El colectivo de personas sin techo responde a los intentos de deslegitimar su acampada
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Integrantes de la acampada de personas sin hogar que se instaló en abril frente al ministerio de Sanidad, responden ante los intentos del Ayuntamiento de Madrid de poner en cuestión su situación de calle.
Sólo doce personas, según el Ayuntamiento de Madrid, están en situación de calle de las decenas de personas acampadas desde abril en el Paseo del Prado, como parte del movimiento Nadie sin Hogar que reclama una vivienda digna. Esta afirmación, que el propio colectivo de personas sin techo cataloga de falsa, motivó a varios de sus miembros a realizar el pasado 31 de julio una acción simbólica frente al Palacio de Cibeles: la protesta, consistente en colocar doce tiendas de campaña a la entrada del consistorio, concluyó con el desalojo policial y con el portavoz del colectivo —Miguel Carreras, conocido como Miki—detenido.
Días después del encontronazo con el consistorio, quienes protestaron ante el Ayuntamiento acaban de registrar 58 solicitudes de acogida por sinhogarismo. Pretenden así demostrar que la gran mayoría de los acampados son personas sin hogar cuya intención es que se escuchen sus demandas. “Miki” cree que la estimación que reduce a 12 las personas realmente sin hogar, y que partió concretamente del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Ayuntamiento, basada en un análisis de técnicos del Samur Social, es una estrategia para deslegitimar la acampada y justificar un futuro desalojo. “Si hubieran venido al campamento hubieran visto que todos somos sintecho y que estamos pidiendo ayuda”, ha declarado a El Salto.
“Han dicho que sólo hay doce personas sin techo en la acampada. Aquí tienen doce tiendas con doce sin techo. Que empiecen a realojarlos, pero cuando los realojen van a tener a doce más”, argumentó Miki en la protesta del día 31, cuando a las 11 de la mañana instalaron las tiendas de campaña en la explanada frente al Ayuntamiento.
Desde el colectivo sin techo aseguran que en la acampada hay en torno a 160 personas en situación de calle; en Madrid, según el último recuento del Samur Social de diciembre de 2018, hay un total de 2.772, una cifra que refleja un aumento de la problemática en los últimos años.
Durante la acción del miércoles 31, mientras el grupo de acampados se atrincheraba en las doce tiendas con gritos de “nadie sin hogar”, se aprovechó para recoger firmas en una mesa informativa para la Iniciativa Ciudadana Europea Housing for All.
El encargado de la mesa era Arturo, otro de los acampados. “El carácter de esto es pacifista, no buscamos follón”, comentaba. “Me parece muy fuerte que haya tanta presencia policial si somos pacifistas y estamos reivindicando unos derechos”, añadió, refiriéndose al amplio despliegue policial: once policías municipales, dos coches, un camión policial. También, un camión de la basura. “No tenemos otro sitio donde ir, ni otra opción que ponernos a la vista”, explicaba Miki a la llegada de la policía. A pesar de que se solicitó en ese momento una instancia para legitimar la protesta y ejercer “el derecho de manifestación pacífica”, y aunque la intención era resistir acampados en las doce tiendas simbólicas, la concentración fue desalojada a partir de la una de la tarde por la policía municipal y el portavoz del movimiento, detenido al intentar resistirse. Hubo protestas cuando se culminó la represión de la acción con la recogida de varias tiendas de campaña: éstas, las “casas” de algunas de las personas que protestaban, fueron arrojadas al camión de la basura con objetos personales dentro.
Posteriormente, en rueda de prensa, Almeida —a quien se ha invitado en repetidas ocasiones a acercarse a la acampada, según afirman sus integrantes— afirmaba que no se pueden ocupar las vías públicas como medio de presión. Para el alcalde, esta “no es una buena forma de solucionar la situación”. Quienes siguen acampados recuerdan que precisamente lo que demandan es dejar de estar en la calle.
Convivencia al raso
Las condiciones al raso siempre son duras; las fuentes de agua públicas facilitan la estancia, así como los baños del centro autogestionado La Ingobernable, muy próximo a la acampada, pero no bastan. “Llevamos tres meses al sol, al calor, con poca comida, casi sin agua”, cuenta Miki.
El 16 de junio, una de las mujeres sin hogar acampadas, Angie, tuvo que ser atendida por un sangrado de su embarazo de cinco meses, y los miembros del colectivo denunciaron que el albergue al que fue enviada no tenía las condiciones adecuadas y que los servicios sociales no ofrecieron una alternativa de acogida. “Es triste decir que en la acampada tenemos mejores condiciones de las que ofrecen los albergues”, opina Miki.
