Las trabas del Estado español al acceso a los archivos perpetúan la impunidad del franquismo

"No es posible acceder a los documentos que solicita". Esta frase sirve para ilustrar la negativa que a menudo cierra la puerta a quienes intentan bucear en ficheros oficiales. Un problema reincidente y que retrata el libro colectivo El acceso a los archivos en España. El país de la desmemoria sigue con el candado puesto a la información que cuenta y certifica los crímenes del franquismo. La obra colectiva suma la aportación de más de 20 expertos, como archiveros, historiadores, juristas e investigadores como Matilde Eiroa, Ángel Viñas o Francisco Espinosa Maestre. Está dirigido por Antonio González, Sergio Gálvez y Luis Castro.

Los especialistas –tras un trabajo de cinco años– desgranan cuestiones clave: desde cómo acceder a los ficheros (o intentarlo) a las leyes de Transparencia y de Secretos Oficiales. En España, las trabas para trastear en los estantes cargados de archivos consolidan la impunidad del franquismo, como relatan los expertos.

Radiografía de los archivos

Las trabas genéricas y habituales a las que se enfrentan los investigadores están relacionadas con la protección de datos o el tratamiento recurrente de la información como material "secreto", es decir, se aduce a que puedan afectar a la "seguridad del Estado". Otra dificultad es la escasez endémica de recursos, presupuestarios y de personal. Estos capítulos dan al archivero de turno, en muchas ocasiones, potestad para discriminar qué legajos abre o no, denuncian los expertos.

También es un problema la dispersión normativa –influencia de legislaciones regionales– y territorial de los archivos. Aunque el acceso a la información es un derecho que debe garantizar el Estado, la ubicación de los ficheros patrios toca centros repartidos por todo el país. La anunciada creación de una Comisión de la Verdad hubiera servido como elemento aglutinador pero, hasta ahora, no existe . Estos son los centros que albergan la información sobre el franquismo en España:

Las órdenes ejecutivas de Franco, en Alcalá

El Archivo General de la Administración está en Alcalá de Henares (Madrid). Recoge actuaciones del Poder Ejecutivo –sobre todo del franquismo y la Transición–, documentos del 'Movimiento Nacional', de la Administración Española en África, del Poder Judicial o de las relaciones exteriores. Es uno de los mayores archivos del mundo, con casi 170 kilómetros lineales de documentación.

Los usuarios pueden ir presencialmente a la sala de consultas, pueden preguntar por teléfono o por correspondencia o a través de la consulta virtual. El Departamento de Referencias realiza las tareas de atención al público, "valoración" de las peticiones y decide el "acceso" a la documentación. Con una salvedad: los ficheros marcados con "reservado" o "secreto".

El derecho de acceder a la información pública tiene límites: si afecta a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. También en la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva o en las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Y en los intereses económicos y comerciales, la política monetaria y económica, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma decisión o la protección del medio ambiente.

Los fondos de la diplomacia franquista, en Madrid

En el Palacio de Santa Cruz (Madrid), sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, está uno de los más ricos fondos diplomáticos del mundo. Parten "del papel de gran potencia global que ha tenido España durante buena parte de su historia". Hay legajos de la II república, guerra civil y segunda guerra mundial, y la documentación de política exterior y cooperación internacional española.

Pero no todo el material es accesible. Hay 14 materias clasificadas. Desde los "intereses esenciales" del país en "negociaciones políticas" –incluyendo Unión Europea, OTAN o Naciones Unidas– al posicionamiento en conflictos internacionales "o internos" y el despliegue de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También están cerrados los viajes de los reyes y el presidente del Gobierno, la actuación de grupos terroristas o delincuencia organizada y la mediación en casos de secuestros o cuestiones de asilo y refugio, entre otras. Todo lo que sean "actos, documentos, informaciones, datos y objetos" cuya "revelación no autorizada" pueda poner en riesgo la seguridad nacional "o de sus aliados".

La clasificación de la información de Exteriores está basada en la Ley de Secretos Oficiales desde 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , y que modificaba la de 1984, cuando el Ejecutivo de Felipe González había aprobado la consulta con fines de investigación de los documentos diplomáticos de más de 25 años con carácter general.

Entrar en esta documentación histórica es "problemático", según los expertos. La "combinación de obstáculos legales y limitaciones técnicas" dificulta la consulta.

La represión, en los archivos de gobiernos civiles

Los archivos de los gobiernos civiles, actuales Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, son una fuente rica para estudiar el franquismo. Ofrecen una imagen cercana y profusa del funcionamiento del régimen y de la actividad de control y represiva contra la oposición antifranquista. Hay documentos generados por el propio gobierno civil y remitidos desde otros organismos dependientes, como los cuerpos policiales.

Pero no es fácil dar con ellos. Están dispersos, la mayoría en los Archivos Históricos Provinciales y partes en el Archivo General de la Administración (AGA) y alguna Delegación del Gobierno. Y están, también, fragmentados. Destruidos por la voluntad oficial, al final de la dictadura, de eliminar las huellas de la represión o sometidos a pérdidas por las precarias condiciones de conservación y, además, al arbitrio del archivero de turno en la aplicación de la protección de los datos personales.

Los archivos militares

El Reglamento de Archivos Militares declara "expresamente como archivos nacionales" a los generales militares de Segovia, Madrid (Archivo Central del Servicio Histórico Militar), Guadalajara, Ávila, el Cartográfico, el General de la Marina, el del Museo Naval y el Histórico del Ejército del Aire. El Sistema Archivístico de la Defensa forma parte del Patrimonio Histórico Español. El marco dice que deben ser contemplados como "servicios públicos".

