ONG denuncian las complicidades del Estado español y la banca en el genocidio de Gaza
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Se suceden las denuncias (una media de 130 personas al día asesinadas -por el ejército del régimen israelí- en la Franja de Gaza durante los diez últimos meses, informó el 15 de agosto Naciones Unidas); Human Rights Watch remarcó el 26 de agosto, en un informe, las torturas perpetradas por el Estado de Israel al personal médico en Gaza; uno de los testimonios recopilados es el de Eyad Abed, cirujano de 50 años, detenido mientras laboraba en un hospital gazatí:
“Cada minuto nos golpeaban. Por todo el cuerpo, en zonas sensibles entre las piernas, el pecho, la espalda. Nos daban patadas por todo el cuerpo y en la cara. Utilizaban la parte delantera de las botas, que tenía una punta de metal, y luego sus armas. Tenían mecheros (…)”.
El mismo día, 60 organizaciones de periodistas y derechos humanos remitieron una carta al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (PSOE), en la que se reclamaba la ruptura del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel; entre otros motivos, por el asesinato de más de un centenar de periodistas y los crímenes de guerra en Gaza (Agencia Efe).
¿Existen complicidades en los actos de barbarie? Diputados del Grupo Sumar presentaron en el Congreso español, el 9 de julio, diferentes preguntas a la Presidencia del Gobierno -y los ministerios con competencias- sobre la compraventa de armas al Estado de Israel desde el comienzo del genocidio, en octubre de 2023.
El portavoz Enrique Santiago, de Izquierda Unida (IU), detalló que la iniciativa se sustentaba en los datos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y diversos medios informativos; así, “España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando contratos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales” (en el estado español); por ejemplo, la exportación de municiones en los meses de noviembre y diciembre, así como la compra de armas a empresas de Israel.
La pregunta parlamentaria incluía casos concretos; como la adjudicación de contratos –por parte del Estado español- a importantes compañías israelíes de la producción bélica: el sistema de lanzacohetes SILAM (empresa Elbit) o los misiles SKIPE (empresa pública Rafael y su filial española PAP Tecnos).
A comienzos de 2024, Amnistía Internacional (AI) informó que –durante el primer semestre de 2023- el Estado español había autorizado 22 licencias para la exportación de material de defensa a Israel por una suma de más de 44 millones de euros (datos del Ministerio de Economía y Comercio).
Se trata, en concreto, de sistemas de dirección de tiro, blindados, material para la aviación o equipos electrónicos y de formación de imágenes; en cuanto a las exportaciones realizadas (más de 700.000 euros entre enero y junio de 2023), AI destaca los sistemas de dirección de tiro (636.637 euros) y las bombas, torpedos, cohetes, misiles, otros dispositivos y cargas explosivas, por valor de 76.760 euros.
¿Existe alguna responsabilidad atribuible a la banca española? Promovida en 2006 por el Centre Delàs, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y la ONG Setem, la Campaña Banca Armada denunció en las juntas de accionistas de las cuatro grandes entidades financieras –BBVA, Banco Santander, Caixabank y Banco Sabadell- “sus vínculos con empresas de armamento, incluyendo empresas que venden armas a Israel”.
En la Junta del BBVA, celebrada el pasado 15 de marzo, activistas de Banca Armada y el Movimiento de Solidaridad con Palestina detallaron la financiación del banco a empresas que colaboran con los asentamientos ilegales de colonos supremacistas en Cisjordania y Gaza, además de compañías de armamento que producen y venden a Israel (préstamos y títulos financieros a Boeing –bombas, Cazas F-15, y helicópteros Apache AH-64-; General Dynamics –bombas y munición de artillería-; Leonardo y Rolls Royce).
También con datos del informe Untenable Investments, de Don’t Bank on the Bomb (febrero de 2024), los activistas hicieron una denuncia similar en la junta del Banco Santander (22 de marzo); dieron cuenta de la concesión de préstamos –entre 2021 y 2023- a Boeing; Rolls Royce –fabricación de tanques; y Leonardo –cañones instalados en buques de guerra-; se trataría de empresas “que contribuyen y se están beneficiando de la guerra contra Gaza”.
Las implicaciones pueden comprobarse, asimismo, en el informe La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y el greenwasing, de los investigadores Nora Miralles, Carlos Díaz y Felip Daza (Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en la Mediterrànea –ODHE-, 2023); el reporte detalla que el ejecutivo israelí ha establecido como objetivo alcanzar el 30% de la energía –en 2030- a partir de fuentes renovables.
Los proyectos de energía solar de Israel se concentran en el territorio ocupado palestino (TPO) del Valle del Jordán, también en el desierto del Naqab; en ese contexto, el documento señala la relación entre los bancos españoles y la empresa israelí SolarEdge (“proveedora de proyectos solares en Shdemot Mehola y Petza’el en el Valle del Jordán, fue financiada en el año 2009 por General Electric, que mantiene vínculos con el Banco Santander”).
Además, según el informe, SolarEdge consta en los fondos de inversión de Ibercaja, forma parte de los activos en Bolsa de Bankia (desde 2021 Caixabank) y en la cartera de inversiones del BBVA.
Otra de las compañías israelís mencionadas es Arava Power (participada por la multinacional alemana Siemens), que desarrolló el proyecto de campo solar Ketura Sun en el desierto del Naqab; en esta iniciativa, “efectuó una operación de financiación de la deuda de 5 millones de dólares desde el fondo de crédito israelí Viola Credit, que opera con el Banco Santander”.
Respecto a Siemens AG, “está presente en la cartera de inversiones de la mayoría de los grandes bancos españoles y las aseguradoras Mapfre y Catalana Occidente”; la multinacional ha actuado como proveedora de la israelí Enlight Renewable Energy, responsable del proyecto solar de Halutziot, así como de parques de energía eólica en el desierto del Naqab y en los TPO de Cisjordania, subrayan Nora Miralles, Carlos Diaz y Felip Daza.
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