Estado español :: 13/06/2014
Valoración del Rodea el Congreso del 11 de junio
En las próximas convocatorias de la Coordinadora 25S no vamos a permitir que la violencia institucional impida la puesta en práctica de nuestros derechos.
La Coordinadora 25S había convocado una concentración en la Plaza de Neptuno para hoy miércoles 11 a las 12:30h, bajo el lema “Monarquía ¡¡ABOLICIÓN!! El pueblo decide”, con carácter pacífico, para dar expresión a un sector muy importante de la sociedad que quiere ser consultado sobre la forma de Estado, pero también sobre otras cuestiones claves que afectan a nuestra vida, tal como son el modelo económico, el modelo territorial o de relaciones internacionales.
La convocatoria era perfectamente conocida por la Delegación del Gobierno, porque tuvo una difusión significativa en los medios de comunicación. No pueden por tanto alegar que no estaba comunicada.
Desde dos horas antes del momento previsto para el inicio de la concentración en Neptuno, todas las bocas de metro y las calles adyacentes a la referida plaza, estaban tomadas por las fuerzas de las Unidades de Intervención Policial, con un despliegue de 50 furgonetas con sus correspondientes dotaciones así como al menos una docena de patrullas a caballo y un helicóptero. El objetivo de este desproporcionado y costosísimo, desde el punto de vista económico, despliegue policial, era impedir que una concentración pacífica y democrática de ciudadanos y ciudadanas se llevara adelante.
Centenares de personas, particularmente jóvenes, que pretendían acceder a la Plaza de Neptuno por el metro o a través de las diversas calles que confluyen en ésta, eran conminadas bajo amenazas a que se alejaran de Neptuno y de sus zonas aledañas. Los pocos centenares de personas que conseguimos acceder a Neptuno fuimos objeto de empujones hasta que, de forma violenta, lograron desalojarnos hasta el bulevar del Paseo del Prado. Similar trato recibieron los numerosísimos periodistas que estaban cubriendo sobre el terreno la información.
La Delegada del Gobierno en Madrid y el Jefe Superior de Policía de la Comunidad, nos tienen tristemente acostumbrados a una práctica de violación continua de los más elementales derechos constitucionalmente reconocidos. En esta ocasión sus órdenes tenían también la finalidad de que, además de impedir los derechos fundamentales de manifestación y expresión de la ciudadanía, se viera también impedido el derecho a la libertad de información, es decir de la libertad de prensa.
Desde la Coordinadora 25S consideramos que lo ocurrido hoy en Neptuno y proximidades es una ataque a las libertades y una flagrante vulneración de nuestros derechos ciudadanos. En este sentido vamos a poner una denuncia por vía penal contra la Sra. Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid, por vulneración de derechos fundamentales. Asimismo enviaremos un informe con los hechos ocurridos a los diversos grupos parlamentarios que se han opuesto a la Ley de Sucesión, para que hagan las pertinentes preguntas al Ministro del Interior en sede parlamentaria sobre los hechos acontecidos. También comunicaremos lo ocurrido a diversos organismos internacionales, como la OSCE y Amnistía Internacional, a través de un dossier para que procedan a su valoración.
Por último queremos manifestar que, siendo la posición de la Coordinadora 25S y de las y los participantes en las movilizaciones que ésta convoca, totalmente pacíficas, recibimos sistemáticamente un tratamiento de violencia institucional que impide el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Anunciamos que de ninguna manera vamos a renunciar a nuestro legitimo derecho a manifestarnos y por lo tanto en las próximas convocatorias de la Coordinadora 25S no vamos a permitir que la violencia institucional impida la puesta en práctica de nuestros derechos.
Queremos informar a la opinión pública de que el comportamiento de la Delegación del Gobierno y de las Fuerzas de Orden Público, es completamente ilegal e ilícito al impedir violentamente el libre ejercicio de nuestros derechos de expresión, manifestación e información, cuestión que es absolutamente intolerable.
Si algún problema se deriva del intento de impedir a la población el ejercicio de estos derechos, ello será única y exclusivamente responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid y de la Jefatura superior de Policía en esta Comunidad.