x Eduardo Molina

Bolivia ha sido conmovida hasta los cimientos por las jornadas del 12 y 13 de febrero. Cuando en los primeros días del mes el Gobierno anunció un “impuestazo” que afectaba prácticamente a todos los asalariados y a las capas medias, esperaba resistencia, pero no imaginaba que pondría a todo el país en estado de rebelión. El 12 y 13 significan un giro en la historia nacional. La misma lista de víctimas: 35 muertos, 205 heridos, muchos de ellos por las balas militares, muestra la magnitud del enfrentamiento. A ello hay que añadir las decenas de edificios públicos, de empresas, de sedes de partidos oficialistas destruidos.

Las jornadas del 12 y 13 se inscriben en la cadena de levantamientos que han sacudido a América Latina en los últimos años. En particular, ofrecen similitudes -y también diferencias- con las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina, que derribaron al presidente De la Rúa cuando este, obedeciendo al FMI, también pretendió arreglar las cuentas del Estado a costa del salario obrero, del hambre de los desocupados y de los ahorros de la clase media.

(…), la verdad es que la rebelión obrera y popular, facilitada por la crisis en el aparato represivo a causa del motín policial, asestó un golpe mortal al gobierno y abrió una nueva situación política, donde está planteado continuar la ofensiva obrera, campesina y popular, hasta acabar con el gobierno y el régimen actual, y abrir el camino a un gobierno de los explotados.

Del anuncio del “impuestazo” al motín policial

Empujado por la crisis económica y las exigencias del FMI, el gobierno cometió un gravísimo error al anunciar el “impuestazo”, atacando no sólo a los asalariados, sino a su propia base social en las capas medias, empujándola a la oposición. Al mismo tiempo, trasladó el principal escenario de conflicto social a las ciudades y dividió a la burguesía, ya que los empresarios y los exportadores vieron estas medidas como un nuevo ataque a sus intereses y destinadas a favorecer tan sólo a los bancos y a las “capitalizadas”. Por otra parte, nacionalizó la rebelión, pues desde La Paz y El Alto, la protesta, aunque con menor intensidad, se extendió a Cochabamba, al Chapare, a Santa Cruz y Oruro.

En los primeros días de la semana una inmensa ola de descontento recorría al país, diversos sectores sindicales (como el magisterio) anunciaban paros, marchas y otras medidas de protesta, y era evidente que se incubaba una rebelión obrera y popular. El acuartelamiento de los policías en el GES de La Paz (seguido por otras guarniciones como en Santa Cruz) en la noche del martes añadió un componente inesperado a la caldeada situación. En el motín concurrían varios factores: el descontento de la tropa malpaga y maltratada, la oficialidad afectada por el impuestazo, las camarillas corruptas dispuestas a bloquear el proyecto de “reforma policial” del gobierno. El efecto fue explosivo, acelerando enormemente los acontecimientos.

La jornada del miércoles 12

Desde las primeras horas del miércoles, la parálisis del aparato represivo del Estado burgués, que llegó a fracturarse con el combate entre los policías y el Ejército enviado por Goni a reprimirlos, abrió una amplia brecha para que la movilización de masas comenzara a colarse. Estaba en marcha la rebelión y el gobierno y la maquinaria del Estado estaban prácticamente inmovilizados. Comenzaban a contabilizarse más de una decena de muertos y un centenar de heridos, la mayoría en el conato de guerra entre policías y militares que vivió Plaza Murillo.

A Sánchez de Losada le fallaron las fuerzas, quedó aislado, tambaleante. No sólo fracasó la expresión económica del plan del gobierno: el “impuestazo”. También fracasaron los aprestos represivos para imponerlo. Al lanzar el Ejército contra la policía, no se trataba tan sólo de disciplinar a los “pacos” sublevados. El paso siguiente debía ser imponer una salida autoritaria, represiva, ante la marea ascendente de protestas. Pero el gobierno debió retroceder apresuradamente cuando ya era tarde, sólo para que la derrota no fuera mayor, intentando conjurar el levantamiento en marcha.

Columnas de manifestantes se formaban espontáneamente en diversos puntos de La Paz y El Alto. Aunque en las primeras horas eran sectores todavía no masivos, los que habían salido a la calle lograban importantes éxitos gracias a la crisis policial. Comenzaron los ataques a los símbolos del poder político y económico: varios edificios estatales, las sedes de los partidos del gobierno (MNR, MIR, UCS, ADN), oficinas de financieras y de empresas privatizadas. Faltos de una organización y una orientación superiores, se descargaba así el odio contra el gobierno y a su manera, comenzaba a plantearse el problema del poder.

