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Vacuna del virus del papiloma humano
La Sanidad Pública se escapa al control "democrático" de las instituciones en general, pero mucho más al de los ciudadanos, aunque el gasto corra a cargo de estos y también el despilfarro. Sólo el Ministro de Sanidad parece tener la palabra.
Con la reducida experiencia de seis años de evolución y sin que sus efectos sean conocidos, sin que se sepa siquiera las consecuencias sobre la población, el Ministro de Sanidad ha aprobado la vacuna, con los mismos datos con los que la anterior Ministra había decidido una razonable moratoria.
El pasado día 15 de mayo Carmen Mosquera Tenreiro, Médica Epidemióloga de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias, impartió una conferencia sobre la oportunidad o no de la medida del Gobierno de proporcionar la Vacuna del Virus del Papiloma Humano a las niñas de 9 a 14 años con cargo de la Seguridad Social.
A lo largo de la conferencia, muy detallada, técnica y asequible, y en base los datos disponibles que la Dra. expuso, no parece haber ningún argumento técnico o científico que justifique tal medida. Sólo las razones económicas en favor de los laboratorios pueden soportar algún argumento consistente en qué apoyar la decisión. Por otra parte, sí se puede llegar a justificar cuando se crea una psicosis colectiva en la que su generalización acaba por hacer verdad y norma lo que no es. Es decir, primero se crea la enfermedad o epidemia, como ya ha sucedido en más de una ocasión y, después, todas a medicarse o, como en este caso, a vacunarse.
El virus tiene un período de desarrollo de 10 a 30 años. Se trata de una infección de transmisión sexual por la piel, no por el semen. La parte susceptible de infección es el cuello del útero, pero también el pene y el ano, aunque estas dos infecciones no se mencionan en la campaña.
Para la mujer, la principal y más importante causa de muerte es la cardiovascular, seguida de las cerebrales y, en tercer lugar, los tumores en el que el cáncer de cérvix (o del cuello uterino) ocupa el noveno lugar con una incidencia mínima.
La protección se limita al preservativo y, en el caso de las mujeres, la prevención recomendada es la de realizar una citología del cuello uterino (Papanicolau) cada tres años para las menores de 50 años y cada cinco cuando superan los 50 años. No tiene ningún sentido hacerla con menor frecuencia como así lo afirmó la Dra. Carmen Mosquera, dado el largo período de desarrollo del virus.
De las numerosas variantes de este virus, la vacuna sólo cubre, según la propaganda de los laboratorios el 70% de los virus, pero no se cita para qué países ni en qué regiones, cuando la incidencia de este tipo de tumor es muy variable dependiendo del país que se trate; y, cuando precisamente España es uno de los países con menor incidencia en estos tumores. En cambio, y contrariamente a lo dicho por los laboratorios, en una de las áreas sanitarias de Asturias, en Avilés, los datos obtenidos es que la vacuna sólo podría cubrir el 40% de los virus, no el 70% como afirman los laboratorios.
Con cualquiera de las cifras, y en todo caso, la realización de la citología sigue siendo necesaria como medida preventiva. En el conjunto de España, sólo el 70% de las mujeres han hecho al menos una citología a lo largo de su vida, mientras que el 30% no la ha realizado nunca. Esto explica que sólo este 30% de mujeres sean las más afectadas porque la detección de la infección se realiza después de muchos años de evolución. Todo indica que una campaña eficaz, y barata, debiera dirigirse precisamente hacia este grupo de mujeres. (En Asturias el 80% de la mujeres han realizado al menos una citología y, de estas, el 75% la realiza con frecuencia)
Los recursos siempre son limitados, escasos, incluso los dedicados a la sanidad. (Basta con ver las listas de espera en patologías que afectan, no sólo a la calidad de la vida, sino a otras cuya trascendencia puede ser grave o incluso mortal).
La vacuna tiene un período de vigencia de seis años y desde el punto de vista científico nada se puede asegurar sobre sus efectos. Incluso se desconoce si transcurrido este período hace falta otra vacuna o puede ser suficiente una vacuna de refuerzo. Tampoco se sabe el nicho que puedan ocupar el resto de los virus no afectados por la vacuna ni cómo evolucionarán. En resumen, no parece opinable la conveniencia o no de la vacuna cuando se trata de de un virus con un desarrollo de hasta 30 años, mientras que los datos disponibles para validar o no su eficacia sólo llegan a los seis años y cuando en este corto período no se ha llegado a ninguna conclusión. (Entiendo que la decisión de ¡¡¡vacunemos a ver qué pasa!!! es una temeridad)
Sólo puede darse como válido un experimento científico cuando este puede volver a repetirse, sólo así sus conclusiones son válidas. En el caso de la vacuna, como en tantos otros, son además, las estadísticas y un seguimiento realizado con todos los requisitos técnicos y metodológicos de rigor, los que pueden dar credibilidad o no a la conveniencia de la vacuna y, saber así, si es aceptable y en qué grado, además de conocer y valorar sus efectos secundarios.
Hasta ahora lo único que sí sabemos con certeza es que cada vacuna cuesta a la Seguridad Social 500 euros, pero nada sobre los resultados que se pueden esperar. Ni siquiera se conocen los efectos secundarios que puedan tener en las niñas que ahora se vacunen.
