No se puede entender el problema de la violencia política sin conceptuar a la política como la organización y aplicación sistemática de determinadas relaciones de poder, como la articulación de un conjunto de medios para la consecución y la preservación de éste. La política organiza el poder, le otorga forma estatal y viabiliza un proyecto socio-económico de clase. En este marco, la violencia es parte activa de la estructura social, no es sólo un instrumento o medio de lucha, sino sobre todo un modo de conflicto.

El surgimiento de la violencia política está estrechamente vinculado al desarrollo de la propiedad privada, y es sólo en el transcurso de la consolidación histórica de ésta, que la violencia se transforma en manifestación específica de poder social. En otras palabras, posee una base material concreta y no es una constante histórica, por lo tanto es factible su desaparición en una fase superior del desarrollo humano, cuando sea eliminado todo tipo de explotación pues -como señalara Engels- "el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin" (1).

Cuando la ventaja económica, la ganancia, deje de ser la principal motivación de la producción material, cuando el fin de la actividad económica sea la satisfacción de las necesidades del hombre, y no el mero lucro, allí se crearán las condiciones básicas para la extinción definitiva de la violencia política.

No obstante, esta posibilidad histórica se vislumbra lejana, y la violencia continúa siendo componente central de todo el sistema de dominación. De allí que la clase en el poder requiera -a todo nivel- de estructuras que le permitan organizar el control social, minimizar los riesgos de un cuestionamiento revolucionario de la sociedad, y garantizar las condiciones para la reproducción ampliada del poder y del sistema en su conjunto. En esto el Estado desempeña un rol crucial.

Estado y violencia política

El principal organizador y concentrador de la violencia estructural es el Estado, de manera que cualquier intento por legitimar y justificar la violencia ejercida por la clase en el poder, pasa por legitimar el Estado. El objetivo básico que se persigue es despolitizar, desideologizar y neutralizar el Estado, presentarlo como el sintetizador del "bien común" y garante de la "ley y el orden". Para ello es imperativo la imposición de una visión histórica de la naturaleza humana, la sociedad y elaborando, simultáneamente, conceptos abstractos de nación, interés nacional, estabilidad y paz social.

Este tipo de Estado se justificaría por el posible "caos" que devendría en la sociedad humana por el hecho de su inexistencia. Fenómeno que hace más de tres siglos ya debatían los grandes pensadores filósofos y políticos. Según esta corriente teórica -que de una u otra forma sigue vigente- la naturaleza humana es esencialmente egoísta y utilitaria, cada ser lucha por su propia subsistencia, por la satisfacción de sus propios intereses, lo que inevitablemente le lleva a la confrontación permanente con otros seres humanos. Esta situación es la que Hobbes (2) describiera como "la guerra de todos contra todos". Situación superable sólo con apego a un ente no-utilitario, a un órgano que no buscase la satisfacción de intereses particulares, sino que comunes, generales. De allí surge la noción básica y la materialización del concepto del Estado actual como el único capaz de imponer el orden en medio del "caos natural". Es decir, ser un "administrador neutro del conflicto social".

Dicha tesis amerita al menos dos consideraciones. En primer lugar, la naturaleza humana no es egoísta, ni altruista, ni agresiva ni pacífica, ni buena ni mala en si misma, sino que simplemente sintetiza el sistema de relaciones sociales prevaleciente en un momento histórico determinado. La esencia humana en abstracto no existe, esta es concreta y, por sobre todo, dinámica, cambiante, de modo que la hipótesis de una situación natural de guerra permanente solo sirve para justificar la creación y consolidación de un complejo aparato de dominación de clase como es el Estado (analícese, en un grado menor, la lucha contra la delincuencia), además de proyectar la idea de la imposibilidad de transformar el sistema o luchar por una sociedad igualitaria, puesto que el ser humano sería individualista y egoísta en esencia y jamás podría cambiar.

En segundo lugar, es necesario puntualizar que el Estado no es un ente que esté por sobre las clases y la sociedad. Ninguna institución es neutra o poseedora de poder propio, más bien expresa poder social de clase. Es por ello que conceptos y prácticas tales como orden, legalidad, estabilidad, paz social, civilismo, etc., son de carácter tan determinado; la sociedad virtual no existe, ni ha existido, solo existe la sociedad históricamente concreta, de manera que el orden y la estabilidad que se defiende hoy, es el orden y la estabilidad del neoliberalismo. El Estado no es ningún sintetizador del bien común y del interés de un país, sino que de violencia política y, por consiguiente, de poder de un sector de la sociedad sobre otro.

