18 de mayo del 2003.- Empresas del Consejo de Negocios serían las principales beneficiadas. Aspira Otto Reich a ser el "procónsul" de EE.UU. luego de una "transición" en Cuba. Washington encomienda a James Cason la misión de crear una fuerza "contra" en la Isla.

Tras su misión como embajador en Caracas, y luego de un breve período como representante alterno de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (1991- 1992), Otto Reich centró sus actividades en la promoción de una "transición democrática" en Cuba. Una pieza clave de esa estrategia fue una organización denominada Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, creada en 1993 e integrada por varias compañías multinacionales, entre las cuales destacaban Bacardí-Martini Inc., Coca-Cola, Ford-Motors, Chiquita, Kelley Drye and Warren, General Motors, Miami Herald, Pepsi-Cola y Texaco.

Reich, quien años más tarde se desempeñaría como cabildero (lobbysta) de las compañías multinacionales American Tobacco Company, Lockheed Martin -empresa del complejo militar industrial que produce armas para la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, entre ellas los aviones F-16- y Bacardí (en el intento de despojo de la marca Havana Club que pertenece a Cuba), ocupó la presidencia del Consejo de Negocios.

En forma simultánea, Reich asesoró a los legisladores que estaban elaborando la Ley Helms- Burton y las modificaciones a la Sección 211 sobre marcas y patentes. La Helms-Burton -también conocida como la "ley de la esclavitud" o "ley Bacardí"-, contiene una legislación extraterritorial, prototipo y vanguardia de las leyes colonialistas del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que se vienen negociando en secreto. Vía paralela, por medio del Centro para una Cuba Libre, fundado en 1997 por su viejo amigo de Georgetown University, Frank Calzón, Reich impulsó acciones legales para reforzar el bloqueo e impedir las inversiones de compañías extranjeras en Cuba.

La legislación contenida en la Helms- Burton codifica el bloqueo de Estados Unidos y establece con detalle lo que sería una Cuba posCastro. Según la ley, el levantamiento del bloqueo solo podrá darse una vez que hayan sido indemnizadas las propiedades confiscadas por Cuba y devueltas a sus antiguos propietarios estadounidenses. A tales efectos, el Presidente de Estados Unidos nombraría un "coordinador", cuya misión principal sería asegurar la "transición" en la Isla. Ese "coordinador" se encargaría de la distribución de la asistencia de Estados Unidos a Cuba durante un supuesto gobierno de transición.

Como en Irak

Llama la atención que en ningún momento se habla de un gobierno cubano, sino de un "coordinador" nombrado por el Presidente de Estados Unidos. Es decir, como se intenta establecer ahora en Irak: un procónsul. Pero, ¡vaya casualidad!, el "coordinador" nombraría un Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, que tendría el mismo nombre que el que preside Otto Reich.

Según la Sección 203 de la Ley Helms-Burton, ese consejo estaría encaminado a coordinar las actividades del gobierno de Estados Unidos y el sector privado, para guiar la llamada "transición democrática" en Cuba. La ley, aprobada en 1996, sigue el mismo esquema que se está aplicando ahora en Irak. Pero al menos no habla de "reconstrucción". Por lo que en el reparto del pastel cubano, según los cálculos originales de los promotores, de producirse una eventual transición pacífica en la Isla, las beneficiarias principales serían las compañías multinacionales que integran el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba que preside Otto Reich.

Con habilidad, Reich, quien fue promovido a su nuevo cargo de "enviado presidencial especial" para América Latina de la administración Bush por los sectores más radicales del exilio cubano - en particular la Fundación Nacional Cubano-Americana, y su clon, el Consejo para la Libertad de Cuba-, ha quedado perfilado, hipotéticamente, para ocupar el lugar en Cuba que Jay Garner pretende desempeñar en Irak: gobernador de 23 millones de iraquíes. El sueño de Otto Reich es regresar a su antigua patria como procónsul de Washington.

Fábrica de Disidentes SA

Pero para que funcione el plan, Washington necesita crear, financiar y dirigir una fuerza contra en Cuba, similar a la que comandó desde Honduras John D. Negroponte en la guerra sucia contra la Nicaragua sandinista. Con algunas variables, esa es la función que le ha sido encomendada ahora a James Cason, viejo compinche de Reich y Negroponte en sus aventuras centroamericanas de los ochenta.

No hay duda de que desde su llegada a la Isla en septiembre de 2002, Cason ha desquitado su sueldo. Como jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, su tarea ha sido poner "a punto" la labor iniciada por sus antecesores Sullivan, Michael Kozac y Vicky Hudleston, es decir, organizar una oposición interna en Cuba, con eje en el publicitado Proyecto Varela y un autodenominado Partido Liberal Cubano.

