Excluye a las milicias islámicas y marxistas y aprueba una cláusula de reserva

Ariel Sharon presentó a su Gabinete una lista, previamente filtrada por el servicio secreto, con 350 prisioneros políticos excarcelables de un total de 6 500. La lista excluye a «implicados en delitos de sangre» y a militantes de Hamas, Yihad Islámica y del izquierdista FPLP. Ni aun así logró Sharon el aval de sus ministros y tuvo que incluir una cláusula que exige «luchar contra el terrorismo» a la ANP, que ha advertido del riesgo de ruptura de la tregua armada.

El primer ministro israelí, Ariel Sharon, incluyó nuevas y draconianas condiciones a su propuesta, ya de por sí restrictiva, para la liberación de prisioneros políticos palestinos. Y lo hizo para superar una reñida votación en su Gabinete.

Sharon presentó a sus ministros una lista de prisioneros tamizada y presentada por el jefe del Shin Bet (servicio secreto interior), Avi Dichter.

La lista excluye a los implicados en muertes de israelíes y a los militantes de las organizaciones islámicas Hamas y S, Yihad Islámica y a los del marxista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), sin olvidar a los, según criterios del jefe del Shin Bet, Avi Dichter, «peligrosos» o que «puedan reincidir en actos violentos».

Así las cosas, la lista incluye a 350 de un total de 6.500 prisioneros políticos. Parca cifra desde la perspectiva del propio Gobierno israelí, que reconoce que 2.500 de ellos no han cometido «delitos de sangre», es decir, no están implicados en ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados o en las fronteras de Israel.

A la luz de esto adquiere especial relieve la estrategia israelí de redadas indiscriminadas de varones palestinos en los últimos meses.

A ellos hay que añadir los 933 que permanecen prisioneros sin cargos, sin juicio y sin asistencia letrada alguna.

Aún así, la votación en el Gabinete de la propuesta registró un empate. El ministro israelí de Justicia, Tommy Lapid, logró convencer a tres ministros para que cambiaran su voto y para ello, según la radio israelí, se introdujo un cambio de último minuto: una cláusula en la que se establece que la liberación dependerá de «la lucha de la ANP contra el terrorismo».

Más aún, el asesor jurídico del Gobierno, Elyakim Rubinstein, pidió un plazo de 48 horas para permitir a las familias de las víctimas israelíes que recurran al Tribunal Supremo contra la liberación de los presos.

Ismael Haniye, portavoz de Hamas, insistió en que «exigimos la liberación de todos los detenidos y no estamos dispuestos a aceptar una discriminación entre ellos». Haniye mostró desafiante su esperanza en que sea «un primer paso» seguido de la liberación del resto, recordando que es una de las condiciones del alto el fuego unilateral palestino.

Yihad Islámica calificó la decisión israelí de «maniobra sionista» para «jugar con las esperanzas de las familias» y amenazó con utilizar sus «propios métodos» para lograr la libertad de todos los presos.

La Autoridad Palestina recordó que ha utilizado la excarcelación de los prisioneros como baza para lograr el alto el fuego y mostró su prioridad de que sean liberados 430 que llevan más de 20 años en la cárcel, con «sangre en su manos» descarta el Gobierno israelí.

Bazas al margen, el FPLP descartó que vaya a sumarse al alto el fuego unilateral ni a la actual «Hoja de Ruta».

Resumen Latinoamericano

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