Roberto Macías: 2 años de prisión por destapar la corrupción de UGT

Roberto Macías, antiguo trabajador de UGT-Andalucía, que denunció publicamente la corrupción del sindicato sacando a la luz el caso de las facturas falsas de este sindicato, ha sido condenado a 2 años de prisión por la jueza Mª Ana León Gallego, del juzgado de lo penal 15 de Sevilla por un delito de "descubrimiento y revelación de secretos".

La sentencia, que el ex-trabajador de la central sindical piensa recurrir,establece que en noviembre de 2012, Roberto Macías accedió a su ordenador de empresa del departamento de compras de UGT - Andalucía y volcó en un dispositivo USB unos 22.500 ficheros que, posteriormente, fueron filtrados a diversos medios de comunicación, los cuáles publicaron varias informaciones sobre las irregularidades e infracciones cometidas desde la central sindical.

Así, varios medios publicaron diversas informaciones, entre ellas el extracto de la tarjeta Visa Corporate Oro de Manuel Pastrana Casado, Secretario General del Sindicato en esas fechas, así como una copia de la cuenta 57200002 del Libro Mayor de la contabilidad de UGT-A. También se publicaron diversos pantallazos de correos electrónicos de UGT - A con varios de sus proveedores, fotocopias de talones de la cuenta del Sindicato en el banco, tickets de compras, etcetéra...

Unas informaciones que pusieron de manifiesto las irregularidades e ilegalidades cometidas por UGT-A, tal y como reconoce la propia sentencia: "Dichos archivos o ficheros contenían información reservada y sensible del referido Sindicato, entre la que se encontraban facturas emitidas por diversos proveedores de UGT-A, como las mercantiles PINEDA, ASESORES DE VIAJES, LIENZO GRÁFICO, CHAVSA, PUBLICAR, SIOSA y VIAJES MACARENA, documentación relativa a los denominados “RAPEL” y “BOTES”, figuras éstas que hacían referencia a determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas, que estaban siendo objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción nº 9 de esta capital, por la presunta financiación ilegal del Sindicato".

Aunque la sentencia reconoce que el delito de revelación de secretos entra en conflicto con la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019, que pretende salvaguardar y proteger a las personas que informen sobre infracciones e irregularidades, finalmente argumenta la condena porque "la referida Directiva aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional", también dice la sentencia que según esta directiva, la denuncia tiene que dirigirse por "concretos canales de denuncia, que pueden en ser internos, esto es, dentro de propia entidad o externos, ante las autoridades competentes".

La sentecia condena finalmente a Macías a 2 años de prisión, frente a los tres que pedía fiscalía o los 4 años y 60.000 euros de indemnización solicitados por la acusación particular (UGT-A). Macías no entrará pues en prisión, al carecer de antecedentes penales. Desde La Haine hemos podido charlar con Roberto, que nos ha dado su valoración de la sentencia así como los próximos pasos a seguir en esta causa:

"Me parece una sentencia cruel, injusta y una aberración jurídica, que habiendo una directiva europea que protege a las alertas y a los alertadores, me hayan condenado sin tener en cuenta el derecho comunitario. Parece que en el Estado español vivimos en un cortijo donde los jueces se niegan a acatar las directrices europeas".

Además el denunciante de corrupción piensa recurrir la sentencia: "Vamos a recurrir la sentencia porque creo que es lo justo, me he quedado totalmente sorprendido y decepcionado con la justicia, entiendo que debería de imponerse el derecho comunitario frente al nacional, que el derecho nacional todavía persigue reprime y acosa a las personas que denuncian casos de corrupción. Lo que procede ahora, además de este aspecto procesal, es seguir exigiendo a los poderes públicos para que en el Estado español haya una ley integral de protección a alertadores de corrupción. Llevamos más de 5 años esperando que se legisle para que no se cometan este tipo de barbaridades contra personas que lo único que han hecho es informar a la sociedad sobre un latrocinio, porque lo que se estaba cometiendo es un latrocinio. Nosotros, desde la plataforma por la honestidad, estuvimos en 2017 con todos los grupos políticos y se comprometieron en tramitar una ley, una ley que qedo empantanada y a la que no han dado seguimiento, porque al mismo sistema no le interesa proteger a personas que pueden descubrir todas las mafias que hay en el Estado español. No les interesa proteger conductas que en otros países se premiarian, pero aqui al contrario: te criminalizan y te estigmatizan."

@Boro_LH