Las primeras acciones tenían un claro contenido político, evidenciado en los objetivos mismos, en las consignas y en que los manifestantes no permitían que actuaran rateros. Todo aquél que pretendía llevarse algo para sí, era sistemáticamente obligado a arrojarlo a la hoguera, fuera un sillón o una computadora.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron los saqueos, producto de la irrupción de miles de hambrientos, de desocupados, de marginados que manifestaban así su desesperación y su odio social, y luego, finalmente, de rateros y lumpen urbano que vio una oportunidad para el robo, atacando incluso a pequeños comercios o casas de familia. El epicentro de los saqueos se desplazó a El Alto, como ocurrió con los almacenes de la Aduana y algunas empresas.

El paro nacional del jueves 13

La declaración de “asueto” por el Gobierno para el día jueves no pudo ocultar que de todas maneras el paro nacional hubiera sido muy fuerte, marcando el ingreso a escena del movimiento obrero y arrastrando a diversos sectores de la población. Esto, aunque la movilización en La Paz, que reunió a unas 10 mil personas según la prensa, no haya sido tan multitudinaria como permitía esperar la convulsiva situación. En Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, etc. se realizaban marchas y en algunos casos, nuevos ataques a las sedes de los partidos de gobierno y saqueos.

En La Paz, las fuerzas militares apostadas en Plaza Murillo recurrieron a la criminal táctica de los francotiradores como provocación, como medio de aterrorizar a los manifestantes y crear un clima sangriento que impidiera el desarrollo de la movilización. Los primeros heridos y víctimas fatales -jóvenes, trabajadores de salud que cumplían su deber, obreros- eran los blancos escogidos.

Mientras tanto, los medios de prensa estaban histéricos, acusando a los manifestantes de “vándalos y delincuentes” y mintiendo descaradamente. Al mismo tiempo, los dirigentes se encargaban de disminuir las proyecciones del paro. Se negaron abiertamente a darle continuidad a la lucha. La elemental pregunta de ¿Después de hoy qué? no fue contestada ni por Evo Morales ni por la COB, aunque reiteraran el pedido de que se vaya Goni. Así, el paro y la movilización, en vez de convertirse en un punto de apoyo para desarrollar la lucha y darle el golpe decisivo al tambaleante gobierno, fue utilizado por los dirigentes para comenzar a “descomprimir” y evitar que las tendencias insurreccionales pudieran desarrollarse.

Al atardecer, la policía volvía a las calles -durante toda la noche se había gestionado un acuerdo- y comenzaba a detener no sólo a rateros y saqueadores, sino a quienes volvían a sus casas después de la movilización y a cualquier joven que estuviera a mano.

¡A completar la obra iniciada el 12 y 13!

Aunque la movilización retrocede luego, como mostró la débil marcha del viernes 14 y más aún el reducido impacto del paro nacional de 48 horas de la COB durante el 17 y 18, la rebelión obrera y popular y la enorme crisis política del 12 y 13 han conmovido al país hasta los cimientos, abriendo una nueva situación política que favorece la ofensiva obrera y popular, lo que los marxistas llamamos una situación prerrevolucionaria.

El gobierno ha salido herido de muerte. Con razón el semanario Pulso (14/02) se preguntaba en tapa “¿se va o se queda?”. Aunque quede -irse sería ante todo reconocer el triunfo de las masas y la burguesía no tiene un recambio burgués sólido-, es evidente que es un gobierno completamente agotado. La coalición está fracturada y el gonismo aislado social y políticamente. Ha tardado una semana en dar alguna “señal de vida” cambiando el gabinete. Es evidente que no podrá hacer pasar ningún ataque a la economía y a los derechos del pueblo sin provocar nuevos estallidos. La burguesía queda asustada y sin un plan claro de recambio. La clase media, aunque haya retrocedido a posiciones más conservadoras, no ofrece ningún apoyo social estable para los planes reaccionarios y sectores de la misma están girando a izquierda.

El movimiento obrero, los trabajadores de las ciudades, han comenzado a entrar en escena de una forma que no se veía desde 1985. Una nueva vanguardia de miles está despertando a la vida política. El fantasma de la insurrección social, que había despertado en la Guerra del Agua en Cochabamba en abril del 2000 y en los bloqueos de septiembre de ese año, y que la burguesía había querido desterrar con el desvío electoral y con los “diálogos” ha emergido con fuerza inusitada en las ciudades, centro del poder político y económico y de la clase obrera, creando condiciones más favorables para la alianza obrera, campesina y popular. Si la ofensiva obrera y popular no pudo ir más allá, no es porque faltara energía y disposición a la lucha de las masas, sino por la actitud frenadora de las direcciones mayoritarias que no le dieron continuidad y que mientras se limitan a proponer “vigilias” buscan la salida de Sánchez de Losada y Mesa por la “vía constitucional”, parlamentaria, cuando estaba planteado imponerla mediante una verdadera huelga general indefinida con bloqueo de caminos. La necesidad de una nueva organización, de una estrategia para vencer y de una dirección revolucionaria que pueda estar a la altura de los combates planteados, comienza a hacerse sentir con mayor fuerza.

(PTS) - Revista Solidaridad

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