Bogotá. Agencias/La Haine. 07/08/03.- El juez Baltasar Garzón y el fiscal antidrogas Javier Zaragoza, de España, se manifestaron este martes en favor de un "proyecto de estatuto antiterrorista" que el gobierno colombiano considera "vital para combatir a los grupos armados ilegales".

"En su conjunto, ese proyecto es perfectamente asumible desde una perspectiva constitucional en un Estado democrático. En España vamos más lejos", afirmó el fiscal Zaragoza. El fiscal consideró necesario la aplicación de un estatuto antiterrorista en Colombia, tras considerar que "el Estado democrático no puede quedar contra las cuerdas".

Zaragoza y Garzón explicaron que en el tema de las garantías procesales en España, existe la figura de la "incomunicación" de detenidos en el marco de investigaciones criminales. "Para nosotros es básica la incomunicación en los primeros días de reclusión de un terrorista, de un narcotraficante o de un individuo que pertenece a una organización criminal", señaló el fiscal.

Zaragoza, quien al igual que Garzón participó este martes en Bogotá en un congreso contra la delincuencia organizada y el terrorismo, explicó que esa incomunicación "impide que haya un contacto con abogados al servicio de las organizaciones criminales".

Sin embargo, en el Estado español son muchas las ocasiones en que organizaciones contra la tortura han denunciado la aplicación de la "incomunicación", dado que es una medida creada exclusivamente para poder torturar a los detenidos, y empleada habitualmente contra la disidencia política (independentistas de izquierda, anarquistas, antifascistas, etc). Si un sospechoso de "terrorismo" está hasta cinco días en dependencias policiales sin poder tomar contacto con abogados ni familiares, eso permite a la policía recoger información con métodos de tortura, sea verdadera o no esa información, ya que incluso se han repetido los casos en que bajo tortura se obliga a los detenidos a firmar declaraciones falsas.

Sin ir más lejos, en abril de este año el Relator Especial en la cuestión de la tortura de la ONU, Theo Van Boven, como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), consideraron que el Estado Español no ofrece garantías suficientes contra la tortura en dependencias policiales.

En este sentido se mostraron contundentes respecto a la incomunicación, sobre la que opinaron que debería establecerse la ilegalidad de la incomunicación y poner en libertad sin dilación a los incomunicados. Consideraron que los interrogatorios deberían grabarse preferentemente en vídeo y que no deberían admitirse pruebas obtenidas en interrogatorios que no han sido grabados.

Información ampliada sobre este tema se puede encontrar en la web vasca del Grupo Contra la Tortura: www.stoptortura.org

Volviendo a Colombia, el pasado 18 de junio el Senado colombiano aprobó en la cuarta de ocho votaciones el proyecto antiterrorista, a pesar de que ha sido rechazado por la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

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