Solo está comenzando

Entre las muchas cosas que está evidenciando el CatalanGate se puede destacar que muchos, con tal de defender lo indefendible, están acudiendo a peregrinas explicaciones para tratar de dotar de legalidad a aquello que, sin duda, no lo tiene, pero, además, en ese esfuerzo y en el marco de una incomprensible precipitación, han actuado de oídas sin siquiera entender de qué realmente estamos hablando. Esta ha sido, también, la reacción del gobierno español que, al parecer, no ha contado con el debido asesoramiento antes de comenzar a crear una suerte de cortina de humo que en poco o nada le beneficiará.

Si en un comienzo hubo quienes incluso sostenían que el espionaje masivo desplegado contra el independentismo catalán y su entorno podía provenir de servicios extranjeros, ahora, y especialmente desde el Ministerio de Defensa, se empeñan en parapetarse en que habría sido el CNI con la preceptiva autorización del “juez del Supremo”, como forma de poner un cortafuegos que impida cualquier “investigación efectiva”. Las precipitaciones son malas y más cuando se trata de un tema que afecta al núcleo duro de lo que ha de ser un sistema democrático.

Una aproximación intelectualmente honesta al CatalanGate obliga a no descartar ningún tipo de autoría, pero hay algunas posibles, que son rápidamente descartables, como son la de los servicios de inteligencia extranjeros o la de que se haya contado con autorización judicial, ni más ni menos que del Tribunal Supremo, para un espionaje así de masivo cuyos iniciales datos ya arrojan una cifra de 65 espiados.

Antes de precipitarse a dar una versión oficial, debieron analizar el tema de conjunto, asesorarse y ver de qué estamos hablando, porque la realidad y perversidad del sistema Pegasus implica, necesariamente, que su uso ha sido ilegal, se le mire por donde se le mire. Me explicaré.

Pegasus no es un sistema de escucha telefónico sino un arma que ataca, en este caso, a los terminales telefónicos en su integridad, permitiendo no solo el acceso a las comunicaciones del afectado sino a todo el contenido de su teléfono, así como al conjunto del entorno de dicho terminal mediante la posibilidad de activar el micrófono y la cámara del aparato afectado, pudiendo grabar todo lo que sucede en su entorno; también puede introducir, extraer y modificar aquellos archivos que se contengan en la memoria del aparato en cuestión.

Dicho más claramente, Pegasus permite hacer lo que la ley contempla como diferentes medidas de investigación, todas ellas revestidas de la necesidad de autorización judicial individualizada y sometidas, entre otras, al principio de necesidad que, al ser un espionaje masivo, nunca se cumpliría, ni siquiera acudiendo al fraude de ley de pedir las autorizaciones una a una.

Pero, es más, y me sorprende que la ministra de Defensa no lo sepa, el uso de Pegasus, por su propio diseño y estructura de funcionamiento, no cumple ni tan siquiera con las normas que regulan las escuchas telefónicas, aunque las haga el CNI: Pegasus no es operado por funcionarios españoles sino por empleados de una empresa privada extranjera y, aunque solo sea por ello, jamás podrían ser escuchas (en este caso espionaje) legal conforme al derecho español.

Por otra parte, el resultado del espionaje ni tan siquiera sería de la exclusiva titularidad del cliente, sino que la empresa prestadora del servicio, NSO, se quedaría con una copia del resultado del espionaje por lo que, además y por esta vía, también se estaría incumpliendo la legalidad que dicen tendría el espionaje que tantos hemos sufrido.

Y como si nada de esto fuese suficiente, para poder usar Pegasus, antes ha de cometerse una ilegalidad previa: entregar los datos, sujetos a protección, de los titulares de los terminales afectados. Se ha tratado de un traslado masivo de datos de unas bases europeas ―las de las compañías operadoras de nuestros teléfonos― a una empresa extracomunitaria, con lo que ello representa en materia de protección de datos… que sería, entre las ilegalidades, seguramente la de menor intensidad, pero de mayor calado económico. Obviamente, antes de trasladar estos datos se ha tenido que acceder a ellos y eso apunta a una posición estatal, o paraestatal, de quienes han podido obtener dichos datos… y sigo en el plano de la determinación de la autoría.

