[Video] Emergencia sanitaria y derecho a decidir. Protejamos a la clase trabajadora, no al capital

Los sindicatos CIG, ELA, LAB e Intersindical-CSC, de Galiza, Euskal Herria y Països Catalans, suscribimos en febrero una “Declaración por una agenda social y el derecho a decidir”.

En dicho manifiesto constatamos el auge de la extrema derecha y el deslizamiento hacia el autoritarismo de buena parte del arco político del Estado español, así como la negativa a una solución política basada en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Así mismo, reclamamos al nuevo Gobierno la derogación de las leyes antisociales impuestas en la última década y el derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social.

Dos meses más tarde, ante esta situación de excepcionalidad, queremos trasladar las siguientes reflexiones:

1. Los sindicatos firmantes situamos la crisis de salud pública dentro de una crisis capitalista. Como venimos denunciando desde hace años, esa crisis sistémica conlleva una crisis de cuidados, de recortes en los servicios públicos, de precarización e individuación laboral y social y, consecuentemente, de ruptura de los vínculos sociales.

2. Una nueva muestra de la falta de soberanía de nuestras respectivas naciones. Denunciamos la utilización de la pandemia del COVID-19 para imponer un artículo 155 encubierto, invalidando la ya de por sí insuficiente autonomía de nuestros territorios. Asistimos a una campaña de propaganda unionista con desfiles militares incluidos, que no busca aunar esfuerzos para hacer frente a la crisis sanitaria, sino utilizar la crisis sanitaria para anular la capacidad de decidir sobre cuestiones fundamentales para la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestras naciones.

Reclamamos el derecho a decidir para hacer frente eficazmente a la crisis sanitaria así como a los retos económicos, sociales y políticos que deberemos enfrentar durante y después de dicha crisis.

En esta situación excepcional que estamos viviendo, para nuestros sindicatos es prioritario limitar la expansión del COVID-19 y adoptar medidas para cuidar de la salud de las y los trabajadores y de la ciudadanía. Al mismo tiempo se necesitan medidas sociales para que las consecuencias de esta crisis no recaigan exclusivamente en la clase trabajadora.

Las medidas que están adoptando el gobierno español y los gobiernos autonómicos confinan los derechos, vienen tarde, son injustas, son insuficientes para la clase trabajadora y para los colectivos más vulnerables.

- En primer lugar, se debe proporcionar a todos los trabajadores y trabajadoras que realizan actividades esenciales todas las medidas de protección que necesitan. También se debe garantizar el número necesario de trabajadores y trabajadoras para poder realizar su trabajo de forma adecuada, para poder cuidar su salud, y para que estos trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades esenciales no propaguen la enfermedad.

- Desde nuestros sindicatos hemos exigido la paralización de todas las actividades no esenciales. Para poner límites a la pandemia se precisan medidas de confinamiento más estrictas; esto es algo que también ha reclamado la comunidad científica.

El gobierno español decretó el cierre de las llamadas actividades no esenciales. Esta medida llegó tarde y con una gestión desastrosa a la que se suma la posterior publicación de una nota aclaratoria para intentar modificar el decreto. En menos de 48 horas, ha terminado cediendo ante las presiones del poder económico mediante una decisión fraudulenta en nuestra opinión desde una perspectiva democrática y jurídica.
Hoy más que nunca, son necesarias políticas públicas y concentrar todos los recursos en favor de las mayorías sociales para adoptar todas las medidas para una protección social sin exclusiones, que garantice el empleo, los salarios e ingresos dignos para toda la clase trabajadora.

Se necesitan medidas más audaces para asegurar una financiación pública, vía impositiva a las grandes fortunas y las grandes empresas, la intervención pública de sectores estratégicos de la economía, hoy en manos privadas (banca, eléctricas, etc); son algunas de las medidas justas y necesarias, dejando atrás las políticas neoliberales.

Los cuatro sindicatos queremos subrayar el compromiso cívico de que están haciendo gala la ciudadanía en su conjunto, y en especial las trabajadoras y trabajadores de sectores como la sanidad, limpieza, el cuidado de mayores, la alimentación, el transporte, y en general todos aquellos trabajos que suponen atender y cuidar de la gente, denunciamos que están desarrollando su trabajo sin los medios de protección suficientes ni adecuados, ni con personal suficiente para llevar adelante todas las tareas. La crisis está poniendo en evidencia la importancia del sector público y lo que los recortes de los últimos tiempos han supuesto. Pero además han puesto en evidencia que la vida de las personas debe estar en el centro de las políticas. Si algo demuestra esta crisis es que las profesiones feminizadas son las mas precarizadas y desvalorizadas, y son cruciales para ponerle fin.

También las organizaciones sindicales estamos trabajando en condiciones excepcionales. Por eso hacemos un llamamiento a nuestra afiliación a fortalecer los vínculos colectivos y a comprometerse activamente en la defensa de los más vulnerables, tanto dentro como fuera de las empresas.

Para finalizar, reafirmarnos en los compromisos que ya adoptamos en la declaración de febrero. No vamos a permitir que las consecuencias de esta nueva crisis recaigan en las y los trabajadores, incrementando la pobreza laboral. Vamos a seguir luchando por un modelo basado en la justicia social y ecológica, el feminismo y un reparto más equitativo del trabajo y de la riqueza. Reclamando plena soberanía para construir un espacio socioeconómico, y un marco propio de la relaciones laborales y protección social.