Los policías "Me trataron de animal, me pegaron"

“Sólo pedimos educación y respeto, que no nos traten como a animales”. Es la reivindicación de Felipe, ciudadano de nacionalidad colombiana con más de dos décadas en España e internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid.

Recogieron el testimonio, en marzo de 2021, voluntarios de la ONG Pueblos Unidos. Felipe fue encerrado por una orden de expulsión dictada dos años antes, y que estaba en fase de recurso.

Cuando pretendía mediar en un enfrentamiento entre varios policías y otro interno del CIE, los agentes le esposaron y golpearon; Felipe telefoneó al 112 (urgencias) para recibir atención en la cadera, pero la dirección del CIE no permitió la entrada. Felipe fue expulsado sin haber podido declarar, pocos días después que denunciara la agresión a los Juzgados de Control del CIE y de Guardia.

Es un ejemplo de las agresiones policiales –y obstáculos para la denuncia e investigación- mencionadas en el informe CIE 2021 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), titulado Territorio hostil. Formas diversas de hostilidad en los CIE, presentado el 9 de junio en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

Otra forma de hostilidad son las “deficiencias crónicas” en la atención médico y sanitaria. “Tengo problemas de estómago. La otra noche, cuando los policías nos llamaron para levantarnos, no despertaba. Llegué a vomitar sangre. La directora no lo creía: decía que era salsa de tomate. Cuando por fin me llevaron al hospital, me destrozaron las venas hasta conseguir hacerme un análisis de sangre (…); me trataron de animal, me pegaron los policías. Me dijeron que tomara un medicamento: pero no siempre me lo dan en el CIE”, explica en el informe Ibrahim, interno en el CIE de Algeciras.

Entre los problemas más destacables en el campo de la salud, el reporte destaca la falta de coordinación entre las administraciones para el conocimiento del historial clínico de los migrantes; las atenciones sanitarias con presencia policial, lo que compromete la intimidad de las personas, así como la falta de intérpretes; los menosprecios; el “aislamiento sistémico” de las mujeres; las carencias en la atención a la salud mental y los casos de no remisión del parte de lesiones a la autoridad judicial.

Una tercera expresión de hostilidad son las dificultades a las ONG que proporcionan acompañamiento, y el SJM señala desde el informe de 2017. Por ejemplo, el reporte de 2020 informaba de la suspensión cautelar de las visitas al CIE de Barcelona, que decidió la dirección cuando ingresaron en el centro de Zona Franca 84 migrantes argelinos.

“Merece la pena seguir los obstáculos a las visitas de las ONG a internos en el CIE barcelonés a lo largo de 2021, incluso hasta comienzos de 2022, a través de los sucesivos documentos de los juzgados de control, del director y de la Fundación Migra Studium”, subraya Territorio hostil.

Además el Servicio Jesuita recopila sentencias relevantes sobre la tutela de derechos dictadas en 2021. Es el caso de un auto de marzo, de la Audiencia Provincial de Valencia, que decidió el sobreseimiento de la causa penal contra policías y sanitarios del CIE de Zapadores, en relación con el suicidio de un joven marroquí en 2019; la Audiencia no halló delitos, pero “emite su reproche moral sobre las actuaciones de los servicios policiales y sanitarios aquel día y no excluye que de ellas puedan seguirse otras responsabilidades”.

Otra referencia citada es el recurso de apelación que estimó –en enero de 2021- la Audiencia Provincial de Barcelona respecto a un ciudadano que entró en el estado español por la isla de La Graciosa (norte de Lanzarote), en noviembre de 2020; se da la circunstancia que la persona migrante fue detenida en el aeropuerto barcelonés de El Prat; y el juzgado de El Prat de Llobregat había autorizado en un auto –un mes después- el internamiento en el CIE de Barcelona (la autorización para el encierro no se solicitó en Lanzarote).

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias revocó la sentencia del juzgado de Tenerife, de febrero de 2020, que establecía la expulsión de un ciudadano con arraigo (residía desde hace dos décadas en el estado español); en noviembre de 2018 se había ordenado la deportación, con el argumento de que carecía de documentación y medios de vida.

Pero el TSJ canario anuló en 2021 la sentencia del juzgado tinerfeño ante la “falta de justificación (de la expulsión) por la concurrencia de circunstancias que agravaran la mera estancia irregular”.

En otro capítulo del informe, el SJM detalla la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para la “mejora de las infraestructuras” de los CIE en 2022: 10,5 millones de euros para el nuevo centro de Algeciras-Botafuegos; 1,8 millones en la “reforma” del CIE de Fuerteventura (“oficialmente suprimido”); 997.000 euros en el centro de Madrid; y 338.000 euros en el de Murcia. La suma prevista en 2022 asciende a 13,6 millones de euros.

Las ONG reivindican el cierre de los CIE: “El discurso político fantasea con el nuevo modelo de centro que garantiza el respeto a la dignidad y los derechos humanos; pero la realidad revela la distancia entre el funcionamiento de los centros y la normativa que los regula”. Según Erika, estudiante que visita las instalaciones de Algeciras, “veo el CIE de La Piñera como un cárcel antigua y ruinosa, y el futuro centro de Botafuegos como otra cárcel, más moderna y adaptada, pero cárcel”.

También el SJM critica la “opacidad” de la Dirección General de la Policía, por no remitir en plazo la información demandada sobre detenciones a personas migrantes, órdenes de expulsión o encierros en los CIE.

El documento apunta los obstáculos que afrontan las personas migrantes que pretenden denunciar maltrato policial; por ejemplo, el traslado a una celda de aislamiento; la aceleración de las repatriaciones forzosas; el “hostigamiento” a quienes llegan a denunciar; o las “dificultades” para la identificación de los agentes responsables.

Las ONG y los autores de Territorio hostil se han hecho eco de circunstancias como las de Ahmed, ciudadano de origen marroquí “internado en el CIE de Madrid que sufrió COVID-19, permaneciendo en aislamiento 23 días hasta que fue expulsado”.

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