Sobreseimiento y anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales

Para hacernos una idea del alcance de la represión de los últimos años empezaremos haciendo un breve repaso de los acontecimientos más relevantes.

En 2008 estalla una nueva crisis económica, o lo que es lo mismo, se agrava aún más la crisis general y sistémica que viene padeciendo el sistema capitalista a nivel mundial. A partir de aquí, dicha crisis se hará más patente y empezará a sentirse entre sectores populares más amplios. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis bancaria en 2010 trajeron un considerable incremento del paro y del riesgo de numerosas familias de perder sus casas. Como consecuencia de esto, las movilizaciones, las protestas y, en definitiva, la lucha cada vez más resuelta y radicalizada empezó a extenderse por todo el Estado.

Esto dio lugar al surgimiento del conocido como Movimiento 15M -en mayo de 2011- tras la celebración de una manifestación que acabó con una carga policial y varios detenidos en la Puerta del Sol. A partir de ese momento las plazas de las principales ciudades se empezaron a llenar, sirviendo de espacios para que los vecinos pudieran celebrar reuniones donde coordinar diversas acciones de protesta como manifestaciones masivas, ocupaciones de espacios públicos, escraches a políticos, etc. y donde la lucha contra los desahucios, desde sus diferentes plataformas, empezó a consolidarse y a extenderse, sobre todo en las principales ciudades. Las acciones de todo este movimiento popular se centró fundamentalmente en la desobediencia civil y la resistencia pasiva, aunque es cierto que determinados escraches a políticos y algunas manifestaciones traspasaron esos límites y elevaron de algún modo el carácter de la lucha.

El 20N de 2011 el Partido Popular gana las elecciones generales y en febrero de 2012, tan solo tres meses después, se aprueba la última reforma laboral que vuelve a desatar las protestas y la indignación en las calles. Primero en marzo y después en noviembre, los sindicatos convocan huelgas generales que resultan un rotundo fracaso. De hecho, la huelga de noviembre de 2012 fue la última huelga general convocada por las grandes mafias sindicales. Otro hecho relevante fue la convocatoria de una gran movilización en Madrid, el 22 de marzo de 2014, bajo el lema “las Marchas de la Dignidad”; una convocatoria a imagen y semejanza de otras como la “Marcha Popular Indignada” (23 de julio de 2011) organizada por el 15M y donde confluyeron siete columnas de caminantes procedentes de las principales ciudades del Estado, o la “marcha negra” de los mineros que culminó en Sol (11 de julio de 2012). No obstante, las Marchas de la Dignidad de 2014, en su origen tuvieron un carácter más concreto que las movilizaciones del 15M, con unas reivindicaciones más precisas, y en cierto modo un componente más obrero. Sus reivindicaciones: “Pan, trabajo, techo e igualdad”. Aquella jornada del 22 de marzo de 2014 acabó con graves disturbios en la capital, con cientos de heridos -muchos de ellos policías- y decenas de detenidos.

Por todo ello, ante el incremento de las protestas y a riesgo de verse desbordado por el movimiento de masas que venía desarrollándose con fuerza, el régimen se vio en la necesidad de endurecer aún más su legislación represiva. Así, en julio de 2015, entró en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, y la reforma y endurecimiento del Código Penal. Con esto el régimen trataba de contener la indignación creciente.

Sin embargo, las movilizaciones y los actos de protesta siguieron, aunque cada vez con menor radicalidad y virulencia. El régimen se había dotado de un importante arsenal para contener el descontento, motivo por el cual las recientes medidas aprobadas comenzaron a hacer mella. Las causas y los procesos judiciales se multiplicaron por ejercer las libertades y el legítimo derecho a la protesta en todas sus facetas: libertad de expresión, de información, de manifestación, de reunión, etc. También aumentó el número de peticiones de cárcel y el número de condenados a prisión. Por supuesto, las sanciones económicas (con más de 500 millones de euros de recaudación desde su entrada en vigor) han tenido un efecto disuasorio considerable a la hora de sofocar las protestas, ya que ha hecho que más de uno se lo piense dos veces antes de seguir desobedeciendo “sus” leyes.

A día de hoy se cuentan por miles los encausados, muchos de ellos condenados a penas de prisión o multa, y otros muchos que todavía están a la espera de juicio. Pues bien, entendemos que todo este incremento de la movilización y de la protesta social son respuesta a unas medidas que depauperaron aún más las condiciones de trabajo y de vida de miles de familias. Por ese mismo motivo, entendemos igualmente que bajo estas condiciones, luchar por un trabajo, una vivienda y una vida digna, por una sanidad y educación universal y pública, etc. es justo y legítimo. Que denunciar la corrupción política y de la Monarquía franquista y luchar contra la tortura, la guerra sucia y el terrorismo de Estado, independientemente de los métodos de lucha empleados, no es un delito, es nuestro derecho y nuestro deber.

Por eso mismo, exigimos el sobreseimiento de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales y la anulación de todos aquellos que resultaron condenados. Así mismo exigimos la devolución de todas las sanciones administrativas.