El presidente Bush ha publicado con toda solemnidad un documento llamado “La nueva estrategia de Seguridad Nacional de los EEUU”, la doctrina de las nuevas relaciones internacionales de Washington.

El asunto afecta a todos los pueblos y a los estados del mundo de una manera directa. Cada uno de ellos puede ser catalogado como “estado fallido” y ser considerado como una amenaza por el país más poderoso y agresivo del planeta. También puede considerar Washington que la política de tal país pone en dificultades ese “equilibrio que favorece la libertad” al que se refiere constantemente el documento, o que los esfuerzos para garantizar la suficiencia alimentaria o de romper una situación económica catastrófica protegiendo la industria nacional, los convierte en “enemigos de la libertad” cuya defensa han asumido, como cabecillas mundiales autoproclamados, los Estados Unidos. O bien un país puede limitar el derecho a la propiedad, a través de una reforma agraria por ejemplo, y entonces violar ese “respeto a la propiedad privada” que los Estados Unidos consideran como una “demanda no negociable de la dignidad humana”, que justifica una presión de este estado que ha proclamado su derecho a proclamar la justicia y a imponer un orden en el mundo.

También puede ocurrir que otro país sea colocado dentro de la fatal categoría de “rogue state”, es decir de estado que en opinión de los EEUU “viola sin reparos los tratados internacionales”, “está decidido a obtener armas de destrucción masiva” o “no respeta el derecho internacional”. Entonces su habitantes tendrán que echarse a temblar pues en cualquier momento pueden ser objeto de un ataque preventivo demoledor.

Finalmente si el país es pobre tendrá que preguntarse a que lado está o lo han puesto, ya que la doctrina Bush declara que “las grandes potencias nos encontramos del mismo lado” y establece un principio de desconfianza ante la pobreza: “la pobreza no hace que los pobres se conviertan en terroristas y asesinos. Pero la pobreza, las instituciones débiles y la corrupción pueden hacer que los estados débiles sean vulnerables a las redes de terroristas y a los carteles narcotraficantes dentro de sus fronteras.”

En realidad el documento es ofensivo y humillante, expresa un desprecio profundo por todos los pueblos y supone una bofetada a todos los gobiernos que pretendan adoptar decisiones soberanas. Sin embargo los muchos portavoces de nuestra dignidad nacional –que en este país son legión- no han dicho ni una sola palabra, nuestro parlamento aparenta no haberse enterado de nada, y el gobierno parece satisfecho de que el Gran Hermano determine nuestras pautas de conducta.

En la exigencia de vasallaje no hay ambigüedad alguna. Los EEUU declaran que el único modelo de éxito nacional es el suyo y también que no dudarán en usar la fuerza para “mantener un equilibrio que favorezca la libertad”. De modo que todos los ensayos sociales que cuestionen el modelo de fronteras abiertas tal como lo imponen los EEUU están prohibidos bajo pena de desatar las iras del imperio. La verdadera libertad –esa gran obsesión de los EEUU- repiten una y otra vez, es el “mercado libre” y el “comercio libre”. A este último lo definen como “principio moral”.

Los EEUU se declaran dispuestos a asumir la responsabilidad de encabezar la gran misión de hacer que “la libertad triunfe sobre todos sus enemigos”, “mirar al exterior buscando las posibilidades de expandir la libertad”. A eso le llaman “internacionalismo típicamente norteamericano”.

El único camino hacia la paz –afirman- es el de la acción y ésta no se detiene ante ninguna consideración. Basta que los EEUU consideren que un país supone una amenaza para su seguridad o sus intereses para que estén dispuestos a efectuar ataques preventivos.

El poderío militar norteamericano tiene una función esencial de modo que los EEUU lo mantendrán “por encima de cualquier reto” para disuadir de cualquier competencia militar. El presidente será provisto de una “amplia gama de opciones militares”. Por otros documentos, declaraciones públicas y filtraciones del Pentágono sabemos que entre estas opciones están las armas nucleares –incluso contra países no nucleares- y también las armas químicas y biológicas. La insistencia de la “nueva estrategia” en el poderío militar incontestado es uno de los ejes fundamentales de este “plan de paz” de los Estados Unidos. En el primer borrador hecho público amenazaban con un ataque militar a cualquiera –amigo o enemigo- que osara disputar la superioridad armada a los norteamericanos.

Otro de los ejes es el de la intervención. La doctrina habla de “requerimientos de socorro humanitario” como capacidad para crear en los países socorridos “fuerzas policiales, sistemas tribunalicios y códigos legales, instituciones de gobierno provinciales y locales y sistemas electorales”.

Entre todos los riesgos que para los pueblos del mundo anuncia descaradamente el documento, el más brutal y también el más explícito es el del uso ilimitado de la violencia. ¿Hasta donde? Hasta el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. ¿Qué otra cosa quiere decir el siguiente párrafo colocado casi al final del documento?

“Emprenderemos las acciones necesarias para asegurar que nuestros esfuerzos para cumplir con nuestros compromisos de seguridad mundiales y proteger a los norteamericanos no se vean perjudicados por el potencial de investigaciones, pesquisas o enjuiciamiento por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya jurisdicción, que no aceptamos, no se extiende a los norteamericanos. Colaboraremos con otras naciones para evitar complicaciones en nuestras operaciones y cooperación militares, mediante mecanismos tales como los acuerdos multilaterales y bilaterales que protegerán del TPI a los nacionales de Estados Unidos. Aplicaremos a plenitud la Ley de Protección a los Miembros de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, cuyas cláusulas tienen el propósito de asegurar y mejorar la protección del personal y los funcionarios estadounidenses.”

La existencia del TPI es para los Estados Unidos una “complicación en nuestras operaciones y cooperaciones militares”.

El silencio de nuestro gobierno y del parlamento coloca a los ciudadanos ante una situación de indignidad. Un estado extranjero define unilateralmente un orden internacional al que nos obliga a someternos. Limita nuestras opciones sociales y económicas. Nos amenaza con una fuerza militar irresistible que no podemos cuestionar y afirma que su uso puede llegar hasta el exterminio y los crímenes contra la humanidad. Le niega a la comunidad internacional el derecho a juzgar esos crímenes horrendos.

Ante el silencio de nuestros representantes, dispuestos a encubrir los hechos criminales y a adoptar posturas cómplices, declaramos que no aceptamos ninguna relación de representación con el gobierno ni con el parlamento. Como ciudadanos libres y seres humanos dignos sentimos la obligación de declaramos enemigos de los Estados Unidos.

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