SOS Racismo presenta su informe sobre el estado del racismo en el estado español 2024

Las Oficinas de Información, Atención y Denuncia recogieron, a lo largo del año 2023 un total de 569 denuncias relacionadas con incidentes racistas y/o discriminatorios. El racismo institucional, las agresiones y conflictos racistas, la limitación en el acceso a prestaciones y servicios públicos y privados, así como la discriminación laboral vuelven a copar las principales intervenciones.

En el informe, publicado ya en la página web de la Federación (www.sosracismo.eu), se recogen 569 actos racistas en todo el Estado, de los que la mayor parte tienen que ver con el conflictos y agresiones racistas, racismo institucional, siguiéndoles los casos relacionados con la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, discriminación laboral, denegación de acceso a servicios privados etc.

Estas cifras en palabras de Elena Stasi, autora del informe, están influidas por un cambio metodológico que ha realizado el equipo de trabajo ya que “Durante el año 2023, se han afinado y perfeccionado los criterios a la hora de calificar la situación como caso de discriminación, para así poder ofrecer una “fotografía más nítida” de la situación. Esta evolución del trabajo no sólo redunda en un mejor diagnóstico de lo que sucede en nuestras calles, barrios, pueblo y ciudades, sino que aporta una mayor y mejor información para nuestras propuestas”.

Dentro del análisis de los datos, el informe señala que los casos relacionados con el racismo institucional que ocupan el 34% de total de casos (215 casos), seguidos por los casos relacionados con conflictos y agresiones racistas que suponen el 19% (117 casos), un 14%. A estos casos se le añaden 87 de denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (14%) y 79 casos de denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (13%), mostrando un escenario en el que tanto lo público como lo privado limitan el acceso de las personas racializadas a servicios y prestaciones que deberían estar disponibles para todas las personas sin discriminación alguna.

Como en los últimos años, una de las preocupaciones más importantes de la Federación -por lo que suponen como termómetro de la convivencia en el estado español-, son los conflictos y agresiones racistas tanto en el espacio público (60 casos), entre vecinos (23 casos) así como en otros ámbitos (34 casos), como por ejemplo, en las viviendas particulares, salones de juegos y/o espacios privados. Unas cifras que en palabras de la autora del informe “muestran el efecto en el día a día de los discursos que aparecen en la esfera política, mediática y redes sociales. Un efecto que normaliza la discriminación y el racismo hacia las personas racializadas en nuestro país y que debemos confrontar si queremos revertir la situación actual.”

Entrando en el trabajo realizado en este 2023 para dar respuesta a estos casos, hay destacar el importante número de casos judicializados por parte de los territorios implicados en la elaboración de este informe que suponen más de 290 casos que están pendientes de resolución y que aunque suponen gran parte del trabajo de los territorios miembros, es un trabajo que es asumido, en muchos de los casos, por los fondos propios de las entidades y que año a año va creciendo.

Como novedad en este informe 2024, se ha introducido dos capítulos monotemáticos centrados en el análisis del “racismo policial” y del racismo que enfrentan las personas racializadas que desempeñan su labor en el ámbito del empleo doméstico de cuidados.

En el caso del Racismo policial, en este año en el análisis desglosado de los casos de racismo institucional (215 casos), el 83% de los casos corresponden al racismo policial. Lo cual, desde el punto de vista de la Federación, merece una reflexióncomo sociedad en la medida que los casos se repiten en todos los territorios implicados en este informe.

Tratos hacia las personas racializadas como “¿Ves qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¡Vete a tu puto país, vete a tomar por culo!”, dirigirse a una persona afrodescendiente como “negro de mierda”, agresiones en comisaría o malas prácticas en las detenciones son algunos de los casos recogidos y en muchos casos en vías de resolución judicial.

“A los 20 años, fue detenido por seis agentes ARRO en la localidad de Sant Feliu de Sasserra por un delito que no había cometido, y por el cual posteriormente fue absuelto. A pesar de no oponer resistencia, según informa el mismo atestado policial, en el marco de la detención fue sometido a agresiones físicas y psíquicas, vejaciones, insultos racistas e incluso un disparo que no llegó a acertarle, pero que, según el agente, de no haber fallado “le habría reventado las costillas con la bala”. Le lanzaron bolsas de basura, lo sacudieron, le oprimieron el cuello mientras estaba en el suelo, le gritaron todo tipo de insultos racistas, pronunciaron frases amenazadoras como “te daría una hostia que te dejaría blanco”, “racista no, el siguiente”, “mírame a los ojos, ¿has visto alguna vez al demonio tan cerca?, es lo más cerca que verás al demonio”, “¿no te ha quedado la cara bastante clara aún?” y poniendo énfasis en negar su condición humana; todo esto mientras otros agentes observaban sin intervenir”.

Para mejorar la situación de las vivencias que sufren las personas racializadas en nuestro país, la federación presenta sus propuestas en forma de decálogo” para evitar que en esa fotografía anual que realizamos se incorporen nuevas víctimas a través de nuevas formas de ejercer la violencia que ya no pasan únicamente por la violencia directa, sino también por formas más sutiles como la violencia estructural o cultural. Diferentes fórmulas que buscan negar derechos diversos sectores de la sociedad y que en pleno año 2024 sigue teniendo personas, grupos y partidos políticos que lo defienden.

Propuestas que abarcan “Normas jurídicas y políticas integrales que aborden la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal y desde una mirada antirracista y feminista desde instancias europeas, estatales y territoriales.”, el “Desarrollo de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación”, la apuesta por un “nuevo modelo policial”, por “nuevas formas de gestión de los conflictos” y una necesaria apuesta que implique el paso de la lucha contra el racismo a la generación se “sociedades antirracistas”.

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