Médicas valoran como un “despropósito” las medidas de Vox contra el aborto en Castilla y León

Mientras Vox presenta un paquete de medidas 'antiabortistas' en Castilla y León, facultativas insisten en que detrás de esos protocolos, no hay ciencia sino “ideología y coacción”. Mientras, la Consejería de Sanidad matiza las palabras del vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Este jueves, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) aseguraba no saber mucho de embarazos después de que una periodista le preguntara en qué mes recomendarían la ecografía 4D a las mujeres que quieren someterse a una interrupción del embazado. Una medida propuesta para que los progenitores vean “en tiempo real” el vídeo con “la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado”, en palabras de Gallardo, para aumentar la “implicación emocional”. Esta es una de las medidas incluidas en el pack antiabortista que aprobaba ayer el gobierno de Castilla y León, con la connivencia del PP, su compañero de gobierno. Tal y como apuntaba Gallardo, los médicos y médicas estarían obligados a ofrecer estas tres medidas antes de que se practicara el aborto.

Para Pilar Moreno González, médica de familia jubilada, e integrante del Movimiento Feminista de Salamanca, las medidas, que incluyen también una ecografía con reproducción del sonido fetal pensada entre la sexta y la novena semana, así como una derivación a salud mental de la embarazada, son un “despropósito” desde el punto de vista médico. Especialmente la realización de una ecografía 4D en una mujer con un embarazo situado en el primer trimestre “que no tiene ningún sentido”. “El embrión no tiene nada, ni órganos”, asegura. Moreno precisa que este tipo de ecografías, que usan técnicas de precisión para comprobar el estado de los órganos y posibles malformaciones, no son utilizadas hasta más adelante. “En la sanidad pública a la semana 20-22 de embarazo se hace una ecografía para analizar las posibles malformaciones de los órganos con un ecógrafo de precisión”, asegura.

Beatriz Juliá, ginecóloga que trabaja en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), añade además que las medidas son un “desperdicio de recursos”. “Me parece un desperdicio de recursos y una coacción a las mujeres. En las primeras semanas del embarazo la ecografía 4D no ofrece nada. Es de ignorancia total, a las 7 semanas el embrión mide 1 centímetro”, ilustra Juliá. “Además —añade—, requiere un aparato de alta gama que trata de romantizar el asunto, para ofrecerle una visión más emotiva del bebé en una paciente vulnerable. Bastante tiene la paciente como para que encima tengamos que estar tocándole la fibra sensible”, asegura Juliá.

Para Moreno, detrás de las medidas propuestas de este jueves solo hay ideología, “ningún criterio científico”. Tras la polémica desatada por el anuncio de Gallardo, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha matizado las palabras del representante de Vox, negando a varios medios que exista un cambio en los protocolos de atención a las mujeres embarazadas. Así, la Consejería insiste en que la escucha del latido fetal se podrá hacer a partir de la semana 12 de embarazo, es decir, cuando acaba el primer trimestre, y no como opción que pueda elegir la mujer sino bajo petición médica, porque el latido del feto no siempre puede escucharse antes de esa fase.

Vulneración de derechos

Fuentes del Ministerio de Igualdad, expresan a El Salto que las medidas impulsadas por Vox podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, “ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”.

De fondo, la reciente aprobación en el Congreso de la de la Ley de Salud sexual y reproductiva, y una reacción “reacción machista al avance normativo”, en palabras del ministerio. “Una ley que devuelve la capacidad de decidir de forma autónoma a las mujeres de 16 y 17 años, elimina los tres días de reflexión que antes eran obligatorios, y blinda la sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todo el territorio español”, añaden.

Las médicas consultadas inciden también en la posible vulneración sobre la libertad de ejercicio del o la profesional sanitaria. “Como yo respeto como médica no objetora el derecho de mis compañeros a la objeción a mi como médico nadie me puede obligar a ejercer una actitud culpabilizadora de las pacientes y que busca limitar su capacidad de decisión, juzgarlas y malgastar recursos públicos”, destaca Juliá.

A vueltas con los datos

Un clásico del movimiento antiabortistas es sacar los datos a la palestra, alarmando sobre el incremento de estas prácticas en nuestra sociedad. A esta técnica recurría ayer Gallardo, justificando los nuevos protocolos “provida” con la subida de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en 2021: más de 2.500 abortos voluntarios, un 7% más que en 2020.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Castilla y León es la quinta comunidad que menos embarazos practica, con una tasa de 7,17 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, por detrás de la media estatal que se sitúa en un 10,70, tal y como se observa en la siguiente gráfica.

Este tasa permanece más o menos estable desde 2012. Es más, la cifra actual es ligeramente inferior a la que se daba en aquel año (7,17 frente a 7,2), lo que indica que no hay grandes variaciones. Tal y como confirma Pilar Moreno, en esta comunidad el acceso a la IVE es inexistente en la sanidad pública y “dificultosa” en la privada, ya que la mayoría de mujeres han de moverse entre provincias para poder acceder a esta técnica. “Las mujeres de Salamanca han de desplazarse a Valladolid, donde está la única clínica autorizada”, ejemplifica.

“En números nuestro país se mantiene estable”, valora Juliá, para quien en lugar de focalizarnos en métodos “coercitivos”, hay que fomentar una educación sexual de calidad. “En la medida en que se fomente la educación sexual desde la infancia se podrán fomentar los métodos anticonceptivos. Nadie opina que la IVE sea algo deseable ni que sea un método anticonceptivo, pero tiene que existir porque puede haber fallos. Además existen diagnósticos de malformaciones en las que tienen que seguir usándose esta técnica”, explica.

Para esta ginecóloga abría que centrar esfuerzos en otros aspectos. “Que se preocupen por mejorar las condiciones materiales de las mujeres, que consigan mejores derechos laborales, mejores horarios conciliatorios, ayudas sociales y una buena educación sexual. Todo ello va a disminuir la necesidad de las IVE. Pero, a parte de esto, existe el derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres o no quieren serlo y eso lo deciden ellas y nadie más”, zanja.

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