Trabajadoras del hogar, entre avances y cuestiones pendientes

[Foto: Integrantes de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza.]

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado un Real Decreto que pretende regular la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

Para el ente gubernamental, a modo de resumen, los principales hitos de la norma son: "la inclusión de la realización gratuita de los reconocimientos médicos en la cartera de servicios comunes" dentro del sistema público de salud; la elaboración de "una herramienta gratuita que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos"; la futura publicación de una "guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico"; la puesta a disposición de las trabajadoras de "un Protocolo en caso de acoso"; y que para "garantizar el derecho a la formación se publicará una herramienta gratuita", dicha acción formativa se realizará durante el horario laboral, o bien fuera de la jornada pero con compensación mediante tiempo de descanso equivalente.

Una cuestión no incluida en la nota facilitada por el Ministerio, es la necesaria advertencia de que se calcula que buena parte de las medidas adoptadas no entrarán en en vigor hasta enero de 2026. El motivo es la necesaria implementación de la plataforma y aplicaciones que harán posible el cumplimiento de dichas medidas. A su vez el anunciado protocolo para situaciones de violencia y acoso tendrá que elaborarse en un plazo, máximo, de un año.

Cuestiones pendientes

Aunque el Ministerio habla de que este Real Decreto "termina un camino" en el reconocimiento de derechos del colectivo, no parece ser una opinión compartida por el mismo, o cuando menos, por una parte importante. Al mismo tiempo que ponen en duda que "el diálogo con las organizaciones sindicales y plataformas representativas del sector" planteado por le Ministerio responda a una realidad completa.

En este sentido Mariana Urcuyo, del sindicato LAB, destaca la “enorme falla” que provoca la autoevalución de los riesgos laborales que propone el decreto. Según se dispone en la nueva norma será el empleador quién indicará, mediante las futuras herramientas on line, si la trabajadora del hogar recibe las EPI, si el domicilio está preparado para la prevención de de lesiones o si existe disposición de cuarto propio. Urcuyo también señala la falta de un registro de entradas y salidas en un sector con una extensa jornada laboral, que incluye 40 horas semanales más otras 20 presenciales en el caso de las trabajadoras internas. Además la sindicalista recuerda que son constantes los incumplimientos del derechos al descanso ininterrumpido durante 36 horas.

En esas mismas declaraciones y reflexiones recogidas por El Salto, Urcuyo considera que la exigencia de “sigilo profesional sobre la información relativa al hogar familiar a la que tuvieran acceso”, incluida en el el artículo 7.3 de la norma, supone coartar "la libertad de las mujeres, no solo en los posibles casos de acoso sexual, también en lo que respecta a cualquier otra problemática laboral. Si vos sos ilegal, si no tenés derecho a quejarte ni a descansar, ¿cómo podemos sacar a la luz la verdadera situación que ocurre en la intimidad de esos domicilios?”

En una comunicación de prensa anterior, Urcuyo ya ponía el foco en otra de las grandes reivindicaciones a las que las normas estatales aprobadas no dan salida: la falta de un convenio colectivo para el sector. El sindicato LAB está convencido de que disponer de un convenio propio evitaría tener que combinar dicho real decreto con el Estatuto de los Trabajadores, y permitiría dar respuestas a situaciones graves de derecho laboral en el empleo de hogar; sobre todo en temas de la pernocta y el régimen interno.

9.801 trabajadoras dadas de alta, ¿Cuantas en situación irregular?

En Aragón 9.801 personas están dadas de alta como trabajadoras en el servicio del hogar, aunque se calcula que existe un importante volumen de ellas que están en situación irregular y quedarían fuera de este cálculo, así como del reconocimiento de derechos iniciado en 2022 al que aún le queda un tránsito importante como podremos comprobar.

De hecho, esta situación de irregularidad no ha sido afrontada hasta ahora por la normativa y, aunque no existe un cifra rigurosa del fenómeno a nivel estatal, el INE en el 2022 reconocía 545.700 personas trabajando en este sector, mientras las dadas de alta en la Seguridad Social ese mismo año eran algo mas de 360.000. La comparación de ambas cifras podría dar una idea de la urgente necesidad de una regularización efectiva para este colectivo de trabajadoras.