Por otro lado, en sus días en la acampada encuentran actitudes de todo tipo: gente que muestra su apoyo, que realiza donativos de comida y ropa, y gente “que nos llama guarros, que qué asco dais”, cuenta Arturo. La convivencia es complicada. La llegada de las que algunos consideran personas conflictivas a la acampada original frente al Ministerio de Sanidad, ha hecho que el colectivo se divida: un grupo de 40 personas decidió desplazarse con sus tiendas a las proximidades de Cibeles, al otro lado del bulevar.
Javier está entre quienes se desplazaron, también participó en la protesta del miércoles 31. Dice estar en situación de calle, donde lleva viviendo doce meses; el 17 de abril un compañero le informó de la existencia de la acampada frente al Ministerio y acudió. Calcula que en la zona cercana a Cibeles, donde él duerme, “somos unas 44 personas, y abajo, ciento y pico”.
“En todas partes hay personas conflictivas, en todas las comunidades de vecinos hay roces”, opina Miki. “En situaciones de precariedad extrema y supervivencia es más fácil que los conflictos se den, aún más cuando vivir en la calle hace que cualquier persona adopte la actitud de estar a la defensiva”. Pero no hay “bandas”, aclara, ni nada más que la convivencia de más de un centenar de personas.
Otro de los acampados en Cibeles es Constantín. Es discapacitado, relata un pasado de maltrato y lleva casi 17 años sin hogar, viviendo en la calle. Durante la protesta dijo sentirse “optimista” y comentaba, esperanzado, que el lunes 5 de agosto iba a tener la primera cita con un trabajador social. Sin embargo, días después de esa cita ha explicado su desánimo en sus redes sociales: “He tenido una cita con mi trabajador social de Valdebernardo. Me ha dado la única solución de registrarme en el registro de pisos del Ayuntamiento y a esperar. Me encuentro muy cansado, derrumbado y desorientado”. Constantín quiere conseguir un alquiler social: “Tengo miedo de seguir ya viviendo en la calle”, asevera.
Casi cuatro meses de acciones para visibilizar el sinhogarismo
El 16 de abril de 2019, el entonces pequeño colectivo de personas sin hogar se instaló en tiendas de campaña frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el Paseo del Prado, entre las que se encontraban integrantes de la Asociación de personas sin techo Chupano y del movimiento “Nadie sin Hogar”. Contaban con permiso del Ayuntamiento para realizar su acampada y tenían algunas demandas abstractas, como el derecho a techo, y otras muy concretas: entre ellas, la puesta en marcha del Plan de Inclusión de la Comunidad de Madrid para las personas sin hogar 2016/2021 y la inclusión del problema del sinhogarismo en la distribución de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde entonces han venido realizando diferentes acciones para hacerse ver y oír. Protestas, como la del 21 de mayo a la puerta del Congreso, de donde también fueron desalojados. Pero también reuniones con representantes políticos, como la diputada Isabel Franco, la Secretaria de Estado de Política Social, Ana Isabel Lima Fernández, y el Director General de servicios para las Familias y la Infancia, Ángel Parreño Lizcano, quienes tomaron nota de las propuestas y se comprometieron a buscar una solución.
Una reunión que el colectivo encontró particularmente “productiva”, tuvo lugar el 12 de julio con el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, que les prometió trabajar con el colectivo para presentar una Petición a la Comisión de Peticiones de la Ciudadanía del Parlamento Europeo, además de sumar su firma a la Iniciativa Ciudadana Housing for All.
Sin embargo, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida no es el único representante político que no ha querido recibirles. El 23 de julio algunos medios publicaron la carta abierta del colectivo dirigida a PSOE y Podemos en relación al acuerdo de investidura, en la que les pedían que aborden las problemáticas de la vivienda, los desahucios y el sinhogarismo, y el 25 intentaron hacerse oír mientras se fraguaba la fallida investidura de Sánchez en el Congreso.
El 1 de agosto iban por fin a tener una reunión con José Anoirte Rueda —Concejal y responsable de Servicios Sociales—, que fue cancelada en el último minuto. Este lunes 5, con el fin de demostrar que hay más de doce personas sin techo en la acampada, llevaron al registro central del Ayuntamiento 58 fichas con las problemáticas de las personas acampadas dirigidas al área de servicios sociales: se trata de 58 historias con las que esperan mostrar la gravedad del problema del sinhogarismo. Estas fichas suponen solo una parte de las que hay realmente acampadas, quiso aclarar Miki, pues “no todo el mundo ha rellenado las fichas a tiempo, pero no podíamos esperar más porque las teníamos que registrar el mismo lunes”.
El Salto