“La privatización de la sanidad tiene consecuencias que son terribles para la población”

El próximo sábado, día 19 de marzo, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) presentará en Madrid la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como las movilizaciones estatales convocadas para el sábado siguiente (26 de marzo) a ese respecto. Este es el motivo por el que, desde insurgente.org, nos hemos acercado a Ángeles Maestro para hacerle unas preguntas que, en nombre de la CAS, muy amablemente nos ha respondido.

—¿Nos puedes adelantar algo de la presentación del día 19? ¿Dónde y cómo se van a desarrollar las manifestaciones del 26 de marzo?

El acto tendrá lugar en la Librería Traficantes de Sueños el sábado 19 de marzo a las 19 h. Intervendremos, Natalia Flores, Miguel Gómez y yo misma, los tres compañeros de CAS.

Explicaremos por qué , ante el desmantelamiento galopante de la sanidad pública, consideramos necesario emplazar a la mayoría «progresista» que dice defenderla, a votar en el Congreso a favor de las medidas legales imprescindibles para garantizar un Sistema Nacional de Salud de calidad y que ponga fin al auténtico cáncer que lo degrada progresivamente, independientemente del color político del gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas: la obtención de beneficio privado, con dinero público, por parte de las empresas privadas y la colaboración de las administraciones públicas.

Hablaremos en detalle de los contenidos concretos de la ILP y también de la mecánica de la recogida firmas y animaremos a todas las personas a incorporarse a una tarea, que no es de CAS, sino de todas aquellas personas que ven cómo se hunde la sanidad pública, aparentemente sin solución. Las repercusiones de su desmantelamiento se miden en muertes evitables, en diagnósticos tardíos, en un consumo de fármacos injustificado y en un deterioro generalizado de la salud de la población.

Todo este engranaje, que sufrimos todas y todos, no se debe a impericia por parte de las administraciones, sino que, como denunciamos, revela la colaboración de los gobiernos, de todo color político, con el negocio de las empresas y de la industria farmacéutica

—La CAS lo ha explicado en numerosas ocasiones. No obstante, creemos que no estaría de más hacer esta pregunta: ¿Qué es la ILP?

La Iniciativa Legislativa Popular es el único mecanismo de particiación popular que la Constitución y una legislación – la más restrictiva de la UE – permite, para que la voz del pueblo llegue al Parlamento.

Las condiciones son draconianas para colectivos, que como CAS, carece de recursos que no sean el apoyo y el trabajo voluntario de las personas. Para que la ILP llegue al Parlamento, es preciso recoger, al menos, 500.00 firmas en seis meses. Eso supone un trabajo enorme para quienes no contamos con apoyo alguno de los grandes medios de comunicación – que como sabemos están en manos de los mismos poderes económicos interesados en la privatización – ni tampoco de los grandes partidos y sindicatos, que colaboran con la misma.

Hay que decir que, ni tenemos subvenciones institucionales, ni las queremos. Somos muy conscientes de cómo el sistema y sus poderes, corrompen y sobornan a organizaciones que dicen defender los intereses de la clase obrera y del pueblo, pero acaban alineándose con quienes las financian.

—La Sanidad Pública ha sufrido un deterioro alarmante de un tiempo ya largo a esta parte (desde mucho antes de que se desatara la pandemia de la Covid-19). Y esto ha sucedido tanto con el PP como con el PSOE y UP en el gobierno ¿Por qué se ha llegado a ese estado tan degradante?

El poder del capital privado y su enorme capacidad de corrupción de las élites políticas ha permitido que programas electorales «en defensa de la sanidad pública» acaben en papel mojado. Junto al PP, el PSOE y las derechas nacionalistas han apoyado los grandes mecanismos legales que permiten la privatización y la han llevado a cabo sistemáticamente, allí donde gobiernan. Además, por desgracia, partidos como Unidas Podemos, se han sometido, olvidando lo que decían defender.

Los grandes sindicatos, CCOO y UGT, o bien apoyan directamente leyes como la 15/97 – que permite la gestión privada de la sanidad pública – o bien colaboran directamente en la suscripción de pólizas de seguros privados por parte de sus afiliados, como hace UGT en el Ayuntamiento de Madrid.

La privatización tiene consecuencias que son terribles para la población. El tema central es que para que el negocio privado funcione, es preciso degradar al máximo la sanidad pública. Así las aseguradoras ofrecen unos servicios que, en la medida que responden prioritariamente a los objetivos de lucro empresarial, son objetivamente peores y más caros que los que podría ofrecer la sanidad pública.

Los datos son concluyentes. Los hospitales privados, que se han ido abriendo con nuestro dinero mientras se cerraban miles de camas públicas, son 7 veces más caros que los centros públicos. La reducción de recursos y de personal, a mayor gloria del negocio, determina que la asistencia sanitaria privada hospitalaria incremente la mortalidad un 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos y un 9,5 % en recién nacidos. También las infecciones hospitalarias son superiores en los centros privados, directamente relacionada con la privatización de los servicios de limpieza.

