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EEUU: refugio de más de un millar de torturadores
x Jean Guy Allard
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La presencia en territorio norteamericano
de más de un millar de torturadores que encontraron allí lugar
seguro, lejos del alcance de la justicia de sus países, ha sido confirmada
en los últimos días por un informe de Amnistía Internacional
(AI), que califica a EE.UU. de "refugio" para estos criminales.
"El Gobierno norteamericano ha reconocido que más de un millar
de personas sospechosas de ser torturadores han podido entrar a EE.UU. y
que no han sido perseguidas a pesar de la adopción, en 1994, de una
ley autorizando a la justicia a juzgar a los autores de actos de tortura",
señala AI desde Londres, según la agencia francesa AFP.
La ONG acusa a las autoridades de no haber actuado cuando conocían
la identidad de numerosos sospechosos y poseían pruebas contra
ellos. Según William Schultz, director ejecutivo de la sección
norteamericana de la organización, unos 150 presuntos torturadores
entraron en EE.UU. durante estos últimos ocho años, pero
ninguno ha sido perseguido por la justicia. "El Gobierno norteamericano
prefiere ignorar, expulsar o encubrir los casos", comentó.
Al publicar su informe de 100 páginas titulado USA: A safe haven
for torturers/Un puerto franco para torturadores, Amnistía criticó
la inacción de Washington, calificándola de "falta
que arriesga hacer de EE.UU. un santuario para los abusadores de los derechos
humanos del mundo entero".
En 1994, Washington ratificó la Convención contra la Tortura
que luego convirtió en una ley norteamericana quFe lleva el número
18 U.S.C. & 2340ª.
"Los que torturan y asesinan en otros países no deberían
evadir la justicia y vivir en EE.UU. sin temor a ser arrestados y perseguidos
judicialmente", comentó Schultz. "El Gobierno norteamericano
es adepto del encarcelamiento, como lo demostró con la detención
de unos 1 200 individuos después de los ataques del 11 de septiembre.
Es irónico constar, pues, que nos hemos negado a actuar en contra
de 150 individuos que viven en este país, acerca de los cuales
hay motivos para creer que son responsables de crímenes mucho más
graves".
El informe denuncia la presencia en territorio estadounidense del mayor
del Ejército peruano, Tomás Ricardo Anderson Kohatsu, quien
es acusado de haber torturado a dos mujeres, oficiales de inteligencia,
en 1997, violándolas, golpeándolas y sometiéndolas
a choques eléctricos. Una de las víctimas, Leonor La Rosa,
sufrió varias heridas de la columna vertebral y se quedó
parapléjica; el cuerpo de la otra, Mariela Lucy Barreto, fue encontrado
decapitado y con las manos seccionadas.
En marzo del 2000, Kohatsu fue interrogado por el Departamento de Justicia,
pero fue liberado después de una intervención del Departamento
de Estado y autorizado a salir del país.
El informe también menciona el caso de los generales salvadoreños
Carlos Eugenio Vides Casanova (comandante de la Guardia Nacional de El
Salvador desde 1979 hasta 1983 y luego ministro de Defensa) y José
Guillermo García (ministro de Defensa desde 1979 hasta 1983), quienes
emigraron a EE.UU. en 1989.
Ambos militares dirigieron el trabajo de unidades del Ejército
y de seguridad que han cometido crímenes contra la humanidad y
actos de crueles torturas, además de detenciones arbitrarias.
En 1993, la Comisión de la Verdad, creada con el respaldo de las
Naciones Unidas, reconoció la responsabilidad de estos individuos
en la muerte de cientos de personas inocentes.
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