Sumar y IU despiden a 15 trabajadoras del Ayuntamiento de las Cuevas de Píñar en Granada

Casi 30 empleadas municipales en un pueblo de 1100 habitantes despedidas de un día para otro justo tras tomar posesión la nueva corporación tras las elecciones de mayo. Unos contratos en fraude de ley mantenidos por varios gobiernos a lo largo de los años y que ahora el alcalde, en su tercer mandato, decide ponerles fin de la noche a la mañana. Los hechos ya están denunciados por el sindicato CNT en nombre de 15 de las trabajadoras, que entienden que lo que ha hecho el Ayuntamiento es un despido colectivo saltándose todos los cauces legales.

Fue el pasado 23 de junio cuando el Ayuntamiento de Píñar, a media hora de Granada capital, anunciaba en Facebook el cierre de las cuevas, su gran atractivo turístico y uno de los principales de la provincia, recibiendo al año alrededor de 45.000 visitas. Se trata de un yacimiento arqueológico protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y acondicionado para la visita en su espacio más importante, la Cueva de las Ventanas, que está gestionado directamente por el consistorio de la localidad. El motivo era el despido de las 7 guías en ese momento en activo en las mismas, además de al menos otros 20 empleados municipales, incluidas trabajadoras de ayuda a domicilio.

El alcalde de Píñar, Granada, pone fin de la noche a la mañana contratos municipales en fraude de ley mantenidos durante años por varios gobiernos con un despido colectivo ya denunciado por CNT.

El sindicato CNT denunciaba la semana pasada que 15 de estas trabajadoras han presentado una demanda ante los juzgados de lo Social de Granada por considerar que lo que se produjo fue un despido colectivo -dado el reducido tamaño del Consistorio- en el que se saltaron todos los requisitos legales, incluido el periodo de consultas de 30 días. Empleadas y ayuntamiento coinciden en algo: sus contratos estaban en fraude de ley y era necesarios regularizarlos. Lo que no encajan son las vías para arreglarlo, ya que el sindicato pide su readmisión y un proceso de regularización que respete a las 25 empleadas en bolsa hasta ese momento.

Soluciones locales “alegales” para necesidades laborales municipales

El alcalde de Píñar, Eloy García Cuenca, salió reelegido el pasado 28 de mayor por tercer mandato consecutivo por una mayoría de 6 concejales de 9 sobre tres del PSOE, los mismos resultados que en 2019. El regidor, consultado por El Salto Andalucía, admite que mantenía la bolsa de trabajo rotatoria —las trabajadoras que pasaban el proceso de selección eran contratadas por turnos, pasando seis meses al año en paro y otros tantos empleadas—, ilegal desde 2021 por la reforma laboral, y una ayuda a domicilio de carácter municipal alegal, todo a sabiendas de que contravenía la normativa. Pero alega que lo hacía por necesidades de municipios pequeños como el suyo que “administraciones como el Gobierno central o la Junta de Andalucía no entienden”.

El alcalde de Píñar admite a 'El Salto' que contravenía la normativa en la bolsa de trabajo municipal, porque “las administraciones más grandes no entienden las necesidades de municipios pequeños como el suyo”.

García Cuenca ha explicado que su ayuntamiento pidió poco después de los despidos, cinco personas que cumpliesen los requisitos para guiar en las cuevas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y otras tantas trabajadoras al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la ayuda a domicilio, y que el municipio tiene “presupuesto y voluntad” para cubrir dichos servicios. Excusa los modelos irregulares “porque es mejor que coman 25 familias rotándose que solo cinco”, en el caso de la bolsa de trabajo, y porque “la ayuda a domicilio tarda mucho en ser concedida por parte de la Junta, tanto antes con el PSOE como ahora con el PP, y nuestro pueblo tiene una población muy envejecida, así que creamos una ayuda municipal, aunque la ley no la contempla, para hacer de puente entre que se les aprobaba y les llegaba”.

