Sanchez sucumbre a la presión del poder económico

Mientras millones de asalariados españoles se disponían a incorporarse a sus puestos de trabajo al día siguiente, España superaba este domingo a Italia en el número de personas fallecidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

 Italia, que registró este 12 de abril la muerte de 427 personas, va a mantener clausurados a cal y canto el conjunto de su aparato productivo. En España, en cambio, que alcanzó la cifra fatídica de 619 personas fallecidas en esa misma fecha, su gobierno obligará a que millones de sus asalariados corran una incierta suerte al concentrarse a partir de este lunes en estaciones de autobuses, metros, trenes, lugares de trabajo etc., como si el contagio vírico no tuviera como principal vía de expansión el contacto físico entre persona y persona.

 Pese a la magnitud todavía escalofriante de la cifra de contagios que siguen produciéndose en España,  millones de trabajadores se incorporarán este lunes a sus puestos de trabajo, sin más defensa que un imposible distanciamiento físico con sus conciudadanos y una dudosa limpieza de manos, en un país en el que la oferta de geles antisépticos o las denostadas mascarillas no cubre siquiera mínimamente las demandas de su población.

En medio de una improvisada "operación retorno" al trabajo, en la que de forma apresurada se ha encomendado a la policía nacional y las municipales la distribución de mascarillas en las bocas de metro y en las paradas de autobuses, los asalariados españoles se incorporarán a sus unidades productivas sin que nadie les haya asesorado acerca del comportamiento a seguir en ellas. Con estos mimbres, el Gobierno de Sánchez pretende recuperar el "latido productivo" del país.

 Pero, ¿a qué viene tanta urgencia imperativa? ¿Qué poderosos elementos fácticos externos son los que, pese a los enormes riesgos que correrá la población, han logrado imponer a Pedro Sánchez y a sus coaligados esta temeraria vuelta al trabajo?

 CONNOTADOS HOMBRES DE CIENCIA EN CONTRA DEL "RETORNO AL TRABAJO"

 Los posicionamientos en contra de la reactivación de la actividad económica no esencial han sido numerosos y con diferentes orígenes. Una parte de los Presidentes de las Comunidades Autónomas españolas, no afines a la filiación partidaria gubernamental, se han pronunciado en contra de la reincorporación al trabajo, por los enormes riesgos que conlleva, según manifiestan. Pero no sólo son personalidades políticas, adversas o no al gobierno socioliberal de Sánchez, a las que se les puede atribuir intereses claramente partidistas, las que se han pronunciado de esta manera. También lo han hecho destacados científicos y renombrados expertos en pandemias y virología.

 Saúl Ares, un conocido científico perteneciente al Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, no dudó en hacer pública su opinión acerca de la operación "retorno al trabajo", decretada por el Gobierno de la Coalición socialdemócrata. 

 "Un confinamiento relajado corre el riesgo de fallar. Si las medidas se relajan podría no bastar para seguir haciendo que caigan los casos. El confinamiento en las circunstancias actuales parece que está funcionando, porque hay menos contagios y menos muertos, pero al volver a permitir la movilidad de mucha gente corremos el riesgo de volver al régimen en el que en vez de ir bajando, los casos vuelvan a subir".

 Para Salvador Macip, genetista de la Universidad británica de Leicester, la decisión del Ejecutivo de Sánchez resulta notoriamente "prematura" y, por tanto, irreflexiblemente aventurada y preñada de riesgos inciertos. 

 "En el momento en el que está España, aún hay muchas infecciones activas y corremos un riesgo de volver a tener un pico de casos. La OMS  ha expresado que es prematuro que Europa piense en el desconfinamiento, dada la cantidad de casos activos; deberíamos esperar un poco más. En Reino Unido, por ejemplo, está toda la industria parada y nos han dicho que nos preparemos para estar así unos dos o tres meses, como mínimo"- aseguró el científico.

  FRACTURA EN EL "COMITÉ DE EXPERTOS"

 Sin embargo, la secuencia más grave en las discrepancias científicas desendacenadas ha venido determinada por la decisión gubernamental de reanudar la actividad laboral, sin contar con el acuerdo de aquellos expertos científicos a los que el presidente Sánchez se ha referido, reiteradamente, como fuente inevitable y principal de sus decisiones sobre las medidas para combatir el contagio del coronavirus.

 Alguno de los integrantes de ese "Comité de expertos", empujados probablemente por la responsabilidad que contraerían de mantener un silencio cómplice, decidieron pronunciarse públicamente.

