’, de 199,97 MWP y ubicado entre Muel y Zaragoza, que promueve la empresa Enel Green Power España, S. L. U. (el Grupo Enel posee el 70,10 % de Endesa). Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para ser sometido a Información Pública, tuvo lugar el 24 de marzo de 2021.
Este medio ha tenido acceso a varios de los escritos de alegaciones contra el proyecto antedicho, enviados al Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza. Entre ellos, el de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar). En el mismo se da un dato contundente: “En un radio de unos 7 kilómetros, entre el término municipal de Muel -Campo de Carinyena- y colindantes, se está proyectando la construcción de, al menos, 14 plantas solares fotovoltaicas”. En conjunto, concretan, la superficie afectada es de 3.365 hectáreas”. Basta decir que, en total, el término municipal de Muel ocupa 7.890 hectáreas (con datos de la Diputación Provincial de Zaragoza), para darse cuenta de lo mastodóntico de la operación.
Especialmente afectadas por estas instalaciones están las aves. En este sentido, en las alegaciones de Ansar explican que, la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, “que es el marco legal actual en el que se sustenta la ordenación territorial de la transición energética a las renovables, recomienda explícitamente que debe evitarse ubicar plantas fotovoltaicas en las áreas de distribución conocida de las especies esteparias catalogadas” (y esta es una de ellas). Por lo tanto, subrayan, la autorización de este proyecto “estaría incumpliendo las propias recomendaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica”.
Además, el área donde se proyecta también está dentro de la IBA (Important Bird Area) “Llanuras y Muelas de Valdejalón – Muel”, designada por el sisón común, la ganga ortega, la ganga ibérica y la alondra ricotí. El inventario de IBA, informan, “identifica la red mínima de espacios que deben preservarse para asegurar la conservación de las aves en Europa y en el mundo”.
Y así quedaría Muel con las placas. Foto: Vanesa Royo
Por si todo esto no fuera suficiente, señalan que “buena parte del área concreta de implementación (36 % de la zona norte y 97 % de la sur) se encuentra dentro del ámbito geográfico de la propuesta formal de ZEPA (Zonas de Especial protección para las Aves) para aves esteparias, que hizo a mediados de 2020 la Sección de Biodiversidad del Servicio Provincial de Zaragoza al Servicio de Espacios Naturales y Red Natura 2000 de la Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón”.
Mencionan también en el texto que está en tramitación por el Gobierno de Aragón, desde el 26 de febrero de 2018, un Plan de Recuperación para las Especies de Avifauna Esteparia, “cuyo ámbito de aplicación afecta casi por completo a la zona en la que se pretende instalar el parque”. Sobre este y otros planes preguntó el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento aragonés, Álvaro Sanz. En la contestación escrita, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, apuntó que, “como paso previo a dicha aprobación, se está abordando la finalización de la modificación del catálogo de especies amenazadas de Aragón, ya que esta norma es la que va a definir las nuevas categorías de amenaza para las especies indicadas. Se espera que pueda ser aprobada durante 2021”.
El problema es que dicha modificación también va a ritmo muy lento. De hecho, en diciembre de 2016 el Consejo de Protección de la Naturaleza (CPN) de Aragón realizó un dictamen al respecto, a instancias del Gobierno de Aragón. Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguraron a este medio que “ahora mismo se está trabajando en la última versión para ser sometida a información pública, que esperamos pueda sustanciarse en los próximos meses”.
Aparte del mal que puedan sufrir las aves, en otro texto de alegaciones, esta vez de la Asociación Ciudadana de Muel SERMO, se repasa la afectación al patrimonio arqueológico. En resumen, exponen que en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se incorporan 40 bienes arqueológicos inventariados, pero que no se contemplan otros 75, entre ellos, algunos “yacimientos tan significativos como el Collado de la Abeja o La Cantera”.
