Pensiones públicas y discurso neoliberal

El pasado, 2 de junio, en el apartado de opinión de El País, en un lugar destacado, en Tribuna, se publicó el artículo de Estefanía Molina, de título impactante, cabe pensar con la estrategia de captar la atención, de hecho, lo ha conseguido, Los pensionistas devorando a sus hijos. Tuve conocimiento de él a través de un mensaje de WhatsApp, que me remitió un amigo, jubilado como yo, solicitando mi opinión. Lo he leído varias veces, lo he subrayado y lo he reflexionado. Y me ha producido una profunda indignación.

La idea básica es que según sus propias palabras: “El debate de las pensiones esconde en el fondo que el paradigma de la solidaridad intergeneracional ha reventado”. Yo no sé si es consciente de la gravedad de estas palabras, porque como señala Tony Judt en Algo va mal, una sociedad para que funcione adecuadamente necesita un sentimiento generalizado de confianza entre sus miembros.

Gracias a esta confianza recíproca los trabajadores de hoy contribuyen al sostenimiento de las pensiones actuales, como unos lo hicieron antes y otros lo harán en el futuro. Ello presupone una confianza y solidaridad intergeneracional. Sin esa confianza recíproca entre los ciudadanos es una utopía el construir un proyecto colectivo de futuro.

Por ello, emitir tal juicio, que el paradigma de la solidaridad intergeneracional ha reventado solo puede hacerse teniendo datos empíricos. Y dudo que los tenga. En el ambiente en que me muevo yo no lo observo de ninguna manera.

Más adelante Estefanía afirma: La prueba es la facilidad lógica con que muchos jóvenes asumen ya sin complejos que es un despropósito la indexación de todas las pensiones a un IPC desbocado. Ellos, tan precarios, saben de sobra que no es lo mismo sobrevivir con la pensión mínima que cobrar la más alta.

Los recelos se agravan al entender que ese gasto se cargará sobre sus hombros a largo plazo y lamentar que sueldos bajos tengan que sufragar el electoralismo político. Vamos a ver. La precariedad laboral de los jóvenes no tiene nada que ver con las pensiones y su indexación con el IPC. Se debe al sistema neoliberal, que ha desvalorizado el trabajo, de lo que se benefician los empresarios en general.

Lo que queremos los jubilados es que los jóvenes tengan trabajos dignos por solidaridad y también porque son la mejor garantía de las pensiones actuales y futuras. Los jóvenes deberían movilizarse para conseguir unos derechos socio-laborales, como hicimos en otra época los actualmente jubilados. Las conquistas sociales no son regalos que caen del cielo.

Y no veo a la juventud suficientemente concienciada y movilizada. Y lo más grave, es que gran parte de ella muestra su preferencia por la extrema derecha, de Vox. Este partido, ¿está muy interesado por la defensa de los derechos socio-laborales de los trabajadores?

Y ya en el cenit del despropósito, dice la periodista para justificar la no indexación: La evidencia es que muchos de los jubilados del escalafón pudiente tienen hoy la casa pagada. Su necesidad de rentas quizás no es tan elevada. Es el mismo discurso del anterior gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuando señaló: que un alto porcentaje de jubilados españoles tienen casa en propiedad, un factor importante a la hora de valorar las pensiones reales y netas que no se suele considerar cuando se habla de las rentas que perciben. Ya que no es lo mismo pagar 500 euros de alquiler que 100 de gastos de comunidad”. Vamos a ver. Ignoran ambos que la vivienda la tenemos gracias al sacrificio y al trabajo de muchos años. No nos ha tocado en una tómbola.

Sigue con más despropósitos. Lo cierto es que el dinero que vaya a pensiones sí supone una renuncia a otras prioridades que también son políticas. ¿A qué otras prioridades se refiere? Obviamente, que se podría de las pensiones retirar una cantidad y dedicarla a otras prioridades. Esas prioridades, ignoro a cuáles se refiere, se podrían cubrir con una política fiscal más progresiva y persiguiendo el fraude fiscal.

De esto no habla la articulista ni tampoco el gobernador del Banco de España. Y no creo que sea por ignorancia. A tal efecto, me parece muy pertinente el artículo Las transformaciones del derecho tributario de Miguel Ángel Mayo del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en el cual se explica que hay insuficiencia de recursos públicos fundamentalmente por dos razones: un sistema fiscal injusto y no progresivo; y por un fraude fiscal descomunal.

El fraude fiscal en España supera ligeramente el 20% del PIB, o lo que es lo mismo, 1 de cada 5 euros escapa al control fiscal, representando una pérdida de recaudación superior a los 60.000 millones de euros anuales. Pero todavía más grave es que nuestras cifras de fraude son 10 puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la UE. Hablamos de la media, no de países como Dinamarca o Suecia cuyo fraude es del 4%. Por ende, solo con rebajar nuestro fraude en estos 10 puntos que nos diferencian de la media citada, podríamos ingresar al año cerca de 30.000 millones.

Pero profundicemos en el problema del fraude, preguntándonos quién defrauda y cuáles son los mecanismos para eludir al fisco. Para responder a la primera pregunta, es más fácil observar quién realmente no defrauda, que es, la clase asalariada.

En la actualidad, los recursos del Estado se nutren básicamente de dos impuestos. El IRPF, que en 2019 supuso un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo el 83,7% de la recaudación. Y el IVA, un impuesto totalmente regresivo, que aporta el 32% de la recaudación impositiva.

