El COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD (CODEHSEL), denuncia ante la comunidad nacional e internacional los horrores que se presentaron en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, durante la implementacion de la Operación Orión, llevada a cabo por efectivos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, con el beneplacito de la Presidencia de la República y la Alcaldía de Medellín.

HECHOS

1. La Operacion Orión llevada a cabo en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, inició al amanecer del 16 de octubre de 2002 a través de ametrallamientos, luego de la cual, según los reportes oficiales, las autoridades militares y de policía retomaron el control de la zona y de las personas, a quienes sometieron a rigurosos retenes y requisas.

2. El día jueves 17 de octubre, tropas del Ejército Nacional se encontraban apostadas en un morro ubicado en el Barrio El Salado -Nuevos Conquistadores-. A eso de las 3.15 de la tarde, cuando ingresaban a su casa de habitacion en el mismo sector, los jovenes ELKIN DE JESUS y ALEXANDER RAMIREZ VELEZ, fueron objeto de disparos indiscriminados por parte de esos efectivos militares.

3. De inmediato cayó herido ELKIN DE JESUS. Por su parte, ALEXANDER se refugio en una vivienda contigua a la de sus padres, ya que el Ejército continuó disparando persistentemente, ocasionando daños en ambas casas y en una guardería cercana, donde se encontraban menores de edad.

4. Las rafagas de fúsil continuaron dirigidas hacia esas viviendas, impidiendo que la madre de los jóvenes prestara auxilio y obstaculizando que ELKIN DE JESUS fuera trasladado aun centro asistencial. Sólo a las 6.00 p.m. las autoridades militares accedieron a su movilización al puesto de salud de San Javier, a donde fue practicado el levantamiento por la Fiscalía.

5. ELKIN DE JESUS RAMIREZ VELEZ, era un Seminarista de la Comunidad menor capuchina y tenía 27 años de edad.

6. Los medios de comunicación haciendo eco de la versión oficial registraron que la muerte ocurrió por una bala perdida, exonerandose de toda responsabilidad por el hecho crriminal.

Por todo lo anterior, demandamos de la Comunidad Nacional e Internacional el llamado urgente al Gobierno Nacional en cabeza de Alvaro Uribe Vélez y a las autoridades militares y policiales y de la Fiscalía para respeten y garanticen los derechos humanos de los habitantes de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín.

Así mismo que se realice por un órgano independiente e imparcial, una investigacion seria y profunda de todos los hechos irregulares y arbitrarios que han venido ocurriendo en los diferentes operativos en la Comuna 13, sancione a los responsables y se repare integralmente a las víctimas.

Medellín, Octubre 23 de 2002

Más de 200 abitantes de la Comuna 13 de Medellín sin garantías procesales

x CODEHSEL

El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad se permite denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la serie de atropellos de los que vienen siendo víctimas algunas de las personas detenidas por el ejercito y la policía en desarrollo de la operación “Orión” llevada a cabo en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín.

1. En dasorrollo de los operativos militares han sido detenidas más de 200 habitantes pertenecientes a la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, algunos de ellos en virtud de señalamientos que realizan encapuchados pagados por el ejército y la policía , muchos otros bajo simple sospecha. Unos y otros han sido puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para que en su contra se inicie proceso penal como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir con fines terroristas.

2. Los retenidos han sido objeto de malos tratos, golpizas y exposición permanente al sol y al agua en las instalaciones policiales hacia donde han sido conducidos.

3. Lo procesos penales se iniciaron vinculando formalmente mediante indagatoria a los retenidos sin que se aporten pruebas o elementos de juicio que permitan deducir algún tipo de indicio de responsabilidad en los hechos materia de investigación.

4. El día 21 de octubre de 2002 fueron indagados los señores EDILSON DE JESUS DURANGO MURILLO, PEDRO LUIS VARGAS DAVID, JOHN JAIRO CASTAÑEDA, ALBERTO CASTAÑEDA CASTAÑO y sus hijos JOHN FREDY CASTAÑEDA ZAPATA y JORGE ELIECER CASTAÑEDA ZAPATA. Los abogados que asitieron a las diligencias de indagatoria denuncian que el proceso inciado en contra de estas personas se ha dado con violación de las garantías fundamentales que regulan lo atinente a los requisitos que se deben observar para vincular formalmente al ciudadano a un proceso penal. Simples y lacónicos informes suscritos por integrantes de la Policía Nacional dan cuenta que ciudadanos indeterminados los han señalado como integrantes de organizaciones insurgentes, sin que se aporten las declaraciones de los presuntos ciudadanos y sin que se allegue algún tipo de elemento de juicio que permita fundar la veracidad de la imputaciones lanzadas por los agentes oficiales.

5. En tales condiciones el inicio del procedimento penal viola las garantías constitucionales, pero ello no es obstáculo para que la Fiscalía Especializada proceda de una manera considerada irregular.

Lo anterior permite a los organismos defensores de derechos humanos concluir que con la masiva detención de ciudadanos pertenecientes a la Comuna 13 se pretende mostrar ante la opinión pública resultados eficientes del operativo, sin importar que se afecten los derechos fundamentales de inocentes personas que que no pertenecen a las organizaciones insurgentes cambatidas por los organismos oficiales del Estado.

Así mismo se ha recibido denuncia, la cual será formalizada ante los organismos de control, que en algunos casos la Fiscalía ha nombrado defensores de oficio para que atiendan a las personas indagadas, sin que el abogado se encuentre presente durante el interrogatorio, con lo cual se confirma que la garantía del debido proceso y del derecho de defensa no se otorga a los habitantes de la Comuna 13 que son señalados de pertenecer a las organizaciones insurgentes.

Ante estas circunstancias demandamos de la Fiscalía General de la Nación, el respeto irrestricto a las normas constitucionales, legales y tratados Internacionales de proteccion de los derechos humanos, la garantía del debido proceso y el derecho defensa y la imparcialidad de sus funcionarios que vienen convalidando operativos de captura irregulares e ilegales.

De la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, demandamos la celosa vigilancia y control a los organismos militares, policiales y la Fiscalía que vienen efectuando operativos irregulares e ilegales en contra de cientos de habitantes de la Comuna 13, los cuales estan siendo judicializados, por simples sospechas o con testigos que esconden sus rostros tras capuchas.

Urgimos a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos su intervencion en la vigilancia del estado de reclusion en que se encuentran los más de 200 detenidos en virtud de la Operación Orión.

De la Comunidad Internacional requiera al Estado Colombiano a acatar la vigencia de los tratados de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

Medellín, octubre 22 de 2002

(Enviado a La Haine por Construyendo)