“No lo mató el calor, lo mató el patrón!”

La muerte del nicaragüense Eleazar Blandón el 1 de agosto de 2020 en Lorca (Murcia), después de sufrir un golpe de calor durante una jornada agotadora de trabajo, no es un hecho anecdótico que pueda darse por terminado con un juicio al presunto responsable de su explotación laboral y de su abandono tardío ante las puertas de un centro de salud.

Son ya demasiado numerosas las noticias recibidas y las imágenes vistas como para saber que estamos ante una sistemática explotación de las personas más vulnerables, por carecer de papeles migratorios o por las razones que sean; personas muy valiosas primero por el mero hecho de serlo y, además, por el trabajo que realizan. En el caso de Eleazar Blandón, recogiendo fruta. Personas que no sólo sufren un sistema de explotación laboral que clama al cielo sino también un silencio vergonzoso sobre su situación. Un silencio que nos negamos a mantener para no reconocernos a como cómplices y corresponsables de estas vergonzosas situaciones.

Los poderes públicos, centrales, autonómicos y locales son, por supuesto, los primeros responsables en corregir y enderezar esta situación. Pero también, toda la ciudadanía debemos levantar nuestra voz. La vida y la dignidad de toda persona importa, con independencia de su lugar de nacimiento y de su situación administrativa. Nadie, y menos aún las organizaciones interesadas en el bienestar de las personas, de todas las personas, podemos callar ante el maltrato que sufren tantas veces quienes han venido a este país a ganarse honradamente el pan, ni ante los brotes xenófobos que se están repitiendo en distintos puntos del territorio español. Personas que huyen, en la gran mayoría de condiciones económicas, políticas o de violencia, adversas de otros lugares, exactamente igual a lo que los emigrantes españoles han hecho a lo largo de décadas.

La muerte de Eleazar Blandón no debe ser inútil; al contrario, debe concienciarnos sobre las condiciones en que inmigrantes y temporeros se ven obligados a llevar a cabo su labor y a exigir que cuenten con condiciones de higiene, vivienda y salario dignas. También sobre la situación de otras personas que, como él, piden la regularización de su situación administrativa para poder acceder a estos sistemas de protección y contribuir al país de la mejor manera posible.

La COVID-19 nos interpela aún más para que estas personas cuenten con unas condiciones laborales que protejan su salud, protegiéndonos así a todas las demás personas de la amenaza de contagios.

Nos negamos a que se normalicen situaciones de este tipo, por razones elementales éticas y morales. No queremos consentir la impunidad de quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de otros seres humanos para enriquecerse. Pedimos a la clase política que muestre altura de miras dotando a las administraciones públicas de instrumentos que mejoren el trato al extranjero. Los prolongados plazos que deben afrontar simplemente para poder realizar una petición de refugio o asilo, o para conseguir un permiso de trabajo, nos avergüenzan.

Las organizaciones sociales debemos multiplicar la labor de denuncia. El Estado español es signatario del Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (PIDESC), lo que le compromete a no vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas aprobada por todos los países del mundo en 2015 también obligan a «no dejar a nadie atrás», por lo que cumplir con los derechos laborales de todas las trabajadoras y trabajadores es más obligado que nunca.

La Asociación Nicaragua Libre, formada por españoles/as y nicaragüenses residentes en España, además de solicitar el pronto esclarecimiento de la muerte de Eleazar Blandón y el justo castigo para sus responsables, nos sumamos a la petición hecha por numerosos colectivos en favor de una regularización extraordinaria de las personas inmigrantes que trabajan para el bienestar de la sociedad española.