Medio año después, el fracaso de capitalismo para gestionar la pandemia del COVID-19 es evidente.

Tras más de 50.000 fallecidos/as, la única solución que se nos impone para un problema sanitario sigue siendo el estado de alarma y el toque de queda. Mantener activo el ciclo de reproducción del capital es la única prioridad del poder burgués. Durante el anterior estado de alarma, las 23 mayores fortunas de España incrementaron su riqueza en 14.000 millones €.

El gobierno de coalición socialdemócrata PSOE/UP sacrifica el sector de la hostelería, dominado mayoritariamente aún por la pequeña burguesía, para tratar de convivir con el virus sin que se disparen las cifras de fallecidos y la vida de los trabajadores y trabajadoras al gran capital, manteniendo intacta el resto de la actividad económica.

Aunque las evidencias de los datos demuestran que nos infectamos cuando nos socializamos en espacios cerrados y concurridos, se mantiene el hacinamiento en el transporte público y en una mayoría de centros de trabajo. Quienes realmente detentan el poder, han dado la orden de no
parar bajo ninguna circunstancia.

Solo nuestro trabajo produce su riqueza y para ellos ninguna vida está por encima de la necesidad de mantener activo el ciclo de reproducción del capital. Necesitamos personal sanitario en los centros de salud y hospitales y no policías y militares en las calles. Medio año después la sanidad pública sigue sin recursos suficientes, con falta de personal y privatizados muchos de sus servicios. La Ley 15/97 fue la responsable de “legalizar” el modelo capitalista de intervención en el sector público sanitario, a instancias de una “comisión técnica” presidida por Abril Martorell ; también este gobierno que la mantiene y aplica es culpable.

La España monárquica y burguesa es un muestra de la imposibilidad de construir una sociedad justa con instrumentos capitalistas. Quebrada por una profunda crisis económica e institucional, su modelo social se fundamenta en el individualismo y la competitividad y no es capaz de organizar una respuesta social que, fundamentada en el poder de un pueblo organizado, aborde los problemas y necesidades sanitarias y sociales con criterios preventivos e integrales, desde valores colectivos de solidaridad. Esa es la verdadera causa de las muchísimas actitudes socialmente irresponsables que se producen a diario; es un grave error criminalizar de ello a la juventud o la población inmigrante.

Los estados que sí han movilizado a su pueblo, gestionando socialmente la pandemia, han tenido resultados infinitamente mejores. Solo el pueblo organizado, salva al pueblo. El PCPE transmite la necesidad para que se active con carácter urgente un Plan de Emergencia Social, que cuente con la vigilancia y compromiso de plataformas o de espacios donde el pueblo trabajador y las capas populares tengan el protagonismo que les corresponde en un momento crucial para su vida.

La prioridad debe ser salvar a las personas y no al gran capital. La realidad demuestra que la lluvia de millones que se han repartido desde el mes de marzo, en su gran mayoría, han ido a garantizar las rentas del capital.

EXIGIMOS

1) Paralización de toda la actividad económica no imprescindible hasta llegar a ratios de contagiados menores a 25 personas por cada 100.000.

2) Una próxima desescalada fundamentada únicamente en criterios sanitarios y sociales, y no económicos y políticos. Las prisas del mes de junio y julio son cifras de muertos ahora.

3) Medidas efectivas en el transporte público que garanticen la limpieza, la limitación de aforos y el incremento de las frecuencias. 

4) Sustitución de los ERTE por sistemas que garanticen una suspensión temporal de empleo con el 100% del salario y garantía de continuidad en el puesto de trabajo.Prestación indefinida de desempleo a todas las personas sin trabajo.

5) Nacionalización y/o entrega a los trabajadores de las empresas que pretendan cerrar su actividad aprovechándose de esta coyuntura.

6) Pago de prestaciones a las autónomas y autónomos que se ven objetivamente afectados por la dinámica social que la pandemia causa.

7) Vigilancia estricta por la inspección de trabajo de los fraudes en la gestión de los ERTE por parte de la patronal.

8) Paralización de los cortes de suministros básicos (luz, agua, telefonía…) a las personas en paro o en situación de precariedad laboral.

9) Periodo de carencia en el pago de las hipotecas y alquileres de viviendas y locales, vinculado a la duración del cese de la actividad económica.

El PCPE es consciente que, en lo esencial, ninguna de estas medidas las desarrollará el gobierno socialdemócrata PSOE/UP en este nuevo periodo. Las escasas y poco efectivas medidas que se activaron en marzo fueron a cambio de regar a la patronal y a la banca con decenas de  miles de millones de € que acabará pagando el pueblo trabajador. Ahora, con menos millones disponibles, evidenciará más rápido su carácter de clase y la obediencia debida a la gran patronal.

No esperemos nada de la socialdemocracia y del sindicalismo del pacto social; confiemos nuestra salvación sólo al pueblo trabajador organizado y movilizado. Paralelamente a esta situación sanitaria, este gobierno de la socialdemocracia “trabaja” con un amplio consenso parlamentario para otra contrarreforma de las pensiones que supondrá, de hecho, una reducción de la mismas y aumento de los años de cotización. ¡Así les cuadran sus presupuestos: los ancianos se mueren y, los que sobreviven, pasarán más penurias! Con toda la responsabilidad social y sanitaria, es imprescindible mantener la presión social y la lucha obrera y popular.

Solo el pueblo organizado salva al pueblo
¡Tu lucha decide!