Democracia, elecciones y poder constituyente

El constitucionalismo democrático estudia la teoría y la práctica de los gobiernos limitados por la economía de mercado. Desde este modelo, el orden social aparece como la articulación de un conjunto de aparatos económicos, políticos, jurídicos, militares, culturales y electorales que median la explotación y la desigualdad de l@s ciudadan@s, sin preguntarse por el origen de dicha explotación y desigualdad.
Las instituciones del estado han perdido su legitimidad cuando se usan para favorecer a los de arriba a costa de los de abajo, minimizar el pluralismo político y la separación de poderes; proteger a especuladores, defraudadores y delincuentes de cuello blanco; someter la economía del país a las instituciones del capitalismo internacional [1]; cooperar con la destrucción de la biodiversidad y la fertilidad de la tierra, el vaciamiento del campo, la contaminación y la inseguridad alimentaria; aumentar la precariedad, la desigualdad, la injusticia y el desorden; consentir la subordinación de las mujeres respecto a los hombres; tolerar las injerencias de la iglesia católica en un estado oficialmente aconfesional; embarcarnos, a través de la OTAN, en guerras imperialistas cada vez más cercanas; y utilizar las elecciones para perpetuar su poder arbitrario. Llegados a este punto, la ciudadanía está legitimada para desobedecer a los políticos y las instituciones que, agitando la bandera de la democracia, la degradan.
No se debe confundir “democracia” con “parlamento y elecciones”. La modernidad liberal y neoliberal presenta una contradicción antagónica entre los gobiernos condicionados por la libertad de las grandes empresas y la democracia como gobierno del pueblo. Por eso, las constituciones democráticas de mercado limitan por ley la libre elección -o derecho de autodeterminación- de l@s trabajador@s, las mujeres y los pueblos. El equilibrio del capital como verdadero sujeto de derechos de la Constitución, se sustenta en la violencia simbólica y física con la que somete todas las formas de vida y sociabilidad a sus necesidades de valorización.
El poder constituyente -invocado en las constituciones como “soberanía popular” y fundamento del poder constituido democrático- se expresa en las aspiraciones y luchas de los movimientos sociales. Cuando las instituciones y los políticos del poder constituido niegan al poder constituyente, la democracia se reduce a una serie de procedimientos separados – y contrarios- a los principios que dice defender. Es justo rebelarse frente a un poder constituido enemigo de la igualdad, la justicia, la naturaleza y la dignidad de las personas.
El poder constituyente brota de la participación, la conciencia política y la voluntad del pueblo. Sus condiciones de posibilidad aparecen en la confrontación con una economía y una clase política al servicio de intereses privados en una destructiva huida hacia adelante. El sujeto del poder constituyente resulta de la convergencia de los sectores sociales que, en lucha por su autodeterminación, se organizan como contrapoder de masas, pacífico y democrático. En el proceso constituyente, la libertad consiste en la lucha por la liberación de los sujetos sujetados por la economía de mercado y la política de mercado y el centro de gravedad del orden democrático se desplaza desde el poder constituido –instituciones y proceso electoral- a la emergencia y organización del poder constituyente.
La democracia exige la ruptura con una clase política que, en la Transición Española (175-1981), propició la metamorfosis de la dictadura franquista del capital en la dictadura parlamentaria del mismo capital. La Europa de los Mercados, sus políticos, instituciones y procesos electorales, forman parte de dicha metamorfosis y son causa principal de la disolución de la democracia y la vulneración de los Derechos Humanos. Pero esta ruptura depende de que la deseen amplias mayorías sociales. Esa es la tarea de la izquierda.

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Agustín Morán