 La viróloga del CSIC Margarita del Val, por ejemplo, se posicionó con claridad el pasado viernes a favor de alargar el confinamiento total “para tener la posibilidad de detectar cuál va a ser el descenso de los casos "de verdad”. 

 La viróloga realizó un llamamiento desde las ondas de la Cadena SER, pidiendo al gobierno que reuncie a lo que ella considera una "precipitada operación retorno". Atendiendo a las experiencias chinas y surcoreanas,  del Val pidió que si, pese a su opinión en contra, esa "operación retorno " ponía en marcha, ésta fuera acompañada de un exhaustivo y riguroso trazado de los casos y los contactos. Una posibilidad que no creemos que, con la infraestructura existente en la actualidad en el Estado españñol, sea posible ejecutar.

 En cambio, los epidemiólogos pertenecientes al grupo de opinión encabezado por el polémico Fernando Simón, que son favorables a la "vuelta al trabajo", manifestaron que no “sería sensato” mantener una paralización total más allá de esta semana.

 En ese sentido, Ramon Villalbí, un científico afín a ese grupo de opinión, explicó de manera muy gráfica las razones por las que su grupo era partidario del retorno al trabajo:

 “El impacto del confinamiento extremo es muy grande y su prolongación limita la transmisión, pero tiene un coste muy alto. No lo podemos prolongar permanentemente” .

 ¿A qué tipo de impactos se podía estar refiriendo el virólogo? ¿Cuál es ese coste que alega Villalbí que es, incluso, superior al de la vida de miles de personas? ¿Su opinión es estrictamente científica o pondera otros aspectos que no están en el estricto ámbito de su profesión? ¿Qué es lo que nos indica la experiencia china en relación con el confinamiento total? ¿No le merecen ningún crédito a Villalbí los procedimientos utilizados en ese país para la erradicación total de la pandemia?

 EL PODER ECONÓMICO ES EL QUE MANDA. EL QUE HA MANDADO SIEMPRE

 El pasado 3 de abril, días antes del pronunciamiento de esta "fracción" del llamado "Comité de expertos", la presidenta del Banco Santander, que no es viróloga, ni científica, sino tan sólo una potentada banquera por estrictas razones genéticas, instaba a las autoridades españolas, en la Junta de la entidad financiera que preside, a que planificaran cuanto antes la vuelta al trabajo para "amortiguar el impacto" económico de las medidas de confinamiento".

 En realidad, Ana Patricia Botín no hacía otra cosa más que sintetizar la posición y los intereses empresariales del IBEX 35 y del conjunto de las entidades financieras españolas. Y es justamente en el posicionamiento de ese bloque fáctico, que constituye el núcleo principal del poder económico de este país, el que explica las premuras gubernamentales para que los asalariados españoles recuperaran, aun poniendo en riesgo sus vidas, el puesto que el sistema económico capitalista les tiene asignado.

 Se trata, además, de una elocuente evidencia sobre cuál es el poder real que rige en nuestras sociedades, que las gigantescas tensiones que se han desatado estos días en el mundo ha dejado a la intemperie.

 Cuando Donald Trump expresa sin sonrojarse que los EE.UU. no pueden cerrarse, y que no lo harán aunque perezcan centenares de miles de personas, no hace otra cosa más que mostrar las auténticas entrañas de un monstruo que, a lo largo de su historia, no ha dudado un solo instante en enviar a morir a "sus muchachos" en guerras de ultramar en las que lo que no se debatían ideologías o creencias sino, simplemente, beneficios económicos.

 Cuando el premier Boris Johnson se alinea con el alcalde del film "Tiburón", no nos está jugando una broma pesada. Está diciéndonos lo que realmente piensa él y los que lo avalan en su puesto de primer ministro: que está dispuesto a aceptar que los ancianos que tengan que morir adelanten la fecha de su defunción, antes de que la vorágine de la pandemia acabe con el poder económico del capital que ha regido los últimos tres siglos de historia de su país.

Y cuando, directa o indirectamente, Ana Patricia Botín, en nombre propio, y representando o no a su clase social, ordena al presidente Sánchez que ponga en marcha los mecanismos legales o administrativos para que los asalariados españoles vuelvan a su puesto de trabajo, éste entenderá rápidamente el mensaje y procederá a su ejecución. De lo contrario, el conjunto del aparato mediático - TV, radio y prensa escrita - propiedad directa de los bancos, de las grandes entidades financieras e industriales, acabarían con él en espacio de días.