En el otro vértice de la justicia impositiva, los defraudadores y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo llevan a cabo los grandes patrimonios y las grandes empresas. Pueden hacerlo debido a las sofisticadas normativas fiscales de algunos países y territorios, que están contribuyendo a la pesadilla financiera que vivimos. Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales (para los ciudadanos infiernos fiscales), nos puede servir que la empresa de asesoramiento económico Merryl Lynch estima que unos 6 billones de dólares están en esos territorios. El FMI calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, y la OCDE establece que la evasión fiscal realizada a través de los paraísos fiscales, alcanza los 600.000 millones de dólares. Estos agujeros fiscales son inasumibles y más en estos momentos de caída de los ingresos tributarios, fruto de la pandemia y sus secuelas económicas. La consecuencia es contundente. Si disminuyen los ingresos por impuestos por el fraude fiscal endémico en nuestro sistema tributario, debemos endeudarnos, y tal deuda tendremos que pagarla.

Malos tiempos en los que hay que demostrar y defender lo obvio. Los jubilados actuales cobran una pensión, porque a lo largo de su vida laboral han hecho sus cotizaciones, las establecidas por ley cara a una futura jubilación, de acuerdo con un sistema de reparto. Por tanto, no es un privilegio es un derecho. Repito de nuevo. Con las cotizaciones de los trabajadores actuales se pagan las pensiones de hoy. Con las de los pensionistas actuales, cuando trabajaban, se sostuvieron las pensiones pasadas. Y si no llegan con las cotizaciones actuales a la Seguridad Social para cubrir el pago de las pensiones, pues el déficit lo deberían asumir los presupuestos generales del Estado vía impuestos.
Ya se hace en otros países como Francia.

Por otra parte, hay otra obviedad desapercibida para muchos no sé si despistados o malintencionados. Los jubilados pagamos impuestos como los demás ciudadanos: IVA, sucesiones, el I.R.P.F. de su pensión. Sobre este impuesto merece la pena detenerse. 1) La pensión no es un rendimiento del trabajo. 2) Las pensiones actuales se fueron generando durante la vida laboral que con el cobro de los salarios fueron sometidas ya al I.R.P.F. Es decir, ya tributaron por el impuesto. 3) Por lo tanto al ser sometidas en la actualidad al I.R.P.F. están siendo gravadas nuevamente por el mismo impuesto, cayendo claramente en la figura de «doble imposición», que se debe corregir haciendo que la pensión quede excluida del I.R.P.F. 4) La pensión podría tener cabida como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente con la edad del jubilado.

Y hay otra obviedad. Muchos jubilados, no están pasivos. No se limitan a sacar al perro, a ir a comprar el pan, o tumbarse en el sofá a ver la caja tonta. Llevan a cabo labores muy importantes. Una de ellas, el cuidado de sus nietos. En España, un 55% de los abuelos lo hacen regularmente, y el 30% diariamente. A esos despistados o malintencionados les recomiendo que se den una vuelta por el barrio de Valdespartera de Zaragoza con muchas parejas jóvenes, y verán cuántos abuelos cuidan a sus nietos. Desde llevarlos y recogerlos al colegio, darles de comer, acompañarlos a las actividades deportivas, cuidarlos cuando están enfermos, etc. No es descabellado afirmar que si los abuelos se declarasen en huelga se paralizaba el país. Están realizado un trabajo de cuidados, que si se contabilizase en el PIB supondría un porcentaje importante.

Tener acceso a los abuelos como proveedores de cuidado de los niños beneficia a las mujeres, ya que aumenta la probabilidad de tener un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial y la de tener hijos. Por ello, los abuelos contribuyen tanto al aumento de la población activa como a su rejuvenecimiento por el incremento de la natalidad. Y, por último, un porcentaje no pequeño de las pensiones sirve para ayudar a los hijos parados o con trabajos precarios.

El artículo de Estefanía, así como las palabras del gobernador de España, encajan perfectamente dentro del sistema neoliberal. Nada nuevo bajo el sol. Las élites en el capitalismo, en su versión neoliberal, diseñan un discurso basado en fracturar, dividir y enfrentar a distintos sectores de la sociedad. Si la población está enfocada, no en lo que hacen el gobierno y las élites, sino en determinados grupos, como los parados, los jóvenes, los jubilados o los inmigrantes, que se convierten en chivos expiatorios de nuestros problemas, entonces los poderosos tienen más libertad para conseguir sus objetivos. Así no solo nos pasan desapercibidos los verdaderos causantes de nuestros problemas, de los jóvenes y de los jubilados, sino que incluso nos convencen de que trabajan por nosotros.

Veamos ejemplos. Recuerdo que en abril de 2017 nos trataban de inculcar que los pensionistas somos muchos, y que al ser tantos, ponemos en grave peligro la Hacienda Pública. Los medios con gran énfasis señalaban: «El Gobierno pide un préstamo de 10.192 millones para la paga extra del verano de los pensionistas”. Ahora en 2022, más de lo mismo. El artículo- ¡Vaya título! – Los pensionistas devorando a sus hijos y las palabras del gobernador del Banco de España. Y así va calando en la gran parte de la sociedad la culpabilidad de los jubilados, e incluso, muchos jubilados la asumen. «Claro es que somos muchos». “Nosotros por solidaridad debemos renunciar a la indexación en función del IPC.

Y también otro objetivo, al sembrar un futuro incierto de las pensiones públicas, se están incentivando los planes de pensiones privados, para quienes los puedan suscribir. Los beneficiados no creo sea necesario señalarlos. Por cierto, en un aviso a navegantes, el pasado febrero, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que cualquier persona nacida a partir de los años 70 en España debe suscribir un fondo de pensiones privado si desea cobrar una pensión cuando llegue a la jubilación, según informa Europa Press. Así lo ha reconocido durante una intervención en el Foro de la Nueva Economía, donde ha lamentado que el sistema de pensiones españoles esté sustentado en una pirámide demográfica que hace «imposible» que llegue a personas que tienen su edad (51 años) o menos. Más claro, imposible.

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