Colombia. Abril03.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) manejan la economía colombiana y las disposiciones laborales desde 1949, cuando fueronllamados por Mariano Ospina Pérez, es decir, que hace 54 años somos una presa más de los dos instrumentos de dominación creados por la gran potencia.

Cuando estos organismos orientaron que lo más conveniente era fortalecer el Estado de Derecho, eso se hizo. Y cuando le convino al progreso imperial el proyecto neoliberal, en la década del 70, ese modelo fue el que la muy obediente oligarquía colombiana asumió.

El pueblo solamente ha sido espectador y víctima de los mandatos de los dos organismos internacionales, creados en Bretton Woods. Los economistas colombianos, no formados en Harvard por no pertenecer a la elite social y política, han sido reducidos a analistas académicos, cuyas críticas no cuentan para nada. Pero ahora, estamos viviendo el período presidencial del más ferviente trabajador del FMI y del BM: Álvaro Uribe Vélez. Ferviente y destacado, pues hasta la última coma que le indican la coloca donde le dicen. Eso se debe a su carencia absoluta de patriotismo, a su desprecio total por lo nacional y su ideología fascista.

Para Uribe los trabajadores colombianos deben ser tan disciplinados frente al mandato como él, o bien pueden descansar en los cementerios. Esto no es una exageración. Basta ver el panorama social en cualquiera de nuestras ciudades o en nuestro campo. Y para los que han tenido el privilegio de realizar algún estudio y mantienen la dignidad y el nacionalismo, solamente por curiosidad, lean la legislación de la seguridad democrática. El tan mencionado Referendo, en lo relativo al tema económico y laboral, va a congelar el gasto público y los salarios de los empleados públicos, lo cual significa en otras palabras: pérdida del poder adquisitivo (12%), menos posibilidades de educación, salud, esperanzas de empleo, vivienda, alimento, vestido. El argumento real es que los fondos del presupuesto público los requiere Uribe para costear una parte de la guerra y pagar los intereses de la devoradora Deuda Externa. Su plan de desarrollo "Hacia un Estado Comunitario" es solamente para favorecer la décima parte de la población. Los 25 millones de pobres no tienen nada que ver allí.

El desempleo crece diariamente en nuestro país. Teniendo en cuenta estudios realizados por las ONG y algunas instituciones académicas, se calcula que un 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) está sin trabajo o trabajando en condiciones precarias, esto es, sin contratos, sin ninguna protección y temporalmente.

Ya ni los maestros tienen garantías laborales pues el proyecto de descentralización y el trato empresarial al sector educativo, los convierte en candidatos a desempleados o a trabajar por tiempos mediante contratos.

La reforma educativa, llamada Revolución Educativa por Uribe, es realmente una contrarrevolución, cuyos objetivos son preparar a los hijos de las elites como tecnócratas en las universidades privadas para ser gerentes de las filiales transnacionales y mano de obra calificada, proveniente de los sectores populares, para se vendan barato luego haber hecho la primaria, el bachillerato y una carrera técnica. Para su proyecto no se requieren muchos profesionales y con algunos miles de maestros basta. La cultura será la que concibe el "modo de vida americano" y para asumirla se necesita poco cerebro, pensar lo menos posible, menos aún tener pensamiento crítico, por lo tanto los conocimientos amplios no son necesarios.

Por otro lado la privatización de la atención de salud avanza, sin parar. Además, para completar el cuadro, el finado Ministro de Protección Social dejó una legislación que ha generado un conflicto entre los laboratorios nacionales y los de las transnacionales de las medicinas, pues en un párrafo muy ambiguo, prácticamente quita a los laboratorios nacionales la posibilidad de producir una serie de medicamentos genéricos o copiar otros. Si se decide aprobar esta ley, entrarán al país más de siete mil medicinas provenientes de los Estados Unidos, sin pagar ningún tipo de arancel (gracias a los acuerdos del APTA) y a precios de importación.

Los conflictos ocasionados por la privatización de los servicios públicos, estallan por allá y por acá. En febrero se produjo un levantamiento de la población en Planeta Rica (Córdoba), porque la empresa Electrocosta decidió quitar la corriente a los barrios pobres y racionarla a los de estratos 2 y 3. En Cali se adelanta la lucha contra la privatización de Emcali (Empresas Municipales de Cali).

