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Estado español :: 12/10/2017

Cataluña, Vivienda y Autodeterminación

CAES
El populismo de derechas siente terror ante la Acción Directa ciudadana, legítima, democrática, justiciera y pacífica

La mayoría de l@s ciudadan@s catalanes, al expresar su deseo de modificar la relación de Cataluña con el Estado Español, se constituyen como pueblo. Pero, la Constitución Española (C.E.) sólo reconoce como sujeto de soberanía al "pueblo español" en su totalidad, por lo que esta reivindicación es jurídicamente imposible. El "pueblo catalán" es tan real como ilegal.

Los sucesivos gobiernos de España han negado cualquier reforma constitucional para superar esta contradicción. Dilaciones y engaños han conducido al pueblo catalán a la Acción Directa pasando de un referéndum consultivo a otro decisorio que -de ser mayoritario-, abriría el camino a una República Catalana Independiente.

Cientos de miles de familias expulsadas de sus viviendas por la violencia hipotecaria y especulativa, ven conculcado su derecho a una vivienda digna. La movilización de millares de afectad@s a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha hecho visible una trama político-económica-judicial calificada como "ilegal" por Tribunales de Justicia Europeos y Comités de Derechos Humanos de la ONU. Durante 40 años de Constitución, el bipartidismo monárquico español ha dificultado la posibilidad de denunciar ante los tribunales la violación del derecho fundamental a la vivienda.

Un gobierno que no garantiza los derechos y libertades fundamentales violentados por el Nacionalismo Global de Mercado no es democrático. Los políticos (españoles y catalanes) de mercado, gobiernan para un mercado Uno, Grande y Libre. En lugar de acabar con la arbitrariedad de los poderes públicos (en colusión con los privados), interpretan la Constitución a su medida y construyen una sociedad anestesiada.

El movimiento soberanista catalán ha sido potenciado por una precaria alianza político-parlamentaria entre lo más capitalista y lo más anticapitalista. El gobierno de España, protegido por su poder judicial, ha ilegalizado el referendum del 1-O-17, intervenido sus elementos materiales, amenazado penalmente a miles de ciudadan@s activ@s en la consulta y trasladado a Cataluña miles de efectivos policiales para maltratar y humillar a millones de catalan@s que, con su voto, contribuían a expresar la Voluntad Popular clarificando -de paso- el verdadero apoyo de la sociedad catalana a las propuestas soberanistas.

El populismo de derechas siente terror ante la Acción Directa ciudadana, legítima, democrática, justiciera y pacífica. Pero la utiliza. El nacionalismo periférico contra el nacionalismo españolista y viceversa. Y, ambos, para difuminar su implicación en numerosos procedimientos penales y para enfrentar a unos pueblos contra otros. El bipartidismo monárquico español, en alianza con el neofranquismo más rancio ha elegido -en lugar del diálogo y la negociación política- la represión, la ocupación militar, la fuga de capitales y la invasión de Barcelona con multitud de no catalanes.

Ahora, el movimiento popular catalán es más plural, más social y más consciente de su propia fuerza y de la cerrazón de los enemigos de la democracia y la Constitución, autodenominados “demócratas” y “constitucionalistas”. Los movimientos sociales, los pueblos de España, la izquierda y l@s demócratas del Estado Español debemos respaldar el derecho de autodeterminación y sufragio del pueblo catalán e impedir su neutralización violenta a manos del gobierno de un partido, el PP, tan legal como ilegítimo.

Agustín Morán, CAES, octubre 2017

 

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