Por otro lado, ante la percepción por parte de la gran mayoría de la población de la degradación de la sanidad pública, algunos movimientos sociales han convertido las movilizaciones populares en instrumento electoral. Dicen luchar contra las privatizaciones de la «derecha», mientras callan ante la responsabilidad real y concreta de todos los gobiernos en el mecanismo fundamental: el traslado de fondos públicos a empresas privadas y la degradación de lo público como garantía del negocio privado.

—La CAS ha presentado ya tres ILP; las dos primeras fueron rechazadas por la Mesa del Congreso. ¿Es esto ejemplo claro de la escasa o nula voluntad, por parte de sistema (capitalista), de poner freno a la galopante privatización de la sanidad?

La Ley enormemente restrictiva que regula participación popular impide que se tramite ninguna ILP que afecte a los Presupuestos Generales del Estado. Es un absurdo, porque ninguna media que afecte a los servicios públicos pude obviar sus repercusiones en el aumento de recursos.

Así cuando en la ILP proponíamos plazos concretos para que, eliminando las empresas privadas de la gestión de la sanidad, se dotara de recursos suficientes a la sanidad pública, fueron rechazadas. También se rechazó el requerimiento de concretar en plazos anuales el incremento de la dotación financiera de la Atención Primaria, eslabón principal entre los determinantes sociales que condicionan la salud, y pieza clave para la ejecución multidisciplinaria de la Medicina Preventiva y la Promoción de la Salud. Lo mismo ocurrió cuando concretábamos medidas para la creación de un sistema público de fabricación y distribución de medicamentos.

En este último caso, la dependencia total de la sanidad de las grandes multinacionales farmacéuticas se ha puesto de manifiesto de forma flagrante con la pandemia Covid, cuando se han obviado tratamientos útiles, se han dejado de financiar investigaciones públicas, y se ha llevado a cabo la inoculación masiva con productos insuficiente probados y con efectos adversos graves.

—La CAS reconoce que se han tenido que rebajar las reivindicaciones para que la ILP haya sido finalmente admitida. ¿Cuánto se han rebajado? ¿Por qué debemos firmar por esta ILP?

CAS es perfectamente consciente de los enormes intereses privados que impiden una sanidad pública de calidad y de su capacidad de corrupción de las élites políticas. También sabemos que entre la población cunde el desánimo ante la reiteración de movilizaciones populares que no logran sus objetivos.

La finalidad de llevar a cabo esta ILP es doble. La primera y la más importante es fortalecer la conciencia y la organización popular. Sabemos que la única posibilidad de cambiar las cosas es conseguir un cambio en la correlación de fuerzas y acabar con los intereses que, mediante la censura mediática y la corrupción, permiten que la degradación de la sanidad pública avance. Ese es el objetivo fundamental: que el debate salga a la calle y conseguir que las gentes actúen en consecuencia.

La segunda es que, como consecuencia de la movilización popular, se pueda emplazar a la mayoría parlamentaria que se dice de izquierdas, a que se deje de declaraciones vacías, y vote, de forma concreta, a favor de la sanidad pública y en contra de la privatización.

—Hay quienes sostienen que la sanidad pública es la sanidad estatal para pobres, controlada por el gobierno burgués de turno. Otra cosa sería la sanidad socializada en un Estado socialista; nada que ver con el control de la sanidad por parte de los partidos burgueses y de quiénes de manera interesada les financia. ¿Es consciente de esto la CAS? ¿Está la coordinadora, como tal, a favor del socialismo? Y, finalmente, ¿por qué sus movilizaciones, como otras muchas, están tan desideologizadas siendo la ideología tan sumamente importante?

CAS está integrada por personas y organizaciones con diferentes planteamientos ideológicos y esa es su riqueza. Quienes formamos parte de ella, coincidimos en que la dictadura del capital es incompatible con nuestros objetivos, tanto en materia de salud, como en otros muchos campos, como la precariedad laboral, las pensiones, la educación, la vivienda, etc, que inciden directamente sobre la salud de las poblaciones.

Lo que también sabemos es que para conseguir derribar ese enorme poder no valen soluciones electorales que han demostrado que acaban arrodillándose ante él. En lo que coincidimos, y esa es la tarea que enfrentamos, es construir la fuerza de la clase obrera y del pueblo, capaz de derribarlo. Entendemos que esos objetivos compartidos, junto con la defensa irrenunciable de nuestra independencia con respecto al poder, son lo suficientemente sólidos e importantes como para afrontarlos juntos.

Si quiere firmar, puede hacerlo aquí: recuperatusanidad.org

insurgente.org