No a una ley de punto final. Contra la impunidad del franquismo.

CONCENTRACIóN. SÁBADO 10 DE MARZO, 12H PLAZA DE ORIENTE (MADRID)

Los ataques ultraderechistas continúan sucediéndose con total impunidad. En los últimos meses, en Madrid, los neonazis han dado varias palizad a inmigrantes y jóvenes de izquierdas: el 30 de diciembre en Moncloa, el 10 de febrero en Canillejas y el 23 de febrero a dos chicas inmigrantes en la estación de metro de Bernabeu; cuando las chicas fueron a presentar una denuncia a la comisaría, la polícia se negó a aceptarla. A estas agresiones hay que añadir un nuevo ataque incendiario contra el Centro Social Octubre de Guadalajara y nuevas pintadas amenazantes contra la clínica Isadora por atreverse a realizar abortos.

El pasado mes de febrero, el mismo día que la policía permitía una concentración ultraderechista cerca del teatro Alfil donde se representa una obra que critica a la religión católica y que fue atacado con una bomba en febrero de 2006, la delegación de gobierno negaba el permiso para realizar una concentración "contra el racismo y por la convivencia en Alcorcón", aunque finalmente se logró desplegar una pancarta. Ante la pasividad policial y judicial (en el mejor de los casos), constatamos de nuevo que la policía es parte del problema y no de la solución y reclamamos el derecho a la autodefensa para hacer frente a estas agresiones.

La impunidad de la que gozan los neonazis no es un fenómeno reciente. Es la prolongación de la impunidad que han tenido los fascistas para cometer todo tipo de crímenes desde el inicio de la dictadura franquista hasta hoy.

El régimen franquista planificó y ejecutó un genocidio contra las gentes de izquierda: durante la guerra exterminaron a cerca de medio millón de personas y una vez acabada la contienda fusilaron a doscientas mil (muchas de ellas siguen hoy en fosas comunes o desparecidas), encarcelaron a más de un millón y torturaron a decenas de miles. Su objetivo era aterrorizar a los sectores más activos y solidarios de la sociedad para que abandonaran toda idea de construir una alternativa al sistema capitalista.

A pesar de la magnitud del genocidio, ni uno solo de los asesinos, violadores y torturadores franquistas ha sido juzgado gracias a la ley de punto final de 1977. Esta es la transición que partidos institucionales, sindicatos mayoritarios y ONGs nos quieren vender como modélica: impunidad para los genocidas, silencio y humillación para las víctimas.

Por si la impunidad de los genocidas franquistas no fuera suficiente, aún tenemos en nuestros pueblos y ciudades un buen número de calles, plazas y parques dedicadas a estos criminales. En el caso de Madrid, el Partido Popular se empeña en mantener calles con nombres como General Yagüe (responsable de la matanza de prisioneros de la plaza de Toros de Badajoz), parque de Arias Navarro (responsable de matanzas en Málaga una vez acabada la guerra civil), plaza de Arriba España (saludo falangista)... Estas placas fascistas suponen una humillación para las víctimas del terrorismo franquista. Animamos a los colectivos y organizaciones de base a practicar la acción directa (la resolución de los problemas por los propios afectados sin intermediarios ni representantes) y retirar las placas callejeras que hacen apología de crímenes contra la humanidad.

Forzado por la presión generada por el movimiento de recuperación de la memoria histórica, y para diferenciarse en algo de un Partido Popular cada vez más ultraderechista, el Gobierno del PSOE ha presentado un Proyecto de Ley sobre "Memoria histórica". Pero este proyecto de ley no contempla el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación vulnerando así la Legislación Internacional de Derechos Humanos y de Lucha contra la Impunidad; también vulnera las propias leyes penales vigentes en el Estado español, que han permitido el inicio del procesamiento del dictador Pinochet y el juicio y condena por la justicia española del torturador argentino Scilingo. Además, este proyecto de Ley permite que se mantengan los nombres de calles dedicados a los criminales franquistas. Esta ley del PSOE pretende garantizar que los criminales de la dictadura no serán juzgados jamás, complementando el pacto de silencio e impunidad de la transición.

Esta ley de la "Memoria histórica" es una nueva cesión más al fascismo por parte de las instituciones de la monarquía parlamentaria, cuyo jefe de Estado (el sr. Juan Carlos Borbón) fue designado rey por Franco. Porque el fascismo no lo forman sólo los grupos neonazis que dan palizas a jóvenes de izquierdas, inmigrantes, mendigos y homesexuales, sino también los franquistas que se mantienen en la judicatura, en las empresas, en la policía, en el ejército.

La lucha antifascista no puede limitarse a enfrentarse a los nazis y a los fascistas que se mantienen en las instituciones, porque el fascismo no es más que un instrumento del capitalismo para contener los proyectos revolucionarios, para mantener la opresión de las mujeres, para atemorizar a algunos sectores de la clase obrera (inmigrantes) y que acepten condiciones socio-laborales inferiores. Somos antifascistas porque somos anticapitalistas. El antifascismo debe confluir con el resto de organizaciones y colectivos enfrentadas al capitalismo global para construir un movimiento popular plural y unitario que se plantee no solo luchas sectoriales (antifascismo, sindicalismo, ecologismo, feminismo, antimilitarismo, okupación...) sino superar el capitalismo porque es incompatible con la libertad, los derechos humanos y la justicia social. En este proceso, la memoria histórica es imprescindible, ya que al mismo tiempo que se recuperan los restos de los cientos de miles de compañeros aún desaparecidos o en fosas comunes, se desentierran también sus ideas y su forma de vida, que les llevaron a ser exterminados. Sobre esta base construiremos alternativas al capitalismo.