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Jarrai-Haika-Segi, un caso insostenible
El fiscal y la acusación popular del «caso Jarrai-Haika-Segi» no pudieron ayer mantener las acusaciones iniciales lanzadas sobre los 33 imputados y se vieron forzados a retirarlas para cinco de los procesados y rebajarlas para el resto. Este proceso, desde el punto de vista del Estado, pretendía ser el que marcara el devenir del macro sumario 18/98, quizá porque los acusadores entendían que sería más fácil buscar condenas para jóvenes acusados de promover la kale borroka, lo que allanaría el camino cuando tuvieran que juzgarse cuestiones que podrían resultar más comprometidas como el cierre de un periódico y una radio, la intervención de empresas, la suspensión de organismos políticos y el intento de eliminación de una fundación. Sin embargo, dos meses de sesiones han demostrado la endeblez de la estructura construida por Baltasar Garzón con el impulso político de José María Aznar, y que ahora tratan de mantener apuntalada el fiscal y la acusación particular.
La vista oral ímarcada inicialmente por las peculiaridades del presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevaraí ha ido demostrando el carácter eminentemente político en el fondo e inquisitorial en las formas de este juicio. En ausencia de pruebas, las acusaciones se han basado en las opiniones particulares de policías y guardias civiles, presentados ante la sala como «peritos», sobre las vinculaciones de las organizaciones juveniles vascas con ETA, con KAS y con la violencia callejera. Sin embargo, los testigos, los hechos y hasta las escuchas telefónicas tan sólo recogían actividades propias de organismos juveniles. Ante esta evidencia incontestable, se revierte la carga de la prueba y se pretende que los acusados demuestren su inocencia.
En estas condiciones, el anuncio de que la fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo rebajan sus peticiones es una buena noticia tanto por el lado personal para quienes han quedado en libertad, como por el colectivo, puesto que muestra la debilidad de las acusaciones. Sin embargo, no puede perderse de vista que nos encontramos ante un juicio político en un tribunal de excepción, y que todavía está en juego el futuro de 28 ciudadanas y ciudadanos vascos para quienes se piden diez años de cárcel por «integración terrorista». Es posible que acaben siendo los chivos expiatorios de una estrategia jurídico-política que cada día que pasa se observa que va haciendo agua por nuevos flancos, sin que ello suponga que el Estado reconozca su desatino.
