Pese a su fracaso, las oficinas antiokupación no desaparecen

Las oficinas y teléfonos antiokupación están demostrando ser un fracaso absoluto en varias comunidades autónomas. Un ejemplo paradigmático es el teléfono antiokupas de la Xunta de Galicia, que, a pesar de haber contado con un presupuesto de 61.000 euros, solo ha recibido 109 llamadas en todo 2024, de las cuales únicamente 3 estaban relacionadas con okupaciones. La baja demanda pone en evidencia que la ocupación ilegal no es el problema extendido que algunos sectores han querido hacer ver. A pesar de estos datos, la Xunta ha renovado el servicio.

El fracaso de este tipo de iniciativas no debería sorprendernos si atendemos a los precedentes. En Castilla y León, la Junta impulsó oficinas antiokupación en todas las provincias, pero en algunas, como Ávila y Salamanca, no se registró ni una sola consulta en seis meses. En Madrid, el teléfono 112 Okupación recibió, en su primer año, una media de 5,8 llamadas al día, de las cuales un porcentaje significativo ni siquiera se refería a casos reales, sino a personas que llamaban por curiosidad o desde otras comunidades autónomas. Igualmente, en Alicante, la Oficina Antiokupa inaugurada en noviembre de 2024 fue duramente criticada porque los datos oficiales demostraban que la incidencia real de la okupación era residual.

Estos fallos evidencian que, incluso si compráramos el discurso de que la okupación es un problema y no una forma de resistencia ante una crisis de vivienda y de especulación, la inversión pública en este tipo de dispositivos es innecesaria y responde más a una estrategia política que a una necesidad real.

Detrás de esta narrativa hay un claro interés económico de las empresas de seguridad, que han promovido una sensación de inseguridad completamente alejada de la realidad mediante campañas publicitarias y mediáticas perfectamente orquestradas. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 15.289 denuncias por okupación en todo el Estado, lo que equivale al 0,057% de las viviendas del país. Sin embargo, una encuesta de 40dB para el grupo Prisa reveló que el público cree que la okupación afecta al 51,3% de la población, es decir, una percepción 900 veces mayor que la realidad.

No es de extrañar cuando se nos bombardea a diario con noticias engañosas de okupación que en realidad son allanamientos de morada, cuando únicamente se presenta como víctima al propietario y no al desahuciado o cuando se inventan términos como “inquiokupaciones” para referirse al impago del alquiler de toda la puta vida.

Lejos de hacer autocrítica y valorar que los recursos públicos podrían destinarse a resolver el verdadero problema de fondo, que es la falta de acceso a la vivienda, algunas instituciones están redoblando su apuesta por la narrativa antiokupa. Por ejemplo, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha planteado la apertura de su propia asesoría antiokupación, lo cual sin duda llenará los bolsillos de algunos abogados a cambio de poco trabajo.

Y mientras todo esto ocurre, las empresas de desokupación han ganado cada vez más protagonismo social y político, alimentando el miedo y desplazando el “sentido común” hacia la extrema derecha. Hace poco, Daniel Esteve, el líder de Desokupa, anunció que estaba planteándose entrar en política. Si esto ocurre, será gracias a la legitimidad que le han brindado estas inútiles oficinas antiokupas.