Aragón podría cuadriplicar los megavatios actuales
A febrero de 2021, como ya informó AraInfo, había en funcionamiento en Aragón (con datos oficiales del Gobierno) 145 parques eólicos (116 en las comarcas centrales, 11 en las comarcas del norte, y 18 en las comarcas del sur), que suponen una potencia de 3.992 megavatios. Y 3.324 plantas solares fotovoltaicas (1.026 en las comarcas centrales, 424 en las comarcas del norte y 1.874 en las comarcas del sur) con una potencia de 1.832 megavatios.
En tramitación había 170 parques eólicos (63 en las comarcas centrales, 9 en las comarcas del norte, y 98 en las comarcas del sur), cuya potencia sería de 5.716 megavatios; y 600 plantas solares fotovoltaicas (185 en las comarcas centrales, 77 en las comarcas del norte y 338 en las comarcas del sur), que sumarían 12.527 megavatios.
Es decir, entre unas instalaciones y otras, hay en funcionamiento 5.824 megavatios, y 18.243 en tramitación. Si todos los proyectos fueran autorizados, la potencia se multiplicaría por más de cuatro. Aseveraron, en su momento, desde el Gobierno de Aragón que, en 2020, se tramitaron 2.000 megavatios, “tantos como en los últimos 30 años”.
La autorización (o no) de las instalaciones en estudio no depende siempre del Ejecutivo aragonés. Al Estado le competen aquellas de más de 50 megavatios o cuyo aprovechamiento afecte a más de un territorio. No es fútil el dato de los 50 megavatios, puesto que trocear los proyectos es estrategia habitual en pos de someterse al juicio de una Administración, teóricamente, más asequible. Y, por lo que afirman las propias empresas, parece que la aragonesa lo es: “El apoyo del Gobierno de Aragón es muy importante, increíble, y por eso se ha llevado el gato al agua al reducir los trámites ambientales a la mitad”, dijo textualmente el vicepresidente ejecutivo de Forestalia en una entrevista en Heraldo en 2018.
Imagen: Uge Fuertes.
Tres proyectos, dos empresas, un único socio: “Un proyecto artificiosamente troceado para esquivar una evaluación de impacto ambiental ordinaria”
En Muel -Campo de Carinyena- y también en el norte. Ese mapa de placas y aerogeneradores amenaza con ocupar todo el territorio aragonés. En el caso oscense, desde la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo, denuncia que, por la zona de Chaca y Samianigo, se pretenden ocupar 900 hectáreas (1.260 campos de fútbol) de terrenos de uso agroganadero con plantas fotovoltaicas.
Y el proceso de estudio es, cuando menos, sospechoso. En un escrito enviado por la Asociación de Vecinos de Espuéndolas -Chaca- al Inaga, se ponen sobre la mesa algunos detalles oscuros. Apuntan que, con fecha de 14 de abril de 2021, se formularon alegaciones en el procedimiento de evaluación ambiental simplificada del proyecto de parque fotovoltaico Celeste 1 (de 10 MW/12,5 MWP) y del parque fotovoltaico Celeste 2 (de 10MW/12,5 MWP), promovido por La Andana Sostenible S. L. en el término municipal Samianigo -Comarca de Alto Galligo-.
En dicho texto, recuerdan, se solicitaba que los proyectos fueran sometidos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, puesto que “no eran sino una parte de un proyecto mayor (nada menos que 600 hectáreas) que habría sido artificiosamente troceado para esquivar una evaluación de impacto ambiental ordinaria que permitiera valorar los efectos acumulativos y las sinergias negativas del macroproyecto que se extiende por los términos municipales de Sabiñánigo y Jaca”.
Y parece que no les faltaba razón, ya que, con posterioridad a la presentación de la citadas alegaciones, se publicó en el BOA de 21/04/2021 anuncio del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Uesca, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa del Parque fotovoltaico "Pinieto" de 2,5 MW / 3,129 MWP en el término municipal de Samianigo -Alto Galligo-. Este, impulsado por Yequera Solar 2, S. L., sería colindante a los otros dos.
Aunque parezcan empresas distintas, ambas dependen de un único socio: Atalaya Generación Eólica S.L. Como se puede comprobar en sendas inscripciones del Boletín Oficial del Registro Mercantil. De hecho, todas, las subsidiarias y la matriz comparten domicilio.