De lo que no hay duda alguna es que han de seguir realizándose citologías y que el Ministerio sí debiera propiciar la citología a ese 30% de mujeres que no la han realizado nunca o las que la realizan raramente. En cambio el Ministerio de Sanidad, sin nada demostrable que poner encima de la mesa -no lo hay-, está dispuesto a gastarse 125 millones de euros, cada año, sin que saber para qué.
La conferencia de la Dra. Carmen Mosquera finalizó recomendando la web que publica el documento elaborado por profesionales de la sanidad en donde dan las razones para la moratoria de la vacuna y solicitan, mediante la recogida de firmas, su moratoria.
Nota.
Documento adjunto:
RAZONES PARA UNA MORATORIA EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ESPAÑA
El CAPS, asociación científica socio-sanitaria, independiente y sin ánimo de lucro, aloja en su web este documento, que firman profesionales y ciudadanía independiente, a título personal.
Recientemente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado luz verde a la inclusión en el calendario vacunal en España, con cargo al sistema sanitario público, de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta decisión se ha tomado a pesar del alto precio de las dosis y de las dudas más que razonables sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir un número sanitariamente relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas, comparado con las actuales prácticas preventivas.
Si la vacuna se aplicara a partir del año que viene supondría, sólo en costos de compra del producto (464,58 por persona), sin tener en cuenta el aparato logístico que deberá desarrollarse ex novo para alcanzar una cobertura significativa en cada cohorte de niñas, del orden de unos 125 millones de euros anuales. Para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, dentro de al menos 30 años, el SNS se habrá gastado unos 4.000 millones de euros. Prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix, entonces, habrá costado al SNS 8 millones de euros, sin ahorrar un solo euro en el dispositivo actual de detección precoz por citología y tratamiento, pues se recomienda seguir desarrollando estas prácticas aún en poblaciones vacunadas. Lo abultado de las cifras arroja serias dudas sobre el costo oportunidad de la medida, con esta cuantiosa inversión. ¿Cuántas otras iniciativas en prevención o atención sanitaria, se podrían hacer y no se harán? ¿Qué se dejará de hacer de lo que ya se hace, para nivelar los presupuestos?
Los altísimos costos de la vacunación, atacan a la sostenibilidad financiera no sólo del calendario vacunal español, sino de todo el sistema de servicios de salud pública. Sin embargo, el coste no es el único problema grave: la vacuna del VPH ha sido promocionada ante la opinión pública, los sanitarios y los decisores políticos como una vacuna eficaz en la prevención del cáncer de cuello uterino y el sufrimiento que acarrea en las mujeres, cuando esto no es cierto. Sencillamente, esta evidencia científica aún no existe. Los ensayos sobre la vacuna no han podido ver su efecto en la prevención del cáncer, ya que éste tarda mucho en desarrollarse; además, hay posibilidades reales, comprobadas, de cortar el proceso antes de que el cáncer se desarrolle, tanto mediante la inmunidad natural como con el cribado de lesiones precancerosas y su tratamiento. El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta ahora ha sido de 6 años (y es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento hasta ahora tiene tan sólo 3 años. Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo para ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las no vacunadas. En países como España, con una incidencia del problema tan baja, esperar debería ser la conducta lógica.
Ciertamente, con la información disponible es razonable esperar que la vacuna acabe demostrando dentro de años que previene algunos cánceres de cuello uterino. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes otros factores: la historia natural de la enfermedad (de evolución lenta), la efectividad de los programas de cribado (alta si el sistema cumple con sus obligaciones), que la vacuna no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos, y que España es un país con baja incidencia de cáncer de cérvix. Por todo ello, es probable que en nuestro país el número de cánceres prevenidos no será muy grande.
También se han planteado objeciones razonables relacionadas con la duración de inmunogenicidad –aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo o no–, y sobre el comportamiento de los serotipos no incluidos en la vacuna, que quizás ocupen el nicho ecológico de los ahora incluidos. Hay ejemplos recientes de las consecuencias del uso de la vacuna neumocócica sobre la aparición de serotipos no cubiertos con la vacuna que son multiresistentes a los antibióticos y que causan enfermedad neumocócica invasiva.
Ante esta situación de utilidad aún no demostrada, altos costes para el SNS y prevalencia baja, la decisión más racional sería, y es, esperar a que se acumule más evidencia científica.
¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible cuando se trata de defender el bien público? Obviamente, la industria farmacéutica y especialmente las compañías promotoras llevan años desarrollando estrategias de cooptación y creación de un clima de opinión favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un problema, y de que luego ellos, precisamente, tenían la solución. Las estrategias de disease mongering –invención o exageración de enfermedades para introducir luego un producto farmacéutico– han sido criticadas duramente y con toda razón desde la deontología publicitaria por el abuso de la buena fe y de la aspiración a no sufrir enfermedades que naturalmente tienen la población y los políticos, a menudo legos en cuestiones sanitarias. El caso que nos ocupa supone la consideración novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso; y además con el énfasis, sin duda interesado, en la –no demostrada– prevención del cáncer de cuello uterino en España.
La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están en sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia hormonal sustitutoria, y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una "enfermedad" previamente inventada, no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud.
Por todo lo anterior, los firmantes de este texto pedimos al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Consejerías de salud de las CCAA una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH. Nadie ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello, solicitamos abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones reales y de realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos datos. Todo ello permitirá solventar las dudas razonables que existen sobre la idoneidad de este programa de vacunación para España.
