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Ganándose unos pesitos extras con la explotación sexual (I)
En Tucumán, el negocio de la explotación sexual tiene como amos y señores a miembros de la fuerza policial. Se unen en relaciones comerciales a las perversas redes de prostitución que funcionan en todo el país e internacionalmente. La provincia está calificada como lugar de origen y tránsito del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Nada de esto sería posible sin la corrupción de sectores del poder.
En San Miguel de Tucumán existen 32 prostíbulos habilitados por la Municipalidad capitalina y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) bajo la fachada de bares. En algunos hay stripers, por lo cual son catalogados como bares con espectáculos. Según fuentes extraoficiales, la mayoría de los dueños de los prostíbulos son policías, algunos retirados y otros en actividad.
Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles declara que “en la actualidad no se aplica la ley 12.331 que prohíbe explícitamente el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Esta ley prevé multas en una primera oportunidad, y en caso de reincidencia las penas llegan a prisión”. Además, existen legislaciones como el artículo 126 del código penal de la Nación que condena a “quien con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución”.
Pero la realidad se presenta de otra manera. “Los prostíbulos en Argentina funcionan en todas partes, a pesar de que están prohibidos por leyes nacionales y por la Convención Contra la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena, que fue firmada y ratificada por nuestro país. Producto de las complicidades es muy difícil llegar a los grandes jefes de las redes de prostitución, a los funcionarios, a los empresarios y los comisarios que participan del negocio. Las leyes que se aplican son únicamente aquellas que sirven para reprimir a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, o para proteger de forma velada a los proxenetas” explicó Cecilia, de la agrupación feminista Las Lilith.
En nuestra ciudad los prostíbulos están concentrados principalmente en varias zonas. Por un lado, en “El Bajo”, que surgió como “zona roja”, dado que allí se hallaba la ex estación de trenes y más tarde la ex Terminal de ómnibus. Otro foco donde se agrupan muchos prostíbulos es en las calles Marco Avellaneda al 500, 600, Corrientes 1300 y Suipacha al 500. El marco legal con el que funcionan estos sitios es brindado por la Municipalidad y el IPLA. Sólo con una pregunta clara acerca de la habilitación de un establecimiento donde habrá “mujeres de alquiler”, se entregan con naturalidad todos los permisos necesarios. Según denuncian los vecinos de estos “bares”, esos lugares abren y venden bebidas alcohólicas después de las 4 AM. Así, el IPLA no sólo entrega con negligencia permisos, sino que tampoco hace los controles pertinentes.
Al ser policías dueños de los negocios, pueden conocer cuando se realizarán los allanamientos, los que les permite desmantelar gran parte de las pruebas de la verdadera actividad que realizan. Además, Garmendia indicó que “la prostitución es una fuente de ingreso para la “caja negra” de la policía, a través de coimas o favores”.
En los pocos allanamientos que se ejecutan en los prostíbulos se pone el foco en la búsqueda de menores de edad. Se identifica a las mujeres a través del DNI. “Hoy se reclama que se utilice, además, las huellas dactilares, porque es común en estos casos la falsificación de documentos” agregó el abogado. Las mujeres son llevadas a las comisarías donde se las interroga para saber si ejercen la prostitución por su voluntad. No se tiene el debido cuidado ante la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución: el peligro a la que pueden estar expuestas. “Además, no se toma en cuenta que hay un 90% de posibilidades que en esos allanamiento puede encontrase víctimas de trata, ya que en estos lugares es donde se materializa la explotación sexual” aclaró Garmendia.
En el mejor de los casos, los burdeles son cerrados por dos días. Y así se pone nuevamente en movimiento el negocio. Por supuesto que los clientes no son tocados, salen por la puerta del costado en los operativos policiales. El cliente-prostituyente (ver abajo) no está penalizado y no se habla de sus responsabilidades.
Respecto a la intervención de la Justicia, las denuncias pierden eficacia, debido a los pasos largos procesos judiciales. Estos pueden entorpecer la investigación o la posibilidad de encontrar a una mujer que fue declarada como desaparecida. Pero también hay casos donde los fallos convalidan tácitamente la explotación sexual. Este año, en un allanamiento a un prostíbulo de la calle José Colombres al 400 se “encontraron” 7 mujeres, un cliente y armas. Gambarte, dueño de este lugar, sólo fue procesado por la posesión de un arma que no estaba registrada.
Estado responsable y cómplice
Estos policías son la parte visible de un entramado de complicidades. “Los funcionarios políticos, los jueces, las fuerzas de seguridad, y empresarios son parte del negocio, aportando la documentación falsa para las mujeres, avisando cuando va a haber inspecciones o allanamientos, cambiando silencio por dinero o pases gratis con las chicas”, afirmaron desde Las Liliths.
El Estado y sus distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) no persiguen a los explotadores, ni respetan los derechos humanos de las víctimas. Tampoco crean programas ni leyes para la asistencia médica o contención psicológica de estas mujeres, ni brindan capacitación laboral, viviendas y creación de empleo para las violentadas. En definitiva, lo que hace el Estado es mantener todas las condiciones que llevan a miles de mujeres a encontrarse en situación de prostitución.
Cliente prostituyente
Es quien cierra el círculo de este negocio, porque es el que consume, genera la demanda, y a través de su dinero lo hace redituable. “Los clientes son hombres de todas las clases sociales de cualquier condición. Con poco o mucho dinero todos pueden gozar del privilegio que les otorga el patriarcado de poseer cuerpos de mujeres. Es responsabilidad del cliente la cada vez más reducida edad de la ‘mercancía’ que consumen”, comenta Silvia Olivera, integrante del Grupo Independiente de Mujeres Militantes (GIMM). El cliente paga para imponerse a la mujer, cierra un pacto implícito con el proxeneta, “por eso nosotras decimos que los clientes son prostituyentes, participes activos de la violencia que ejercen sobre las mujeres. Los actos que realizan a las mujeres atentan contra sus derechos humanos porque les producen serio daños físicos y psíquicos”, declara Olivera.
