En Canarias sigue habiendo obstáculos para ejercer el derecho al aborto

Con motivo de la Conmemoración del 28 de Septiembre, Día Internacional por el Derecho al Aborto y por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Plataforma por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito de Tenerife ha emitido un comunicado en el que exigen tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de Canarias que cumplan con sus obligaciones a la hora de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva.

Según señala la Plataforma “hace ya 12 años que se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Sin embargo, añaden, “la realidad nos muestra que hay una enorme distancia entre los derechos reconocidos en la ley y su puesta en práctica por parte del Gobierno Estatal y del Gobierno de Canarias”.

En este sentido denuncian “la carrera de obstáculos que hay que afrontar cuando se quiere interrumpir un embarazo”. Según refieren, “el Servicio Canario de la Salud obliga a tener que desplazarse desde el municipio de residencia a las Direcciones de Área de Salud de cada isla, ubicadas en las capitales insulares, para poder solicitar y gestionar la prestación. Se están requiriendo hasta tres desplazamientos consecutivos antes de que se realice la derivación al centro donde se practicará la intervención”, lo que a juicio de la Plataforma “constituye un claro maltrato institucional y una barrera a la hora de acceder a la IVE”. A este respecto, reclaman a la Consejería de Sanidad “que dicha solicitud pueda ser gestionada desde los centros de atención primaria, y que se facilite el proceso para acceder a la prestación”.

Asimismo, denuncian que “en Canarias las IVES que la ley califica como “interrupciones del embarazo a petición de la mujer”, es decir, la inmensa mayoría de las realizadas, están siendo derivadas por la Consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas (dos en Tenerife y dos en Gran Canaria), mientras que en los centros públicos acreditados solo se están realizando las calificadas como “interrupciones por causas médicas”, que suponen un exiguo porcentaje del total”. Desde la Plataforma señalan que “esto hace que en la mayor parte de las ocasiones quienes residen en las islas no capitalinas tengan que desplazarse fuera de su isla para acceder a la prestación, lo cual podría solventarse si dichos abortos fueran realizados en los hospitales públicos insulares”. Añaden que “según los últimos datos, del total de abortos realizados en Canarias en 2020, el 96’9% se llevaron a cabo en centros privados, y tan solo un 3’1% fueron realizados en centros sanitarios públicos”.

Por otro lado, ante la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pendiente de ser debatida y aprobada en las Cortes Generales, la Plataforma se posiciona solicitando “una ampliación de los derechos reconocidos por la legislación vigente, de forma que se despenalice definitivamente el aborto voluntario, se garantice el derecho a la libre decisión de las menores de 16 y 17 años, se regule la objeción de conciencia del personal sanitario para que no sea un obstáculo en la práctica de la IVE en la sanidad pública, y se asegure el acceso en condiciones de equidad de quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las migrantes en situación irregular, las personas no binarias y hombres trans con capacidad para gestar, las víctimas de violencia de género o las mujeres con discapacidad”.

Desde la Plataforma recuerdan que “para poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos no es suficiente con que estén reconocidos en las leyes”. Afirman que “si bien es importante contar con una legislación adecuada, es imprescindible que exista además la voluntad y el compromiso de hacerla cumplir”, para lo que consideran necesario “que se dediquen presupuestos suficientes a la financiación de los servicios públicos, y en concreto a la información, sensibilización y educación, a la dotación de recursos humanos y materiales, a la formación de profesionales, y que se articulen mecanismos de control y seguimiento para que estos derechos queden garantizados en la práctica”.