Pero la propia naturaleza de los archivos militares condiciona su accesibilidad. Son temas de "seguridad y defensa del Estado" y, por tanto, muchos continúan teniendo carácter reservado o confidencial. Documentos, sobre todo relativos a la época franquista que deberían ser desclasificados y abiertos, según los especialistas, siguen siendo inaccesibles.

Fuerzas del orden público

La documentación en este caso está muy dispersa: del Archivo General de la Administración al Histórico Nacional, el General e Histórico de Defensa, los generales militares de Madrid y Ávila o los intermedios de Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Coruña, Ceuta, Melilla y Barcelona.

Apenas hay problemas de acceso a los ficheros policiales del siglo pasado, al menos hasta la inmediata posguerra. Otro cantar es tirar del hilo a partir de ahí. El investigador debe pasar el filtro del Ministerio del Interior, con la Ley de Secretos y la protección de datos como base restrictiva.

Archivos penitenciarios

Una losa: el abandono y, en no pocos casos, la desaparición de los documentos. El libro rescata varios hitos en la investigación de estos fondos. "Todo está aquí, pero lleno de mierda", le dijeron en los años 80 en la Prisión Modelo de Barcelona al historiador Josep María Solé.

Como ejemplo positivo, el estudio de las mujeres encarceladas. El primer trabajo sobre una cárcel de posguerra a partir de un archivo penitenciario llegó con los fondos de la antigua prisión provincial de Málaga. Fue elaborado en 1994 por Encarnación Barranquero, Matilde Eiroa y Paloma Navarro.

Tribunal de Orden Público (TOP)

Juan José del Águila, represaliado por el franquismo y autor de El TOP. La represión de la Libertad, 1963 a 1977, tuvo que bucear en diversos archivos para poder hacer su libro. Presidencia de Gobierno, General de la Administración del Estado, Histórico Nacional, del Congreso de los Diputados y Judiciales... Solo así pudo contar la institucionalización de la represión política desde el TOP.

Centro Documental de la Memoria Histórica

Está en Salamanca. Guarda el Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE): legajos de la contienda bélica, la dictadura, la resistencia guerrillera, el exilio, los españoles en campos de concentración y la transición a la democracia. La consulta de los fondos es libre salvo los que contienen datos de carácter policial, procesal o aquellos que afecten al honor de las personas, a su intimidad o a su propia imagen.

Fundación Nacional Francisco Franco

En el Centro de Salamanca hay copias en microfilm del archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) realizadas gracias a la subvención pública que recibió del gobierno de Aznar. Es el paradigma de los documentos oficiales en manos privadas: más de 27.000 documentos de la Secretaría del Jefe del Estado, con temas como la Seguridad Nacional del Estado, la represión o las relaciones internacionales.

Los documentos de la organización franquista proceden del despacho y dependencias personales del dictador que fueron cedidas a la Fundación por personas cercanas. Es material fue digitalizado con la ayuda pública y se envió una copia al Estado.

Documentos contra la impunidad del franquismo

Resultan habituales "las quejas de los investigadores" por las dificultades para entrar en estos fondos documentales, apuntan los coordinadores del libro El acceso a los archivos en España , editado por la Fundación Francisco Largo Caballero y la Fundación 1º de Mayo, de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Las páginas del trabajo colectivo construyen un acercamiento poliédrico a una "problemática" que sangra de forma singular cuando toca las violaciones de Derechos Humanos cometidas en la historia reciente del país .

"El descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de víctimas de la guerra civil y del franquismo y a sus asociaciones cuando se trata de recabar información acerca de la represión habida durante esos períodos", explican. Un asunto enquistado que tampoco corrigió la Ley de Memoria Histórica .

"Tenemos un déficit democrático muy serio en el acceso a documentos y a la información pública", señala a eldiario.es Sergio Gálvez, doctor en Historia Contemporánea, miembro del Cuerpo de Archiveros del Estado y director del proyecto divulgativo. Y todo obedece a "un sistema muy bien pensado para que ni historiadores ni víctimas puedan acceder y que los archiveros tengan verdaderas dificultades para desarrollar su trabajo".

La dificultad de investigar en España

En España abundan las dificultades. ¿Y qué hacer cuando las puertas de los archivos están cerradas a cal y canto? Francisco Espinosa Maestre relata su lucha con el Tribunal de Cuentas, que negaba la consulta de fondos relativos a Batallones y Campos de Concentración españoles durante el enfrentamiento armado y la posguerra. El historiador recurrió a denuncias públicas y demandas judiciales para acceder a la documentación.

Otro ejemplo. Matilde Eiroa escribe sobre un proyecto colectivo titulado Judicatura, investigación y penitencia (El orden político y los instrumentos de represión, 1939-1982) que subvencionaba el Ministerio de la Presidencia. Pero, pese a este "aval" público, "no fue posible el acceso a expedientes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Político-Social , de modo que la investigación quedó frustrada".

El acceso a los archivos en España también deja una mirada particular a las recomendaciones internacionales sobre la situación española: desde Amnistía Internacional al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas , que reclama "tomarse más en serio la atención a las citadas víctimas " [del franquismo] y aplicar una auténtica "política de memoria".

El Diario