La dimensión ideológica de la violencia

Históricamente a través de diversos medios de socialización -la estructura educacional, los medios de comunicación, entre otros-, la clase dominante ha ido configurando un sistema de valores, normas, conceptos y categorías tendientes a justificar su dominio: su preponderancia monopólica a regir los destinos de la humanidad, sus instancias de organización y la vida de los individuos. Medios entre los cuales la autentificación del uso de la violencia en sus diferentes formas por parte del Estado, su institucionalidad, sus fuerzas armadas y policiales, han sido una constante.

Esta manipulación ideológica se ha sostenido en tres ejes esenciales:

a) Ocultar la violencia estructural propiamente tal.
b) Legitimar la represión institucional.
c) Deslegitimar toda violencia social contra el sistema.

La violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores de la sociedad. De hecho la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia estructural en su conjunto, al capitalismo. Es por ello que Marx y Engels señalaron la existencia de un virtual estado de guerra entre patrones y trabajadores (3), en otras palabras, criticaban la influencia de la violencia económica y de cómo ésta se reproduce a través de todo el sistema consolidándose como violencia estructural.

Mas este modo de abordar el problema no es prerrogativa exclusiva de los clásicos del Marxismo, también -y básicamente a partir de la encíclica Populorum Progressio- la Iglesia Católica, en particular el Movimiento de la Teología de la Liberación, manifestó sin ambigüedad, que "la violencia originaria, raíz y principio de todas las demás violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia" (4).

El ocultamiento de la violencia estructural requiere imponer la idea de la libertad del individuo, de la igualdad de oportunidades, de los beneficios de un mercado abierto a la libre competencia. El esquema de valores imperantes reproduce sistemáticamente la idea de que los pobres, los marginados, son tales sólo debido a la mala suerte de haber nacido pobres o a su propia impericia, a su falta de creatividad y esfuerzos personales. Entonces la injusticia no es tal, pues las naturales diferencias sociales no son más que el resultado de las leyes de funcionamiento del mercado, leyes, que según se argumenta, no responden a los intereses de nadie en particular. Obviamente entonces, al negarse la injusticia social, se está negando también la violencia estructural.

Bajo este marco conceptual surgen las nociones de violencia directa (represiva) y violencia indirecta (estructural). Donde producto de la manipulación y desinformación ideológica, se tiende adscribir un carácter significativamente más negativo a la violencia directa que a la indirecta; se condena el destrozo de la propiedad pública y privada, un secuestro, un atentado, pero no ocurre lo mismo con la miseria, la pobreza, la carencia de vivienda o salud. O, dicho de otra manera, se considera social y culturalmente peor, matar que dejar morir. La clase en el poder juega con la sicología de las personas, con sus emociones y decepciones, a fin de encauzar cualquier signo de descontento, diluir y desviar la atención del impacto de cualquier violencia estructural.

Junto con la legitimación ideológica y política de la existencia y el recurso de las distintas formas de coacción, se deslegitima todo intento de organización popular de la violencia. A pesar que en los discursos oficialistas es frecuente la condena de la violencia "venga de donde venga", en la práctica se busca neutralizar o desarticular únicamente su desarrollo en la base, su forma auto-defensiva u ofensiva, especialmente aquella que se puede erigir como alternativa de lucha política, militar o social.

En consecuencia, la naturaleza clasista del proceso en marcha instituye que la violencia ejercida por el sistema es positiva y necesaria. Es decir, toda consideración moral acerca de la violencia política, tiene que ver con el sistema de valores que éste estime necesario para lograr la estabilidad del mismo. Por eso se critica el uso de la violencia en política, en la misma medida que se crean organismos de seguridad y de lucha antisubversiva, y aumentan los presupuestos de las fuerzas armadas y de orden. Así se ha ido estableciendo una relación arbitraria entre democracia y paz por un lado y cambio y violencia por otro.

En este contexto ideológico es que surge una inevitable interrogante: ¿Existe una forma ética de ejercer la violencia? Está claro que de aceptarse el sistema de valores imperantes, como el único referente para medir lo positivo o lo negativo, lo bueno y lo malo del recurso de la violencia, la conclusión será siempre la misma: la violencia ejercida por la base social será siempre reprobable. Sin embargo, si ponemos el punto del análisis en otro ámbito, sí logramos trascender el límite de la moral general y vaga para reconstruir desde el pueblo -los verdaderamente afectados por ésta-, valores morales y nociones éticas que expresen la necesidad histórica del cambio social, y muy especialmente, que desmitifique el uso de la violencia por parte de las masas, ubicándola en su justo contexto como fenómeno socio-político, el centro del problema cambia:

La violencia es moralmente válida y políticamente viable, en la medida que se corresponde con la dirección principal del movimiento histórico, al cambio social necesario para erradicar primero parcial y luego definitivamente la violencia estructural creada por el sistema capitalista.