 LOS SINDICATOS ESPAÑOLES, NI SABEN NI CONTESTAN

 El Ejecutivo gubernamental no ha proporcionado los datos acerca del número de millones de trabajadores que este lunes han vuelto a sus puestos de trabajo en actividades tan poco "esenciales" como pueden serlo las del sector de la Construcción o la industria armamentista.

 No deja de resultar llamativo el silencio del que han hecho gala los sindicatos oficiales españoles, UGT y Comisiones Obreras, estrechamente ligados a la política del Ejecutivo. El papel desempeñado por ambas centrales sindicales ha sido en estas circunstancias realmente repudiable. No se han atrevido a ir más allá de solicitar al gobierno una ambigua “seguridad en la vuelta al trabajo”, "confiando" en que sean las propias empresas las que garanticen el "distanciamiento entre trabajadores”, de entre 1,5 y 2 metros", pues dada la ausencia de stocks de mascarillas éstas no serán obligatorias para todos .

 En una pretendida ingenuidad, que  raya en lo criminal, los representantes de Comisiones Obreras y UGT declararon que:

 “Hay una responsabilidad de las propias empresas y de los gobiernos de facilitar los medios y las condiciones. En el transporte público tienen que garantizar el distanciamiento entre los usuarios. Una vez llegan a la empresa, desde los mismos vestuarios todo debe estar preparado para que no haya aglomeración”.

 O sea, que serán las propias empresas las que se encargarán de "vigilarse a sí mismas" en el cumplimiento de estas "recomendaciones", que no alcanzan siquiera la categoría de normativa. 

 ¿Hasta qué grado de connivencia han podido llegar los sindicatos burocráticos españoles, que no se han atrevido siquiera a pronunciarse sobre los enormes riesgos que en esta siniestra "operación" correrán tanto sus representados, como sus familias? ¿Podrán responder sobre cada muerto que se produzca a partir de que transcurran los próximos siete días? ¿Cómo se defenderán ante sus demandates cuando ello ocurra?

 LAS SINUOSIDADES DE "UNIDAS PODEMOS"

Por otra parte, en el área de lo estrictamente institucional, la formación política Unidas Podemos, parte integrante de la Coalición gubernamental, dejaba colar en su órgano de prensa oficioso, el digital "Público", una información en la que se afirma que sus ministros en el gabinete de Sánchez estaban "presionando en el gobierno" para que "se limitara el retorno a la actividad el lunes".

 No es la primera vez que, en su corto recorrido gubernamental, la organización socialdemócrata Podemos ha pretendido aparecer alejada de las decisiones más impopulares del Ejecutivo del que forma parte. Tratan de eludir sus responsabilidades desapareciendo de los escenarios en los que se toman las decisiones, o experimentan con la difusión de "globos sondas", a través de los cuales simulan desacuerdos con decisiones del gobierno sanchista. El método es hábil, pero muy viejo. Consiste en hacer que el aparato mediático español, tanto el afín como el adverso, se haga eco de supuestas desavenencias utilizando el "según fuentes próximas a Podemos". Con ello, la organización podemita pretende estar siempre a las maduras, pero nunca a las duras. Ese es el procedimiento que han utilizado, una vez más, con el decreto de "retorno al trabajo".

De acuerdo con una información recogida este fin de semana por Público:

 "Los ministros de "Unidas Podemos" tienen dudas importantes sobre la conveniencia o no de permitir el regreso al trabajo de los sectores considerados como no esenciales y que una mala decisión ahora provoque un rebrote del virus en pocas semanas. Sobre todo, cuando no hay un consenso claro de científicos y expertos sobre la idoneidad de permitir que las empresas no esenciales retomen su actividad". 

 De manera que si, como resulta previsible, el rebrote de contagios se produce en el curso de las próximas semanas, Iglesias y su organización recordarán oportunamente que "ya ellos lo habían dicho", argumentando falazmente que sus representantes en el gabinete sanchista se resistieron infrutuosamente a las presiones que la Banca y la patronal ejercieron sobre él. 

 La cúpula de Podemos, no obstante, haría bien en evaluar su propia ubicación en el actual escenario político español. Los tiempos no son ya propicios para malabarismos saduceos, ni tampoco para juegos universitarios. Cuando son vidas lo que está en juego, la ira popular ha desmostrado a lo largo de la Historia ser especialmente dura con los truhanes y los falsificadores.