La ley Wert profundiza los recortes en la escuela pública

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como ley Wert, enfila su último trámite para entrar en vigor tras pasar su votación parlamentaria del jueves 10 con el único apoyo de los diputados del PP. Ahora la norma será remitida al Senado en los próximos días, regresará al Par­lamento a mitad de noviembre y previsiblemente será publicada en el BOE antes de fin de año. La LOMCE profundizará las medidas aprobadas por la mayor parte de las comunidades autónomas desde 2011.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no oculta su cinismo al enviar un mensaje de “máximo apoyo y agradecimiento” al profesorado y aseguró que las reformas les ayudarán a mejorar “sustancialmente” su tarea. No obstante, desde el profesorado advierten que se recortarán aún más las plantillas de docentes, que ya se han visto mermadas en unos 61.700 efectivos desde que empezaron los recortes, según estimaciones de CC OO. Sólo en este curso, cerca de 20.000 han dejado de impartir clase en una escuela pública que ha incrementado en más de 70.000 su alumnado. Al introducir el aumento de la jornada lectiva y aumentar los ratios de alumnos por aula en la reforma, se deteriorarán aún más las condiciones de trabajo del profesorado.

Además, se incrementará el poder de los equipos directivos de los centros, al darles (como ya está pasando en algunas autonomías) la potestad de seleccionar a una parte de los claustros. Pasan a ser una especie de directores de recursos humanos: podrán contratar o vetar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por un interino, o vetar alguno de los candidatos si lo justifican. El claustro de profesores deja de ser el responsable primordial de la elección del director y cobra mucho más peso la Administración. También el Consejo Escolar pierde peso a la hora de decidir y pasa a ser meramente consultivo. Ya no puede aprobar, ni decidir –han sido eliminadas específicamente estas atribuciones en la ley– y debe limitarse a “evaluar” e informar.

Los críticos con la reforma señalan que esto fomentará el clientelismo, además de quebrantar los principios de seguridad jurídica y de igualdad, mérito y capacidad. “El profesorado comienza a ser tratado como mera mercancía sobre la que se ejercerá represión si no sigue las pautas marcadas, debido a que muchos docentes serán colocados a dedo, rompiéndose el principio de igualdad”, explican desde Soy Pública.

La reforma implica mayor precariedad para el profesorado interino, con cambios en los modelos de contratación en los que primará la oposición frente a la experiencia, y supondrán un alto grado de rotación, con lo que eso implica de angustia en dicho profesorado.

Una de las principales novedades de la LOMCE, que supone de facto una externalización, es que el profesorado dejará de ser quien decida sobre la titulación o no del alumnado, que pasará a depender de reválidas externas corregidas por personal ajeno a la enseñanza pública. Las reválidas se implantarán en tercero de primaria y al final de los ciclos de primaria, secundaria y bachillerato.

Más concertada, menos pública

Los conciertos con las escuelas privadas ven incrementada su duración y pasan de cuatro a seis años en primaria, con carácter general. Además, la LOMCE prevé que existan conciertos en otras etapas postobligatorias (bachillerato), que hasta ahora no estaban contempladas. Estos nuevos conciertos durarán cuatro años, y además se permitirá que un concierto con un mismo titular pueda servir para varios centros.

La nueva normativa incluye un polémico artículo que blinda los conciertos con centros educativos que segregan por sexo. Varias sentencias judiciales habían dado la razón a las comunidades autónomas que retiraron sus conciertos a este tipo de centros, como Can­tabria o Andalucía. Para asegurarse de que no hay más reveses judiciales, en el apartado 3 del artículo 84 de la nueva ley dice que: “No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (...) por la Unesco (...). En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Admi­nistraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.
Acceso a la universidad y FP

Una de las grandes novedades de la ley es la supresión de la selectividad como existe actualmente. La prueba de acceso será determinada por las universidades. Tendrán que tener en cuenta su nota de bachillerato (un 60% como mínimo) así como las calificaciones obtenidas en las materias relacionadas con la carrera solicitada. Pero la principal novedad es que los propios centros pueden establecer procedimientos de selección y evaluaciones específicas, algo que fomentará la competencia por “captar” alumnos. Cabe recordar que la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Educación para realizar propuestas de cara a la reforma del sistema universitario español, propone que el nuevo modelo de financiación pública de los servicios universitarios “debería poder formularse periódicamente de acuerdo con los resultados obtenidos por cada universidad”. El endurecimiento de los requisitos para conseguir becas, unido a las subidas de tasas consecutivas durante tres cursos, ha colocado al Estado español como el tercer Estado europeo con los grados y postgrados más caros

La LOMCE crea una nueva Forma­ción Profesional Básica para alumnos de 15 a 17 años que no terminen el segundo ciclo de la ESO. Será gratuita y formará parte de la enseñanza obligatoria. La reforma “estrella” es la nueva FP Dual, que sobre el papel permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. No obstante, numerosos colectivos y sindicatos coinciden en señalar que en la práctica sólo servirá para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo, ya que la mayoría de las PYMES no tienen capacidad para destinar personal a la formación.