Si a alguien le cabe aún alguna duda acerca de que quien hizo esto lo realizó al margen de la legalidad, valga otro ejemplo que nos lleva no a descartar, porque no hay que descartar a nadie, pero sí a poner serios reparos a la “versión oficial” sobre la autoría del CNI con respaldo del Supremo. Se trata del hecho de que hayamos sido espiados tanto aforados (que gozan de inmunidad) como abogados, Andreu Van den Eynde, Josep Costa o yo que, durante el periodo de tiempo en que fuimos espiados contábamos con las inmunidades que reconocen el artículo 44.2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el 53.2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), donde estábamos y estamos defendiendo a otros espiados.

Dicho más claramente: es inimaginable que un juez del Tribunal Supremo no haya sabido autorizando, de una parte, espiar a diputados, senadores, eurodiputados y personal adscrito al Parlamento Europeo, así como a abogados, que estas defensas contamos con inmunidad; las consecuencias son de tal gravedad, y me refiero a las consecuencias en Europa (que se verán porque serán devastadoras), que es impensable que esa autorización haya jamás existido.

No existe un solo juez del Tribunal Supremo que no conociese las especificidades de algunos de los espiados ni los impedimentos legales para tales medidas, por lo que la versión oficial sobre el espionaje masivo del que hemos sido víctimas hace aguas por todos lados. En cualquier caso, de existir un magistrado en el Supremo que pudiese saltarse todas esas normas, sería conveniente nos dijesen quién.

Son muchas las aristas que tiene el CatalanGate y, antes de tratar de instalar un relato, debieron estudiarlas todas, porque poco a poco irán quedando en evidencia elementos que desmontan una a una las respuestas que, atolondradamente, nos han tratado de vender como verdades absolutas.

No descarto nada ni a nadie en el plano de la autoría, pero sí descarto lo esencial: que todo esto haya sido legal y contado con respaldo judicial porque no lo ha podido ser.

El relato que se está vendiendo, por ahora, no es más que una cortina de humo o, dicho de otra forma, están poniendo migas de pan para ver si son capaces de conducirnos a una versión oficial que haga imposible cualquier investigación, como sería de creernos la versión de que fue el CNI con autorización judicial del “juez del Supremo”… pero insisto, no descarto a ningún posible autor, solo descarto que esto haya sido legal porque no lo fue.

El problema de precipitarse a dar explicaciones, sin contar con todos los datos ni tener clara la dimensión del escándalo, siempre lleva a resultados nefastos, a resultados que terminan volviéndose en contra de quienes tratan de explicar lo inexplicable sin tener, por ahora, todos los elementos para poder dar una versión coherente, creíble y mínimamente lógica de lo sucedido.

Han salido en tromba a instalar un relato cuando aún no saben todo lo que hay, aún no saben hasta dónde llega esto ni tampoco a quiénes afecta y, además, tampoco parece que sepan cómo sucedió y quién lo hizo. Se está defendiendo sin saber a quién ni el qué y eso siempre tiene unos riesgos que luego se transforman en mortales de necesidad. Mantener la calma suele ser una virtud.

Las responsabilidades tienen distintos planos de exigencia, yo me centro en las legales que, en principio, son por acción, pero en el plano político también las hay y pueden ser por acción o por omisión. La reacción de algunos ha sido tan brutalmente irracional que incluso si solo tenían responsabilidad por omisión parece que se están adentrando al plano de la acción, al tratar de impedir que los hechos se investiguen.

El CatalanGate no ha hecho más que comenzar y aquí ocurre como cuando un sumario está secreto: el mejor consejo es no declarar hasta ver todo lo que hay porque todo lo que se diga, actuando a ciegas, podrá terminar siendo falso o estar mal dicho.

El CatalanGate es, sin duda, uno de los mayores escándalos políticos no ya de España sino de Europa porque quienes lo montaron y ejecutaron no eran conscientes de las dimensiones de sus delitos o, peor aún, pensaron que el manto de impunidad con el que ya venían actuando les cubriría más allá de los Pirineos. Esta vez se han caído con todo el equipo y es cuestión de tiempo que así se demuestre y creo que, a estas alturas, todos saben que si algo tenemos es templanza, paciencia y persistencia.

Tanto si España quiere como si no, existirá una “investigación efectiva” de estos hechos y, al final, veremos cómo ni esto era legal ni mucho menos democrático porque ni siquiera en contra de los enemigo todo vale… Tiempo al tiempo que esto solo está comenzando.

elnacional.cat