Madrid cuestiona informes de tortura del CPT, el CAT y AI

El TAT-Torturaren Aurkako Taldea- quiere salir al paso de las alegaciones del Ministerio de Presidencia que se han podido conocer por la prensa, contra los numerosos informes internacionales que señalan directa o indirectamente la existencia de torturas en el Estado español. Concretamente refiriendose a los estudios hechos públicos por el Comité Europeo para la Preven-ción de la Tortura (CPT), el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional.
En pocos meses hemos conocido exactamente la misma maniobra por parte de representantes del Gobierno Autónomo Vasco y del Gobierno español:
. Primero, se desacredita la propia capacidad de los organismos e instituciones internacionales para realizar estas recomendaciones, en este caso concreto, porque no «han formulado ninguna conclusión que constate la existencia de torturas en un caso concreto». Pero es que no es esta su labor, no tienen capacidad jurisdiccional, sino de análisis del marco en el que se producen estas presuntas torturas (en este caso la detención bajo incomunicación) y posteriormente elaborar recomendaciones para superar los puntos negros. Es simplemente un apoyo moral, una inyección de credibilidad a la sospecha general de que en el Estado español se tortura a ciudadanas y ciudadanos vascos.
. Segundo, se criminalizan las fuentes, y nuevamente se recurre desde el Ministerio de Presidencia al manido argumento de que «hay una estrategia de ETA y de las personas de su entorno consistente en la denuncia sistemática de torturas en el momento de su detención», y justificando así querellas como la presentada contra los miembros de "Egunkaria" -que por cierto hoy mismo hemos conocido que se han aceptado a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Plaza Castilla.
. Tercero, ante la presión de estos organismos, tanto el Gobierno Vascongado como el central se ven en el compromiso de realizar "concesiones", sin realmente variar su actitud con respecto al quid de la cuestión: la aplicación de la incomunicación.
El Gobierno Autonómico pretendió liberar presión sobre su responsabilidad en la aplicación de la tortura por parte de la Ertzaintza prometiendo la aplicación de un presunto protocolo que todavía nadie conoce y que no ha mejorado en absoluto la situación. En este segundo caso, en referencia al nuevo presunto compromiso del Ejecutivo Aznar, se asegura que se está estudiando de forma «pormenorizada» recomendaciones como las emitidas por el CAT de la ONU en su cuarto informe, concretamente la opción de grabar los interrogatorios policiales que se producen bajo el régimen de detención incomunicada. Ya anteriormente esta "concesión" fue realizada también por el representante del Gobierno español en la intervención en la última sesión del CAT -Ginebra, Noviembre de 2002- ante las preguntas de los expertos relatores por la opacidad de la detención bajo incomunicación. El delegado español ya aseguró en esta ocasión que la implementación de esta medida -grabación de los interrogatorios- se estaba retrasando "porque la querían aplicar realmente bien". Medio año después todavía no han encontrado la forma de "aplicarla realmente bien".
Tal vez cuando el Estado español y sus estructuras de gobierno (autonómico y central) no tienen otra posibilidad de justificar su actuación en torno al mantenimiento de la detención incomunicada se encuentran en la necesidad de demostrar cierta buena voluntad y hacer concesiones... o fuegos de artificio. El recorrido para demostrar una innegable buena voluntad es sin embargo dilatado, teniendo en cuenta la batería de recomendaciones que han sido hechas por estos organismos internacionales.
TAT