Los datos del paro en Canarias ponen a la luz el injusto reparto de la riqueza existente
Con los datos que refleja la Encuesta de Población Activa, Canarias es cada día menos España para ratificarse política y geográficamente como una dependiente provincia de Ultramar en la que los sectores productivos, especialmente el turismo y comunicaciones, aunque generan pingues beneficios, no se traducen en beneficios para el conjunto de la población. Al contrario el superávit económico que genera las islas se traduce en mayor pobreza y desempleo.
No de otra forma se puede entender el hecho que le EPA del tercer trimestre, arroje en Canarias una subida del paro en 5400 personas (actualmente el total de desempleo alcanza al 33,36% de la población activa), mientras que en el mismo periodo, en el conjunto del Estado haya bajado, (sumando 23.67% de la población activa). Es decir, Canarias mantiene su caída en picado de indicadores sociales al superar en casi 10 puntos al Estado en el porcentaje de población desempleada.
Independientemente necesidad de una revisión para la actualización y modernización de sus sectores productivos, los datos del desempleo dejan nuevamente a la luz que en el Archipiélago se da una inferior justicia social y los peores niveles de reparto de riqueza, lo que se traduce en una excesiva concentración de beneficios en manos de los sectores financieros y empresariales para, en cambio, destinar poca o nula inversión de carácter social como la que tendría que ir destinada a la creación de empleo que, además, redundaría en menor pobreza entre la población.
De lo anteriormente afirmado, dan fe los cerca de 12.600 millones netos de beneficio que ha generado el turismo durante el año 2013, produciéndose un incremento de más del 12% en relación con el año anterior. Es tan preocupante la situación que, mientras los indicadores sociales continúan bajando y los servicios públicos se deterioran por falta de inversión, el territorio canario ha recuperado los niveles de beneficios económicos de antes de la crisis.
Ante este panorama, la clase política canaria y española mantiene su autismo frente a una situación social que empeora por días. Con indignación y sorpresa los sectores populares víctimas de este latrocinio observan como el tiempo y el esfuerzo de los gobiernos para diseñar políticas socio-económicas que redefinan el actual modelo productivo, es lamentablemente destinado a prematuras campañas internas de promoción electorera o desviar la atención pública de nuestro drama social con debates baladís.