Las jornaleras marroquíes de Huelva y la presunción de injusticia

 Al igual que la presunción de inocencia (principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla) es un derecho fundamental, podríamos pensar -habida cuenta de lo que está pasando con nuestras compañeras las jornaleras de Huelva en particular y con nosotras las mujeres abusadas, agredidas, violadas y asesinadas en general- que no es nada disparatado hablar de una presunción de injusticia en los tribunales de la idem hasta que se demuestre lo contrario.

Podemos y debemos hablar de presunción de injusticia porque son ya demasiados los casos y demasiadas las cosas que están pasando en las salas de lo penal de nuestro país como para pensar que se está impartiendo justicia o llevando a término sentencias justas: culpabilizar a la víctima, poner en entredicho su testimonio, dudar de su credibilidad por ser mujer (o directamente no escucharla, como ha sucedido en el caso de las jornaleras marroquíes) y, finalmente, no llamar a los hechos por su nombre son parte de lo que a más de unx se nos antoja ya como un manual harto sospechoso.

Rece-lemos, hermanas.

Una y otra vez, caso tras caso, sentencia tras sentencia, archivo tras archivo, telediario tras telediario somos testigos de cómo se hace basura televisiva con nuestro dolor, cómo se ningunea nuestra palabra, cómo se invisibiliza y reformula la violencia o incluso cómo se aprovecha la coyuntura para elaborar discursos punitivistas desde los sillones más rancios del Congreso. Canjear votos con el feminismo (como ya nos demostró Ken Sánchez en su visión patética por formar un gobierno feminista a base de poner vaginas en sus carteras ministeriales) o utilizarlo para publicitar la represión y la mano dura está más cerca de construir un patriarcado estilo Margaret Thatcher que de una lucha real por acabar con las opresiones que siguen atravesando a las mujeres. El endurecimiento de los castigos con el supuesto propósito de poner fin a las violencias ejercidas contra nosotras no sirve, y si no ¿por qué desde la entrada en vigor de la prisión permanente revisable el 31 de marzo de 2015 han seguido produciéndose violaciones y feminicidios?

Cuando falla y nos falla la justicia, nos queda la organización de la calle y de los espacios de lucha y apoyo mutuo para exigirla y es lo que está sucediendo por todo el territorio español con las protestas y movilizaciones en más de una veintena de ciudades tras conocerse el archivo del CFDI de las jornaleras marroquíes de Huelva. Colectivos y activistas feministas antirracistas nos organizamos y movilizamos ayer 19 de diciembre; casi coincidiendo con el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera hace dieciocho años en el calendario como Día Internacional del Migrante. Y nos movilizamos para denunciar el archivo de la causa que pone en evidencia la complicidad del Poder Judicial al legitimar violencias que responden a la lógica machista, racista y clasista instalada en las instituciones, la lógica de la alianza entre el patriarcado y el capital que, además, en el caso de las mujeres migrantes, añade la tiranía colonial fuertemente arraigada también en estas salas de pretendida justicia. Y nos movilizamos para poner sobre la mesa la impunidad de la que goza el empresario Antonio Mato, propietario de la finca y parece ser que también de los genitales de las trabajadoras a las que manoseaba en lo que él seguramente consideraba un ejercicio de libertad. Y no se equivocaba. Así se lo ha confirmado el juzgado de primera instancia e instrucción 3 de la Palma del Condado en Huelva, pues libre de toda acusación queda este señor que, sin duda alguna debe tener las amistades y la genitalidad correcta que le permiten ejercer semejante despliegue de poder; Antonio Mato es otro de los intocables mientras las temporeras marroquíes nos dejan claro que son muy tocables.

El documento de un par de folios y a otra cosa que despacha las denuncias interpuestas por las compañeras marroquíes a este señorito andaluz argumenta en un alarde de originalidad blanca colonialista que todo esto es una «maniobra» (¡maniobra!) de las trabajadoras para quedarse en nuestro país. Coincide esto con los últimos éxitos de urna de las taquilleras películas del tipo «Nos van a invadir» con pre-estreno en Andalucía, que están recaudando de todo menos solidaridad y humanidad. Bajo el paraguas de la que dicen es una de las constituciones democráticas más avanzadas del mundo occidental, los novedosísimos partidos e ideologías alimentan y jalean el resurgir cual ave fénix de nostalgias racistas y xenófobas en lo que a algunxs nos parece más un sketch de palurda reconquista. Una vez más se aviva la llama del miedo y la amenaza como arma política.

 La explotación laboral en el trabajo de la agricultura española es un secreto a voces que lleva años siendo denunciada y sistemáticamente silenciada. En el caso de las mujeres que trabajan en el campo, la opresión es doble: por trabajadoras y por mujeres; los atropellos no son sólo laborales sino que también entran en la ecuación los abusos y las agresiones sexuales.

En la temporada de la fresa en Huelva, en concreto, se ofertan contratos de miseria que sólo son aceptados por mujeres migrantes, pobres, en su mayoría casadas y obligadas a dejar a sus hijxs en su país de origen como una baza para que no intenten quedarse en España. De esta forma, se evita de paso que muchas de las denuncias que algunas puedan presentar por incumplimiento de contrato no salgan adelante, dado que una vez finalizada la campaña y al no poder permanecer en territorio español, la investigación judicial no continúa.

Así gana la partida siempre quien tiene de mano las mejores cartas. ¿Partimos, pues, a la luz de estos hechos, de una situación justa? ¿Qué marco legal de qué Estado de Derecho permite estos contratos laborales que no sólo no tienen en cuenta las situaciones de indefensión y precariedad sino que se aprovechan de ellas? ¿Podemos hablar de trabajo asalariado en un marco de avances en derechos laborales propio del siglo veintiuno cuando hay un desequilibrio de poder abismal y una de las partes se encuentra en una situación de extremo desamparo y vulnerabilidad? ¿No deberíamos hablar de esclavitud encubierta? ¿Qué garantías constitucionales en la protección de los derechos fundamentales ofrece esta democracia?

 Cada vez nos queda más claro, juicio tras juicio, que lo que es parte del problema nunca podrá ser parte de la solución y así lo constatamos con estxs jueces y juezas: piezas perfectas e indispensables para el milimétrico funcionamiento del aparato machista y patriarcal que no merece el nombre de justicia. Ningún tribunal, ningún partido, ningún gobernante, ningunas políticas penitenciarias ni ningún cuerpo especializado en represión son garantía para la conservación de nuestra dignidad ni nuestra vida. La respuesta para erradicar tanta violencia institucional reside en nuestra capacidad para organizarnos, defendernos y apoyarnos.

¡Contra la violencia machista, lucha feminista!

Fotografías: Coordinadora Anti Represión Región de Murcia