La Unión Sindical Obrera (USO) presentó un pliego de peticiones que fue respondido con un contrapliego por parte de ECOPETROL, donde los trabajadores perderán conquistas laborales y sociales logradas en años de luchas, así como derechos sindicales. La negociación está paralizada porque el gobierno no cesa en su empeño de privatizar la empresa petrolera. El contrapliego gubernamental no solamente es lesivo para los trabajadores en cuanto a sus garantías laborales, sino porque elimina una serie de normas de protección a la empresa nacional.

Será una lucha difícil y no faltará la mano represiva. La historia de estos trabajadores nos muestra bastantes ejemplos de su decisión de defender una empresa de las poquísimas que quedan en manos del Estado, a costa de la vida y de la libertad de cientos de ellos.

Ahora también están dispuestos a priorizar por sobre sus reivindicaciones laborales y sindicales la empresa nacional. Los cerca de cuarenta mil empleados públicos que quedarán sin trabajo con la fusión de los seis ministerios y la desaparición de instituciones regionales, vendrán a incrementar el número de desempleados y a profundizar, aún más, el conflicto social.

Estos hechos ilustran, por encima, el panorama de las ciudades. Si miramos a nuestros campos la situación es aún más desoladora.

Primero, vale la pena recordar que en Colombia el 1% de propietarios posee el 53% de las tierras cultivables y el 47% restante se reparte en minifundios. Además, hay cerca de un millón y medio de campesinos sin tierra. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) las hectáreas cultivadas se han reducido, entre 1990 y 2001, de 4 millones 763 mil a 3 millones 948 mil. Esto ha llevado a que la importación de alimentos y materias primas haya aumentado de 375 millones de dólares a 1.800 millones entre 1991 y 2001. Esta dependencia que se incrementa año por año, está colocando en grave peligro la seguridad alimentaria del país.

Hay que añadir a estas cifras dos elementos:

Uno: que los sectores más afectados por esta importación de alimentos, semillas y materias primas son los campesinos propietarios de minifundios, ya que ante el bajo precio de los alimentos importados han quebrado y ya ni como jornaleros consiguen trabajo en las compañías transnacionales que están acaparando tierras.

Dos: que la represión y la violencia estatal tienen especial intensidad en el campo, donde los campesinos son masacrados, desplazados por las fuerzas regulares e irregulares gubernamentales y extranjeras. Por otro lado el marcado interés del gobierno de Uribe por regalar el país a los gringos y viabilizarles todo para el ALCA, lo ha llevado hasta el punto de eliminar a los cultivadores de café, por la vía de la quiebra. ¿Qué quedará, pues, para nuestros campesinos? ¿Cementerios por todas partes y desplazados en las ciudades, aumentando el número de indigentes y de delincuentes? ¿Y de nuestros indígenas, atropellados y asesinados por los militares y paramilitares o por marines norteamericanos como se avisora en el caso de los U’Wa? Sin lugar a dudas la paz que busca Uribe es la paz de los sepulcros o fosas comunes en el campo y la ciudad. La muerte está acabando a una gran parte del pueblo colombiano por las balas, las bombas o por hambre.

Los que sobrevivan están destinados a vivir, en cuanto alimentación y saber, escasamente con lo necesario para trabajarle al gran capital transnacional, colonizados, en un país totalmente dependiente.

Las visitas semanales de los funcionarios del gobierno de EE.UU., la presencia permanente de la DEA y la CIA, la ocupación de nuestro país por tropas extranjeras y un presidente hecho al corte y a la medida de las necesidades imperiales, nos condenarán si no luchamos unidos por otro destino.

El conflicto social se agudiza, la resistencia y la lucha popular, campesina e indígena expresadas en paros, huelgas, encuentros, marchas se incrementan, pero nos falta coordinar más pues la lucha es una sola, por la vida, por nuestra vida y por un futuro con patria y dignidad.

El ELN ha planteado reiteradamente que no habrá paz sin resolver el conflicto social, que es conflicto político también. Vivimos un conflicto entre una clase arrodillada ante los señores de la Casa Blanca portadores de los intereses del gran capital y la clase trabajadora, portadora del patriotismo y la dignidad.

La clave para vencer en esta lucha, que por todos lados está planteada a muerte, está en la unidad, en la movilización organizada, en la solidaridad entre trabajadores y desempleados, entre campesinos, indígenas y habitantes de las ciudades, entre jóvenes y jubilados, en fin, entre todos los colombianos de verdad.

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