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La voz vecinal contra la Ley 15/97 y la privatización de Pontones se escuchó en el Pleno Municipal
La Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de Arganzuela leyó un texto en la intervención del turno de vecinos del Pleno Municipal celebrado el miércoles 4 de marzo:
LA SALUD ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO
La situación actual de la Sanidad madrileña se encuentra en un proceso privatizador cuyas consecuencias pueden dar al traste con una conquista social que debe ser incuestionable. El Gobierno regional, con la complicidad del Gobierno central, están dejando en manos de empresas privadas (que buscan su beneficio) la salud de los madrileños. Todo ello de forma clandestina, ocultando la situación a trabajadores/as y ciudadanos/as. La Sanidad Pública madrileña está siendo brutalmente agredida sin miramientos. Y este proceso no ha hecho más que empezar.
A partir del mes de abril de 2008, el Centro de Especialidades de Pontones, ubicado en el Distrito de Arganzuela fue ocupado por una empresa privada llamada Capio, perteneciente a la Fundación Jiménez Díaz. Es escandaloso que la Consejería de Sanidad se aprovechara unas obras realizadas sin licencia en el centro de Especialidades de Pontones para introducir de forma clandestina un nuevo modelo de gestión para el centro, ante el asombro de los trabajadores y el total desconocimiento de pacientes y usuarios.
La Comunidad de Madrid no ha hecho públicos los criterios por los que se ha decidido que la Fundación Jiménez Díaz pase a ser hospital de zona de referencia, no habiéndose aprobado ni publicado tampoco el cambio de zonificación.
Es de destacar que el servicio de Análisis Clínico de Pontones no tenía listas de espera y funcionaba correctamente (a plena satisfacción de los Usuarios). A pesar de ello, se decidió llevar las pruebas analíticas a Laboratorios privados, en concreto a Unilabs, que curiosamente también pertenece a Capio, como la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro. Esto es un sobrecoste y un derroche que la Sanidad Pública no puede permitirse ni permitir, ya que se están dejando de utilizar recursos públicos existentes para dar un suculento negocio a esta empresa privada.
Además debido a que los especialistas de Pontones no son de la Seguridad Social, y por tanto no disponen de recetas, se genera un problema añadido para los usuarios y usuarias; ya que como es natural, los médicos de atención primaria no va a recetar algo que ellos no hayan prescrito (dependerá del médico), siguiendo la norma de que quien prescribe, receta. Todavía este lío monumental no está resuelto por la Consejería de Sanidad: pues, o les permite disponer de recetas oficiales de la Seguridad Social sin serlo, o habilitan algún procedimiento.
Y no es el único problema: la escasez de médicos y pediatras en el sistema sanitario público, así como en Arganzuela, es ya de por sí alarmante y escandalosa, y se va a incrementar con el proceso privatizador en curso.
La negativa por parte de los Centros de Salud de entregar la tarjeta sanitaria a los y las inmigrantes que lo solicitan es vergonzante. Se juega de manera mezquina y ruin con la salud de las personas, con actitudes que ponen de manifiesto unas actitudes peligrosas que fomentan el racismo. Los inmigrantes (un colectivo muy vulnerable) tienen mayores necesidades socioasistenciales, y por el contrario, el Ayuntamiento les ofrece menos servicios y prestaciones. Pero muchas más trabas a sumar a las grandes dificultades que padecen.
Los ciudadanos y ciudadanas de Arganzuela tienen derecho a conocer lo que se está haciendo con el sistema sanitario público, que es de todos y que el gobierno Aguirre no tiene derecho alguno a desmantelar.
A su vez, el Ayuntamiento de Madrid secunda este desmantelamiento: precarizando los servicios existentes en los Centros de Madrid Salud, poniendo todas las trabas posibles a las mujeres que desean usar la píldora del día después (aquí mismo, en el Centro de Madrid Salud de Pº de la Chopera, en el Distrito de Arganzuela)… Y otorgando un trato de favor privilegiado a una empresa multinacional privada como Capio que de forma premeditada y saltándose a la torera la normativa municipal, realiza unas obras ilícitas en el Centro de Pontones (transferido por el Ministerio de Sanidad y de uso y gestión público según las transferencias) pero sólo se le “sanciona” con 3.000 euros (y teniendo en cuenta que el inmueble está considerado como de especial protección arquitectónica); mientras que cualquier vecino o vecina que reforme la cocina de su casa sin la preceptiva licencia le multan con 9.000 euros. Y eso ha sido realizado por la Junta Municipal de Arganzuela. ¿Casualidad…? No. Es un seguidismo descarado de un Ayuntamiento que mira hacia otro lado mientras la Comunidad de Madrid arrasa la Sanidad pública.
Finalmente, y sin perjuicio de la titularidad de las competencias en materia sanitaria, el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Arganzuela tienen la obligación de garantizar el mantenimiento en el municipio de Madrid de unos servicios públicos universales y de calidad accesibles a todos los vecinos y vecinas, incluyendo la Sanidad.
La modificación en 1997 de la Ley general de Sanidad, propuesta por el PP y apoyada por el PSOE, es la que ha permitido la entrada de empresas privadas con ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud, y más específicamente en el SERMAS, llegando a la situación actual en la que los hospitales de nueva creación de la Comunidad de Madrid por primera vez dejan de ser públicos (tanto en el modelo de concesión de obra pública como en el de concesión administrativa), pasando a ser de titularidad y gestión privadas, convirtiendo la sanidad pública en un suculento negocio, sin riesgo alguno para los inversores privados y sus juntas de accionistas, que como en otros países de la unión europea (Reino Unido), será necesario refinanciar (recapitalizar con fondos públicos) periódicamente, al dedicar los recursos al reparto de beneficios a sus accionistas y el correspondiente vaciamiento financiero de un servicio publico prioritario.
Numerosos y exhaustivos estudios internacionales concluyen que los hospitales privados (con ánimo de lucro) ofrecen una calidad asistencial a los enfermos muy por debajo a los de gestión directa de la Red Pública (no lucrativos). La sanidad madrileña, tal como la conocemos, está en grave peligro, y su tratamiento requiere ir a la causa del problema, no quedarse en los síntomas. Se trata fundamentalmente de la Ley 15/97, que es necesario y urgente derogar.
Tarde o temprano, estas transformaciones que estamos sufriendo van a tener graves repercusiones para los sectores más desfavorecidos de la población, y por supuesto, también para la de Arganzuela. Y en el Distrito de Arganzuela los vecinos y vecinas ya están empezando a sufrir de manera paulatina esas repercusiones, con la reciente privatización del Centro de Especialidades de Pontones.
Exigimos de la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela y al Ayuntamiento de Madrid que se adopten las medidas oportunas para garantizar la gestión y titularidad públicas de los servicios sanitarios, tanto los prestados por el Ayuntamiento de Madrid, como los que son competencia de la Comunidad. Una Sanidad pública es de todos y todas; una sanidad privada es un negocio.
