Tras la Ruta de Uchuraccayz

En enero de 1983 un grupo de 8 periodistas se dirigió a la Provincia de Ayacucho, en el Sur del Perú, para hacer un reportaje sobre campesinos que una semana antes habían dado muerte a militantes del "Partido Comunista del Perú", más conocido en los medios como "Sendero Luminoso". Esta organización desenvolvía desde 1980 una lucha guerrillera contra el Estado peruano. Camino a la zona de conflicto los 8 periodistas y su guía fueron asesinados (26.01.1983), presuntamente, por los comuneros de la Comunidad de Uchuraccay, quienes posteriormente aseguraron haberlos confudido con miembros de "Sendero Luminoso". Se formó una Comisión Investigadora presidida por el escritor Mario Vargas Llosa cuyo informe final dictaminó que los campesinos habían ignorado la calidad de periodistas de las víctimas, llegando a confundir teleobjetivos con armas; el grado de analfabetismo y la falta de contacto con el mundo occidental habrían determinado tal confusión. Sin embargo, todos los indicios y diversos informes indicaban que los periodistas o fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas peruanas, o que éstos dirigieron la masacre, o que por lo menos habían dado órdenes de matar a extraños de la zona porque apoyaban a "Sendero Luminoso". De esta forma, la "Comisión Vargas Llosa" libró de toda responsabilidad a las Fuerzas Armadas, que asumían la seguridad en la zona y la organización paramilitar de campesinos.

La masacre de Uchuraccay fue una de las incontables cometidas por las Fuerzas Armadas y Policiales peruanas y por fuerzas paramilitares, llámadas eufemísticamente "Rondas de Defensa Civil", en el marco de la guerra antisubversiva. Tanto el discurso oficial como la mayoría de la prensa se han encargado a lo largo de los años de presentar ésta y otras masacres como casos aislados, negando así que la estrategia antisubversiva del Estado peruano se ha fundamentado en la sistemática violación de Derechos Humanos; lo cual ha dejado un saldo de más de 30,000 muertos, 5,000 desaparecidos y que bajo el régimen de Fujimori haya más de 7,000 presos y presas políticos. Las causas y desarrollo de la lucha de “Sendero Luminoso” y del MRTA han quedado siempre fuera del debate público, y se oculta que la gran mayoría de las víctimas de la guerra subversiva en el Perú se debe al accionar de las fuerzas militares y policiales. Hay que resaltar que esta política de exterminio contra todo aquel sospechoso de ser "terrorista" fue implementada por los gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1985), de Alan García (1985-1990) y de Alberto Fujimori (1990-2000). De la responsabilidad por la violación de Derechos Humanos en el Perú no se excluye pues la clase política, izquierda parlamentaria incluida, que hoy denuncia al gobierno de Fujimori, pero que ha tolerado, apoyado o aun implementado una política de seguridad interna basada en torturas, desapariciones, asesinatos y masacres.

Las causas que dieron origen al conflicto armado persisten bajo el gobierno de Alejandro Toledo. La continuación de la política económica neoliberal implementada por Fujimori acentúa la pobreza que hoy alcanza al 70% de la población. La movilización social surgida como respuesta a esta política es reprimida cruentamente, como ocurrió en las manifestaciones contra las privatizaciones de las empresas eléctricas en Arequipa el año pasado. Tal actitud resoluta se deja extrañar, sin embargo, en la lucha contra la corrupción y en la persecusión de violaciones de Derechos Humanos. Por el contrario, el régimen de Toledo, siguiendo la línea de sus antecesores, está impulsando una nueva legislación antiterrorista que mantiene penas desmesuradas y obstáculos procesales que recortan el derecho de defensa, negando así principios fundamentales del Estado de Derecho. Esta legislación está orientada no sólo a reprimir manifestaciones de protesta, sino a mantener en las cárceles a más de 2,000 presos y presas políticas que han sido condenados sin las más mínimas garantías de un debido proceso y de acuerdo a leyes que violan cualquier principio de proporcionalidad de la pena.

Las condiciones de internamiento atentan contra la integridad y la salud de los presos y presas; sobre todo en las cárceles de Yanamayo y Casapallca, a más de 4,000 msnm, cuyo cierre ha sido exigido por organismos internacionales de Derechos Humanos, y que son paradigmas de la vejación humana. Existe consenso entre el gobierno de Toledo y los partidos de la oposición respecto a proseguir con una política altamente represiva, que busca frenar con penas desmesuradas la protesta social y dejar impunes a militares y policías responsables de violaciones de Derechos Humanos. Es necesario, pues, demandar no sólo sanción para los crímenes del régimen de Fujimori y Montesinos, sino para los cometidos por los gobiernos de Belaunde y García, así como denunciar al gobierno de Toledo por atentar contra el derecho a la integridad, el derecho a defensa y los derechos civiles de miles de personas hoy presas o víctimas de la represión estatal.

Grupo de Solidaridad con los Presos y Presas Políticos en el Perú
Poetas.com