Cataluña, Constitución y Democracia

Si un movimiento social denuncia el crecimiento de la desigualdad, la injusticia y la corrupción desde dentro de una democracia cuya Constitución consagra la igualdad, la justicia y el imperio de la ley como fundamento del orden político y la paz social, es inmediatamente tachado de populista por los poderes fácticos que controlan la economía nacional. Si, además, proclama su voluntad de constituirse en una república al margen de nuestra monarquía neofranquista, es calificado como una amenaza para la democracia y la paz social.

Una constitución es norma superior porque brota de la soberanía popular. El pueblo, constituido en nación, se autodetermina frente a quienes le someten e impone su voluntad expresándola en una constitución escrita que formaliza un pacto político y social de obligado cumplimiento para todos.

La mayoría del pueblo catalán -al igual que la mayoría del pueblo vasco- se considera una nación y lo expresa reiteradamente en opinión pública, urnas y movilización pacífica. El nacionalismo españolista que aterrizó en la nueva democracia española a partir del 15 de junio de 1977 excluyó - bajo amenaza militar - el "problema nacional" de la Constitución española: "la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1) .. indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles .. garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades (art. 2) .. las fuerzas armadas .. tienen como misión .. garantizar la integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art.8)".

Hace 8 años, el Tribunal Constitucional "se cepilló" todos los contenidos soberanistas de una propuesta de Estatuto del Parlamento Catalán que el gobierno de Zapatero había prometido respetar. A partir de aquí, cada 11 de septiembre, una marea humana sale a la calle para recordar su reivindicación nacional y proponer un referendum consultivo que clarifique el verdadero apoyo ciudadano a la causa soberanista catalana.

El gobierno del PP hace caso omiso de una reivindicación nacional que, con más de un siglo, no para de crecer. Quienes modifican la Constitución española al dictado de las instituciones del capitalismo internacional, se niegan a dialogar con un sujeto político tan ilegal como real buscando su acomodo mediante una reforma constitucional. La negativa de PSOE y PP a realizar un referendum consultivo ha desencadenado un movimiento de desobediencia civil a la Constitución española y al actual Estatuto de autonomía y un proceso constituyente que culmine en la proclamación de una republica independiente de la monarquía española. Todo ello tras un referendum que, si se gana, ya no será consultivo y si se pierde, producirá una convocatoria electoral.

Demostrando su horror ante el ejercicio pacífico del sufragio universal, el nacionalismo español y las más altas instituciones de su estado, amenazan con el código penal y todos los recursos económicos, administrativos, judiciales y militares que les proporciona una Constitución a su medida. PP, PSOE y Ciudadanos se constituyen en defensores de preceptos constitucionales obsoletos que impiden buscar soluciones políticas a un problema político aunque miran hacia otro lado respecto al incumplimiento masivo de los derechos fundamentales que protegen de los mercaderes globales a la economía, los derechos sociales, los recursos públicos, la salud ambiental y alimentaria y la soberanía nacional de España.

Ahora, el pueblo catalán tiene la palabra. La ilegalidad del "Procès", más allá de sus contradicciones internas y la precariedad de sus alianzas, tiene su causa en la desobediencia a las leyes españolas. Sin embargo, dicha desobediencia tiene su causa en el uso partidista y antidemocrático de la Constitución Española por parte de la monarquía, el bipartidismo españolista (ahora ampliado por una nueva marca de la derecha) y su poder judicial.

La causa de la causa es causante del daño causado. Lo que pueda suceder no se debe tanto a la desobediencia catalana como al oportunismo de los españoles enemigos de una interpretación dialogante, justa y democrática de la Constitución. El verdadero peligro es el uso irresponsable del poder coercitivo del Estado contra una reivindicación democrática y pacífica. Mariano Rajoy, presidente de un gobierno neoliberal, xenófobo, machista, contaminante y belicista y secretario general de un partido con centenares de altos cargos inmersos en procesos criminales por corrupción, utiliza la "desobediencia catalana" para mantener su liderazgo con una huida hacia adelante de consecuencias muy graves.

En este trance, tod@s tendremos que tomar partido. Yo sí tengo miedo.

Agustín Morán, CAES