Pese a que la Sección de Intereses no tiene rango de embajada, las actividades de Cason pueden definirse como en abierta violación de las leyes que rigen el comportamiento diplomático. Pero a eso lo mandaron a La Habana. Según el canciller cubano Felipe Pérez Roque, la misión de James Cason es fabricar una "quinta columna" con vocación "anexionista". "Cason ha convertido la Sección de Intereses en el estado mayor y el cuartel general de la subversión interna en Cuba", afirmó el Ministro el 9 de abril.

Según las revelaciones que hizo ese día Pérez Roque -a partir de las tareas de inteligencia realizada por topos de la seguridad del Estado infiltrados en los grupos disidentes y con acceso directo a la misión estadounidense y a la propia residencia de Cason-, las instrucciones que este recibe están articuladas de manera directa con las proyecciones de la Ley Helms-Burton hacia Cuba, y son reforzadas con mil 200 horas semanales de transmisiones de Radio Martí, que en contravención de las reglamentaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones viola el espacio radioeléctrico cubano con llamados a la subversión interna, a cometer sabotajes y a la deserción y emigración ilegal.

Según declaró en diciembre pasado el propio Cason a una televisora de Miami, uno de sus objetivos es reunir a diversos grupos de oposición en torno a un programa mínimo de 10 puntos. En esa ocasión Cason identificó a tres líderes visibles del proyecto: Vladimiro Roca, Marta Beatriz Roque y Osvaldo Payá. El funcionario estadounidense admitió que el plan para la "transición democrática" es consultado en Miami con la Fundación Nacional Cubano-Americana y el Consejo para la Libertad de Cuba, que hasta ahora habían venido impulsando actividades terroristas para derrocar al presidente Fidel Castro.

De acuerdo con las propias palabras de Cason, su labor es "ofrecer información, apoyo moral y espiritual" a personajes que "han recibido premios de derechos humanos europeos y en otras partes del mundo". Los "premios" y la supuesta defensa de los "derechos humanos" son dos componentes claves de la estrategia subversiva de Washington. Según Cason, los premios sirven "para que el mundo se entere qué está sucediendo en Cuba". Solo que los premios y la promoción de "líderes" en derechos humanos que viajan por el mundo -como Osvaldo Payá, la figura de moda inventada por Carlos Alberto Montaner y promovida por Washington-, están presupuestados y salen del bolsillo de los contribuyentes de Estados Unidos.

La estrategia para la construcción de líderes es sencilla y el ejemplo de Osvaldo Payá, elocuente: se crea un membrete, una organización de fachada o una ONG ad hoc (en su caso el Proyecto Varela); se le organizan giras bien publicitadas y programadas para que lo reciban grandes personalidades (el Papa Juan Pablo II; el jefe del gobierno español, José María Aznar; el presidente Vicente Fox, el secretario de Estado Colin Powell), y se le conceden premios que van haciendo visible al personaje (Payá recibió el premio Sajarov de derechos humanos del Parlamento Europeo y ha sido propuesto como candidato al Premio Nobel). Así se va construyendo cierto perfil de credibilidad sobre la figura a potenciar, tarea que es amplificada después por propagandistas y "grandes plumas democráticas" distribuidos en los medios masivos de América y Europa.

La distribución de los recursos

La ruta del dinero, en su parte pública -según reveló Pérez Roque-, pasa por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (acápite 109 de la Helms-Burton). En su parte oculta se canaliza vía los servicios especiales -incluidos los agentes que operan bajo fachada diplomática en la Oficina de Intereses-, presupuesto previsto en el acápite 115 de la ley (apoyo para "organismos de inteligencia" de Estados Unidos). Entre 1997 y 2002, la USAID destinó a esos fines 22 millones de dólares. El 2 de marzo el secretario de Estado asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, Curtis Struble, señaló que la USAID invertirá este año 7 millones de dólares como "apoyo económico" en Cuba, y el 26 de ese mes Colin Powell anunció ante el Senado un presupuesto de 26 millones 900 mil dólares para las transmisiones de Radio y Televisión Martí.

La propaganda hace el resto: se multiplica la idea de que Payá y su Proyecto Varela son un producto autóctono, surgido de la "sociedad civil", cuando en realidad son un intento de oposición fabricado y financiado por Washington. El caso del "poeta" Raúl Rivero, multicitado estos días a raíz de su condena en los juicios sumarios por traición a la patria en el marco de la ley antídoto a la Helms-Burton, es similar. Antiguo miembro de las asociaciones de periodistas y escritores de Cuba, sufrió una conversión vertiginosa: fue contratado por el poderoso Herald de Miami, el diario más conservador del sur de Florida, y catapultado a la vicepresidencia para el Caribe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los dueños de principales medios de Estados Unidos y América Latina. Vieja cueva de conspiradores de la época de la guerra fría al servicio de Washington.

Esa es parte de la trama que ha sido desarticulada parcialmente en Cuba con los procesos de abril, y cuyos hilos seguirán moviendo los antiguos ex guerreros contras rehabilitados por los halcones de la administración Bush, entre ellos Negroponte, Reich, Elliot Abrams y Roger Noriega.

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