La Corte Suprema, la impunidad y la ofensiva fascista contra Zaffaroni

Artículo de Jorge L.Elizondo de la diaspora vasca en Argentina enviado a La Haine - Euskal Herria

La Corte Suprema actual, heredera de la época menemista, ha sido una pieza fundamental del Estado capitalista para garantizar no los derechos de los ciudadanos, sino el negocio de las privatizaciones, los privilegios de las grandes empresas y la liquidación de normas protectorias del trabajo.
La "mayoría automática" aseguró la gobernabilidad del sistema durante el menemismo y su continuidad delarruista. Las contradicciones creadas en torno a la negativa de los bancos a restituír a los ahorristas sus depósitos en dólares, potenciaron una fuerte demanda de renovación de la Corte. A partir del 19 y 20 de Diciembre de 2001, en el marco de la rebelión popular que provoca la huída de De la Rúa y que pone en cuestión a la totalidad de las instituciones de la llamada democracia representativa, el "que se vayan todos" de las asambleas populares también alcanzó a estos verdaderos cortesanos del poder.

El pueblo comienza a entender la función cumplida por la Corte durante más de una década: garantizar la impunidad de las grandes corporaciones y la de los viejos y nuevos
represores.Pero la Corte se mantiene incólume y hasta se da el gusto de chantajear al gobierno de Duhalde con un fallo dolarizador que haría tambalear las bases de la política económica.Hoy Kirchner hace caer a Nazareno, y propone a Zaffaroni como contracara de aquél, exponente del progresismo, la doctrina penal más avanzada, el constitucionalismo social propio del "Estado del Bienestar" que el auge neoliberal destruyó, la no discriminación y los derechos humanos.La reacción de la derecha económica, política y social no se hace esperar: la acusación más grave ha sido la de ser un "garantista", es decir un defensor de los derechos civiles contra los desbordes del autoritarismo neoliberal, contra el "gatillo fácil" y la "tolerancia cero", es decir de los derechos consagrados por la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

El peligro de que las libertades reconocidas en el texto de las constituciones burguesas y negadas en la práctica, sean reconocidas a los sectores populares, aterroriza a los dueños del poder económico y a sus personeros fascistas.Por otra parte, la socialdemocracia y los "progres" criollos, huérfanos de liderazgos y sorprendidos por la aparente audacia de algunas medidas políticas de Kirchner; reivindican la figura de Zaffaroni "ex convencional de 1994- como su nuevo referente político y social. Creen o quieren creer que la presencia de este jurista en la Corte produciría un efecto mágico y que el resto de sus miembros "ayer devotos de la mayoría automática"- se transformarán en
demócratas civilizados y defensores de los derechos humanos.

Sólo faltaría que caigan Moliné, y luego Guillermo López corrupto menemista de extracción
sindical- y se jubile Fayt, para que se produzca un adecentamiento que, bajo el influjo de Zaffaroni, se traduzca en la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final... para lo cuál quedaría sólo convencer a Boggiano (del Opus Dei), Belluscio, Vázquez, Maqueda y Petracchi. Pero aún cuando se establezcan garantías acerca de las cualidades jurídicas y éticas de los postulantes, con la posibilidad de que los colegios de abogados, otras organizaciones de profesionales, de derechos humanos, las universidades, etc., puedan adherir o impugnar las candidaturas; no cambiará el carácter antidemocrático, elitista, corporativo y reaccionario de este órgano del poder. No existe el propósito de cambiar en su esencia la Corte Suprema como órgano superior del Poder Judicial; ni el carácter aristocratizante del proceso de selección de los jueces; el Gobierno
ni siquiera se plantea la posibilidad de la elección popular, sino el Consejo de la Magistratura "siguiendo el modelo italiano o español- con lo que el Poder Judicial continuaría siendo antidemocrático en virtud de su propio origen: designación por parte del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Pero existe otro "referente", partidario de la "extraterritorialidad’ y de la "justicia
universal", el Juez Baltasar Garzón; que no está dispuesto a esperar a Kirchner y a la lenta evolución de la justicia argentina, y se apresura a reiterar el pedido de extradición de 46 militares genocidas, entre los que se cuentan
nada menos que Videla y Bussi.