La cuestión sería por qué regularizarlo ahora y con este despido drástico que ha provocado la denuncia sindical. Según García Cuenca, el motivo ha sido el relevo en las concejalías del PSOE (en Píñar desde 2011 el PP no tiene representación y el techo histórico de la derecha han sido dos ediles de UCD en 1979, alternándose gobiernos socialistas y de IU). La nueva líder de la oposición, Inmaculada Oria, hasta este abril diputada en Cortes por la provincia de Granada y que ya fue alcaldesa entre 2007 y 2011, había prometido poner la lupa sobre todos los contratos municipales.

“Los anteriores responsables del PSOE eran personas del pueblo que entendían las circunstancias”, asegura el alcalde. “Pero yo ahora me arriesgo a que esta concejal me denuncie por prevaricación, así que he preferido evitarlo. El problema es que las leyes que se hacen desde Madrid o Sevilla no entienden que existen pueblo como Píñar, que tienen una población muy mayor y necesitan fijar a los jóvenes con empleo, pero donde las administraciones no tenemos más herramientas para crear trabajo que este tipo de bolsas”.

La versión de Oria, por supuesto, es otra. En el primer pleno de la nueva corporación, el 6 de julio, asegura que García Cuenca le ofreció firmar la readmisión de todas las despedidas -que incluyen empleados de otros servicios, como el gimnasio municipal- si ella se hacía responsable legal junto al propio regidor de sus contratos en fraude. La edil se negó por desconocer las condiciones, pero afirma que quiere que se recuperen los empleos. También admite que sabía de la irregularidad de la bolsa de sus etapas anteriores en el ayuntamiento, pero que cree que el gobierno municipal “tenía muchas más opciones antes de despedir de golpe a 30 personas”.

Matar mosquitos a cañonazos

CNT, por su parte, asegura que el alcalde ha “matado mosquitos a cañonazos”. Además de recortar “un servicio esencial como la ayuda a domicilio”, lo acusan de “cerrar el principal activo económico del pueblo” y realizar toda la operación con “opacidad y falta de claridad”. Añaden la admisión del conocimiento del fraude de ley de los contratos, pero también exigen la readmisión y estabilización. “La gravedad radica en la torpeza e irresponsabilidad del Ayuntamiento, que ha demostrado un nulo interés por la situación de las trabajadoras, habiendo tenido tiempo suficiente para estudiar una solución”, indican, anunciando movilizaciones por concretar.

“El alcalde de Píñar ha recortado un servicio esencial como la ayuda a domicilio y ha cerrado el principal activo económico del pueblo con una operación realizada con opacidad y falta de claridad”, CNT.

Los vecinos, por otro lado, guardan un prudente silencio. Los locales de hostelería relacionados con la gestión de las cuevas, a consultas de este diario, se han negado a pronunciarse sobre el tema, y otros vecinos y trabajadores cercanos al resto de servicios eliminados -ayuda y gimnasio- no han querido aparecer con sus nombres. Lo curioso es que se produce un cruce de acusaciones no tan raro en los pueblos pequeños: los partidarios de García Cuenca aseguran que en el pasado fueron los gobiernos del PSOE los que utilizaron la bolsa rotatoria para ganar adeptos –“imagínate, 10 familias en un pueblo donde 20 votos dan la mayoría absoluta”-, y los de los socialistas, o simplemente contrarios al alcalde, afirman que ha sido él quien ha “pagado favores que ahora intenta disimular”. Las trabajadoras prefieren no participar y pronunciarse a través de sus representantes sindicales mientras el caso no se resuelva judicialmente, aunque algunas de ellas si apuntan a que algunos vecinos han llegado a acusarlas de “enchufadas” a pesar de haber tenido que pasar un proceso de selección y necesitar un título de turismo para acceder a sus puestos.

La paradoja de Píñar parece la de muchos pueblos de la Andalucía interior: ausencia de empleo, dependencia del turismo, los servicios o el sector público, población en envejecimiento… pero herramientas poco claras, con usos fraudulentos y en ocasiones directamente mafiosos para la creación de puestos de trabajo. En este caso, con 30 personas despedidas en condiciones opacas y un cruce de acusaciones en el que todo el mundo reconoce el fraude. La respuesta, en los tribunales.