La forma ética de ejercer la violencia está en ponerla al servicio de las mayorías populares, al servicio del cambio social y de la dignidad humana.

La violencia revolucionaria es una forma específica de manifestación ética, pues ésta no persigue la destrucción del ser humano y su entorno, ni su sometimiento, sino que es un período muy breve de la actividad por las transformaciones, sólo un momento histórico; no es un fin sino uno de los medios disponibles para desplegar la multifacética lucha por el poder popular.

La violencia revolucionaria tiene un rango cualitativo, destruye para construir un sistema justo que nos encamine hacia una nueva sociedad.

La violencia militar

La violencia militar es una expresión particular de la violencia política que se estructura en forma de doctrina y se organiza como cuerpo armado.

Ninguna doctrina militar es neutral, más bien condensa la idea militar estratégica de quien la ejerce. En el caso específico de los países latinoamericanos, por parte del poder imperante, aún prevalece en la región la Doctrina de Seguridad Nacional, que con la entrada en escena de las democracias protegidas ha tendido en nuestros países hacia lo que hoy se conoce como "seguridad ciudadana". La DSN en Chile como apreciación básica de cualquier futura guerra, partió a fines de los 70 manejando tres hipótesis de conflicto: en el sur con Argentina, en el norte con Perú y Bolivia, y en el frente interno, donde definitivamente se puso el mayor énfasis.

Lógicamente, la definición de frente interno conlleva la necesidad de organizar la represión dentro de nuestras fronteras y la voluntad de neutralizar o exterminar a un enemigo (el enemigo interno). Es decir, el desarrollo de la violencia en términos específicos y no genéricos como se expresaba en la idea de "todos contra todos"; más bien la guerra de las FFAA como instrumento político de la clase dominante contra el pueblo como sucedió tan explícitamente durante la dictadura. Sin embargo, junto con el proceso de transformaciones que ha vivido Chile luego del cambio pactado de un gobierno militar a uno civil dentro del mismo sistema, esta visión aún es compartida entre los diferentes actores políticos involucrados en dicho pacto. Diferencias más diferencias menos, en la lucha contra el enemigo interno, "el terrorismo", están comprometidos todos quienes participan del poder (gobierno, oposición, FFAA, Iglesia). Entonces, no es correcto incluso desde éste punto de vista, hacer una división tan categórica y definitiva entre lo político y lo militar, puesto que en la práctica ambos se siguen conjugando a través del accionar del Estado y de sus instrumentos armados y no armados.

La violencia militar adquiere también diferentes formas, puede ser central o periférica en un momento histórico determinado, pero en lo fundamental, está siempre presente en forma de una estrategia militar para la obtención o la defensa del poder.

Por último, y obstante la condena a la violencia en general por "inhumana y anticristiana", ante situaciones concretas de guerras o conflictos internos, la clase gobernante no sólo defiende moral y políticamente la violencia, sino que además es la primera en unirse para regular las formas de ejercerla y premiar a los agentes que se destacan en el ejercicio de ésta. De otra forma no se explicarían las convenciones internacionales que norman las guerras, los conceptos de valor y heroísmo, instituciones tales como las condecoraciones al mérito, pensiones específica, etc.

Conclusiones

La violencia no se puede separar de la política y no es sólo un instrumento auxiliar al cual se recurre en momentos de crisis.

La lógica definición luego de constatarse esta realidad objetiva, es que toda propuesta política debe, ineludiblemente, contener el factor violencia como una de las posibilidades históricas, especialmente la revolucionaria. Y es más, debe contar con una política y una estrategia militar capaz de disputar el poder. Entonces, podría existir un amplio debate acerca del contenido y la forma que definen su implementación, pero no sobre la necesidad de su existencia.

La violencia política no se reduce a su expresión militar, aunque ésta es su manifestación más ostensible, es por sobre todo una relación de poder, una estructura históricamente objetiva, la cual debe ser enfrentada tanto en el terreno material como en el político e ideológico, pues es un fenómeno multidimensional.

Notas:
1. Engels F. "Anti Duhring". Editorial Grijalbo S.A. México D.F.- México 1981, pp. 152-153.

2. Hobbes T. Pensador inglés (1588-1679), cuya obra principal, "Leviatán", sintetiza toda la teorIa polItica del siglo XVII.

3. Ver por ejemplo, Engels: "La condiciÓn de la clase obrera en Inglaterra", 1844.

4. Ellacura Ignacio S. J.: "Trabajo no-violento por la paz y violencia liberadora". Revista ReflexiÓn y Liberación, año 1, vol. 4, dic-febrero 1990. Stgo. Chile; p. 6.

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