Mientras el imperialismo yanqui ha dicho que no
permitirá que se siente en el banquillo de los acusados de un Tribunal Penal Internacional a sus militares y coacciona a los países para que firmen la adhesión a este nuevo principio básico del Derecho Internacional: la impunidad de
los genocidas norteamericanos; los partidarios de la "justicia universal" como Garzón- plantean la extraterritorialidad de la ley penal y el juzgamiento de los "terroristas" por parte de este Tribunal Penal Internacional.

Es cierto que condenan a quienes desataron la guerra en Irak, pero saben que ni Bush, ni
Blair, ni Aznar comparecerán jamás ante este tribunal. En cambio sí sientan a quienes han resistido al imperialismo, como los dirigentes de la ex Yugoslavia. Los yanquis también plantean la extraterritorialidad para juzgar a sus enemigos: están aplicando su propia ley, la ley del Imperio como los romanos- a quienes se han atrevido a desafiarlos: los afganos, los iraquíes y amenazan con aplicarla a todos los estados y organizaciones revolucionarias, antiimperialistas o patrióticas que los enfrentan de la misma forma en que siempre se ha combatido a los opresores.

La utopía reaccionaria de sostener la posibilidad de lograr una justicia supranacional sin la revolución que haga posible la ruptura del sistema de dominación internacional, ocultando el hecho de que se trata de una justicia al servicio del orden político, social y militar creado por el capitalismo; es una fantasía que sirve al imperialismo y encubre los
verdaderos objetivos del juez Garzón.

La extradición de los 46 militares argentinos -previa derogación por parte de Kirchner del decreto de De la Rúa que la prohibía-, arrojaría un resultado positivo para Garzón: anticipándose al propio Tribunal Penal Internacional, enjuiciaría a quienes en virtud de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, y los indultos de Menem, parecían haber quedado a salvo de toda justicia. De esta forma, podría legitimar su propia situación como juez de la Audiencia Nacional de España, principal responsable de la feroz persecución emprendida contra el pueblo vasco, sus partidos políticos (como Batasuna), movimientos juveniles, de derechos humanos, ilegalización de más de cuatrocientas candidaturas populares, cierre de periódicos, prohibición de manifestaciones y de plataformas electorales, y de la tolerancia
hacia la práctica habitual de la tortura sobre los detenidos políticos.

De juez de la Audiencia Nacional, heredera del TOP (Tribunal de Orden Público del franquismo), Garzón ascendería a la categoría de paradigma de la justicia universal.
Pero la extradición significaría a la vez sepultar toda posibilidad de movilización popular en nuestro país contra la impunidad de los asesinos de ayer y de hoy. La Corte, con o sin Zaffaroni, podría dilatar aún más su fallo relativo a la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Y lo que es más grave: dejaría impunes a los demásmilitares, policías y colaboradores civiles de la dictadura, que se verían favorecidos indirectamente por el pedido de extradición de Garzón.

La nulidad de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final que el Parlamento deberá tratar en Agosto- zanjaría la cuestión, evitando el tortuoso e inseguro camino de la esperada decisión de la Corte.

La movilización popular es la única garantía que hará posible esta victoria contra la impunidad, que no podrán adjudicarse los legisladores del PJ, la UCR y otros partidos que prohijaron y sostuvieron la vigencia de estas leyes durante casi dos décadas.Aunque estemos lejos de creer en la justicia del sistema, creemos que todos los juicios deben realizarse aquí: los de los genocidas de ayer y hoy, los asesinos del 19 y 20 de Diciembre, los de Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán, porque la movilización contra la impunidad elevará el nivel de conciencia política de los trabajadores y el pueblo, fortalecerá la unidad de los que luchan y de los que trabajamos por la construcción de un bloque
político revolucionario en nuestro país.

Rosario, 29 de Julio de 2003.-