Polonia incumple 14 artículos de Derechos Humanos con el encarcelamiento de Pablo González

Polonia incumple 14 artículos de Declaraciones y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y Civiles con la detención y encarcelamiento del periodista Pablo González

El pasado 28 de febrero el Estado polaco detuvo en Przemysl al periodista hispanoruso Pablo González mientras cubría como reportero la situación de guerra ruso-ucraniana en la frontera entre Ucrania y Polonia para el programa de la sexta “Al Rojo Vivo”.

Pablo lleva encarcelado y aislado cerca de cuatro meses; no ha podido aún comunicarse directamente con su mujer y su entorno, ni elegir a un abogado/a de confianza y apenas puede hacerlo con el abogado polaco asignado, el cual se encuentra con obstáculos para acceder a la documentación de la causa. 

Pablo tampoco conoce con exactitud el motivo de su aprisionamiento ni los delitos que le atribuye el Estado polaco, que le acusa de forma genérica de “ser un espía ruso” y de recibir dinero proveniente de Rusia, por lo que le mantiene aislado en la prisión pese a no contar con indicios razonables de la comisión de algún delito y a pesar que no hay riesgo de fuga por su arraigo familiar. Y es que la realidad se presenta de forma distinta: Pablo es descendiente de padre ruso, por lo que sus vínculos con Rusia son exclusivamente familiares, siendo totalmente discriminatoria la detención y prisión por su origen nacional.

La actuación de Polonia vulnera de forma flagrante los artículos 9, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de toda persona a no ser  arbitrariamente detenida, presa ni desterrada, el derecho a la presunción de inocencia y el  derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Igualmente incumple los artículos 6, 10 y 14 del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, ratificado por Polonia en 1993, que protegen el derecho de todo acusado a ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y causa de la acusación, a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa y a ser asistido por un defensor de su
elección así como el derecho de informar sin injerencias de las autoridades públicas y a no sufrir discriminación en el uso de estos derechos.

El Estado polaco también contraviene la Carta Europea de Derechos Fundamentales,  especialmente sus artículos 11, 21, 47 y 48 que regulan el derecho de libertad de información, a no sufrir discriminación por origen social, étnico o nacional, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Pero además vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos emanado de la ONU, pese a haberlo ratificado, y en concreto sus artículos 9, 14, 19 y 26 que reconocen el derecho de toda persona a no ser sometida a detención y prisión arbitrarias, a ser informada en el momento de su detención de las razones que la motivan y de la acusación contra ella, a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, así como establecen que la prisión preventiva o provisional no debe ser la regla general pues está subordinada a asegurar la comparecencia
del acusado en el acto del juicio y en las diligencias procesales. Igualmente reconocen el derecho de toda persona acusada a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, el derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole así como el derecho a no sufrir discriminación por origen nacional.

Las organizaciones y asociaciones firmantes denunciamos la pasividad del Estado español ante las flagrantes vulneraciones de derechos humanos de Polonia y exigimos la inmediata actuación delGobierno, que necesariamente ha de estar encaminada a proteger los derechos humanos de todo ciudadano con nacionalidad española, especialmente en países de la Unión Europea de la que el Estado español es parte.

De la misma forma denunciamos la inacción de la Unión Europea e instamos al Gobierno y a las instituciones comunitarias a desplegar todos los mecanismos jurídicos, políticos y diplomáticos para poner fin a la violación de derechos humanos del Estado polaco y asegurar su protección en el marco de la detención y encarcelamiento del periodista Pablo González.