“Si el Inaga no los deniega, iremos al juzgado, lo tenemos clarísimo los vecinos”, avisan desde la Plataforma. Se refieren, por añadidura, al absurdo de la proliferación descontrolada de estas instalaciones: “Los momentos pico de consumo en España son de 40.000 MW, estamos generando ya 2,8 veces más electricidad. No tiene ningún sentido”. Exponen que el plan de descarbonización que emana de Europa pide fomentar “los incentivos al ahorro de energía, el autoconsumo, las cooperativas de consumo y, finalmente, las grandes instalaciones si son necesarias. Pero en España sólo se apuestas por los macroparques, por lo grandes especuladores”.
En el caso de esta zona se da una circunstancia más: el Ayuntamiento Samianigo aprobó, el pasado 8 de marzo de 2021, una moratoria a la implantación de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en el municipio. Ocho días más tarde (el 16 de marzo), fue el Consistorio de Chaca el que acordó la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias urbanísticas y licencias ambientales de actividad clasificada exigibles para la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
Fotomontaje. Vista de los términos de Cantavieja y Mirambel tal como quedarán con la implantación de las centrales eólicas.
“¿Por qué no hay un solo molino por pueblo? Porque no hacen negocio los que llevan toda la vida haciéndolo”
Faltaba el sur. Precisamente Forestalia es quien está detrás de la instalación de 22 macroparques eólicos en el Maestrazgo, cuyo proceso de tramitación se está viendo rodeado de polémica. Como ya se apuntó en AraInfo, por un lado, la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón observa “máximo riesgo natural” en el macroproyecto. Sin embargo, el consejero Olona avanzó que el informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) -en elaboración- “no plantea ningún aspecto crítico en relación con estos parques eólicos que impida su desarrollo”. Por si quedaba alguna duda, dejó claro que “el informe del Inaga -bajo su dirección política- será el único determinante”.
José Luis Lagares es naturalista, ornitólogo y anidador y vive en Montoro de Mezquita -Comarca del Maestrazgo-. Destaca que, debido a la baja densidad de población, toda la zona tiene una inmensa riqueza desde el punto de vista de la diversidad biológica. Lo que quieren hacer, espeta, es “industrializar el paisaje”. En su opinión, están viviendo “una ofensiva tremenda, arrasando en valles enteros que se dedican al viñedo”.
Y, ¿para qué?, se pregunta, “¿para que nos den unos euros y hagan una pista de pádel que esté cerrada durante 10 meses al año y dos abierta para que los veraneantes peguen cuatro pelotazos? Aquí somos muy pocos, y los que nos hemos quedado es porque creemos que en este territorio merece la pena vivir, con el turismo rural, con los productos agroalimentarios...”.
Enfadado, Lagares revela que “te ponen entre la espada y la pared: o coges esto que llevará dinero al pueblo, o nada, y, además, te vamos a castigar. Hay miles de sitios para colocar estas plantas, ¿por qué venir a un santuario geológico?”.
El ornitólogo se plantea otro interrogante: “¿Por qué no hay un solo molino por pueblo para que sea autosuficiente? No interesa, pero no porque sea inviable técnicamente, sino porque no hacen negocio los que llevan toda la vida haciéndolo. Encima vienen los de las eléctricas diciendo que esto lo hacen por el bien del planeta, anda que no habrás hecho tú cuentas antes”.
“Se tendrá en cuenta la generación de empleo y la reinversión de los beneficios en la zona”
En el Consejo de Ministros en el que se acordó flexibilizar el uso de la mascarilla y bajar el IVA de la luz del 21 % al 10 %, también se aprobaron medidas respecto a esta invasión de los molinos. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, resaltó la implantación de “nuevos mecanismos de control, solvencia y cobertura en la instalación de renovables para atenuar la creciente preocupación en algunos territorios ante su despliegue". Los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica, señalan desde el Gobierno estatal, “podrán ponderar a partir de ahora elementos como la generación de empleo o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento. Asimismo, se regula la generación eléctrica en el mar territorial para dotar de mayor seguridad jurídica al sector”.
